Criminalización de defensores de la tierra es recurrente en México;”gobierno y empresas persiguen a luchadores”
Por: Edgar Rosas /
. Revolución TRESPUNTOCERO).- En México y la región de
América Latina se vive un contexto en donde empresas y gobierno se unen
para perseguir y criminalizar a los defensores de la tierra y los
recursos naturales. Estas acciones se dan principalmente ante la
resistencia que luchadores sociales, a título individual o colectivo,
realizan frente al desarrollo de los llamados megaproyectos, que
representan afectaciones para comunidades y pueblos.
Lo anterior es parte de lo denunciado en el informe titulado: La
criminalización de defensores de derechos humanos en contextos de
proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina. El trabajo fue realizado por el Observatorio para la Protección de Los Defensores de Derechos Humanos, integrado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).
En
el informe, se recopilan ocho casos emblemáticos que muestran la
tendencia de criminalizar defensores por parte diversos gobiernos
latinoamericanos, incluyendo el de México. Además los autores expresan
su preocupación por el “uso indebido del derecho penal”, mediante el
cual se encarcela a aquellos que representan un obstáculo para los
intereses corporativos.
En
este sentido, califican como lamentable que en los países de la región
latinoamericana, este fenómeno va en aumento. Recordaron que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resulta
alarmante este contexto de persecución, en donde “se somete a
investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento con el
objeto de amedrentar la labor de defensoras y defensores y generar una
paralización de su trabajo en tanto su tiempo, recursos y energías deben
dedicarse a su propia defensa”.
Olga Guzmán, directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH),
destacó la importancia del informe. Detalló que en el texto, se
evidencian dos patrones sistemáticos de conducta en torno a la
criminalización: el primero refiere a las empresas como actores
principales de la persecución contra activistas; además de la
complicidad del Poder Judicial que encarcela a los defensores, en muchos
casos, con pruebas fabricadas.
“Los
defensores que luchan por su tierra y territorio son criminalizados, es
decir, hay un uso indebido del derecho penal para obstaculizar la labor
que hacen cuando el Estado no es capaz de cumplir con su obligación de
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos ante
megaproyectos”, dijo.
Apuntó
que en México los megaproyectos que más afectan a la población tienen
que ver con las industrias extractivas. Además que en el contexto de la
llamada reforma energética las afectaciones aumentan.
“Las
empresas tienen un rol muy importante en esta criminalización; el
informe destaca que en la mayor parte de los casos son las empresas
mismas quienes comienzan estos procesos legales en contra de defensores y
defensoras, solicitan que se apliquen algunas medidas, como la figura
del arraigo para detener de inmediato la labor de los defensores”,
detalló.
Sobre
la colusión del Poder Judicial para criminalizar a los defensores,
Guzmán enfatizó que el informe evidencia la falta de autonomía por parte
de los juzgadores para emitir resoluciones informe a derecho y no por
un acto represivo.
“El
informe denuncia la imparcialidad, la falta de dependencia de los
poderes judiciales que impacta directamente en este fenómeno de
criminalización”, mencionó.
Aunado
a lo anterior, dijo que este contexto de criminalización, en el caso de
México, se debe observar sin perder de vista el panorama de impunidad
que prevalece ante las agresiones que sufren los defensores de derechos
humanos.
“Secuestro, homicidio y robo, entre los delitos usados para criminalizar”
De
acuerdo con José Antonio Lara Duque, los delitos más utilizados por
gobierno y empresas para criminalizar y encarcelar a defensores de
derechos humanos en México, son el robo con violencia, el homicidio y el
secuestro.
Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros,
expuso que estos son los crímenes más recurridos debido a que por ley,
tan sólo por el hecho de acusar a alguna persona por alguno de estos
delitos se ordena prisión preventiva, con lo cual se encarcela y se
limita de manera inmediata la labor del defensor.
“El
Estado está utilizando esencialmente tres delitos: el robo con
violencia, el homicidio y el secuestro para formular acusaciones
fabricadas en contra de los defensores. ¿Por qué estos delitos? Simple y
sencillamente porque la Constitución habla que hay delitos de prisión
preventiva oficiosa, es decir, hay un paquete de delitos que
constitucionalmente basta su señalamiento para que la persona señalada
por ese delito tenga que mantenerse en prisión.
“Luego
entonces lo que más les conviene a las autoridades es señalar por esos
delitos para poder mantener en prisión a los defensores”, dijo.
Criticó
la complicidad del Poder judicial en esta clase de casos. Dijo que las
instancias jurisdiccionales carecen de autonomía, por lo que se ven
coludidas con empresas y gobierno al momento de encerrar a un luchador
social.
“El
Poder judicial es omiso, por no decir que carece de toda autonomía,
para poder deliberar de forma independiente sobre la aplicación de la
justicia y eso es bastante preocupante cuando hay acusaciones contra
defensores”, apuntó.
Lara
Duque enfatizó que ante la ola de ataques en contra de comunidades, la
única salida es la organización. Señaló que ha quedado demostrado que la
organización de las comunidades ha detenido el despojo, emprendido por
la iniciativa privada y solapado por las autoridades.
“Si
se ha logrado mantener la defensa de territorio y recursos, ha sido por
la capacidad organizativa de los pueblos y las comunidades, sobre todo
las comunidades indígenas. Eso es un hueso duro de roer para las
empresas (…) Las empresas no pasarán si los pueblos mantienen sus
principios de organización”, dijo.
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