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Tabasco es un paraíso de desapariciones forzadas, “no sabemos quién se los lleva, si la policía, los militares o el narco”
Emma Martínez
Tabasco es un paraíso de desapariciones forzadas, “no sabemos quién se los lleva, si la policía, los militares o el narco”
(02
de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- “Vete con cuidado, no vayas
a dejar que te roben”, le dijo Patricia a su hijo Adán de 15 años que
iba a la escuela en el turno vespertino. El adolescente siempre volvía
20 minutos después de la salida de clases, lo hizo así durante varios
años, solo o en compañía de otros compañeros.
Aquél 28 de septiembre de 2006 no volvió, luego de dos horas de retraso su madre comenzó a preocuparse y decidió salir a buscarlo, en la escuela ya no quedaba nadie y en el camino no supieron darle algún informe, sin embargo, fue a casa de sus compañeros, quienes aseguraron que sí fue a la escuela, pero que a mitad de la jornada escolar se había sentido mal y abandonado las instalaciones educativas.
Cuando denunció los hechos, las autoridades locales de una comunidad perteneciente a Teapa, Tabasco, no le hicieron caso alguno y le argumentaron que era posible que se hubiera ido a Estados Unidos o fue reclutado por el narcotráfico, y si esto último hubiera sucedido, difícilmente se encontraría, lo mejor era “rezar por él”.
A 11 años de su desaparición Patricia sigue buscando a su hijo, recorriendo el camino donde lo vieron pasar, sin que hasta ahora haya encontrado mayor pista que las obtenidas aquél día. “Volví hacer un intento hace unos años de denuncia, me dijeron que si no se hizo nada en el momento que pasaron los hechos, mucho menos después, que esto ya era un hecho olvidado, nada se podía hacer, porque mi hijo o estaba muerto o en otra ciudad en manos del narco.
En Tabasco, niños, jóvenes, mujeres y adolescentes se están perdiendo, de día y de noche nadie ve a dónde se los llevan, al menos en el norte ven que los levanta el narco, pero aquí no sabemos si la policía, los militares o el narco son quienes se están llevando a nuestra gente, a unos los cuentan y a otros no, son como animales que les ponen número, pero a ninguno buscan”, afirmó la madre, en un testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
“El gobernador Arturo Núñez Jiménez quien informó que del 2006 al 2016 se han reportado en Tabasco 639 casos de desaparición de personas. De las cuales ha mencionado que han localizado casi 600, este es un punto importante a resaltar porque existen familias que han perdido incluso a dos personas y no han podido denunciar o no ha existido una búsqueda real, no han sido tomadas en cuenta o en otros muchos casos ni siquiera se han acercado a las autoridades porque han sido amenazadas o temen que los policías den aviso que han pedido ayuda”, aseveró a Revolución TRESPUNTOCERO la activista y derechohumanista, Damaris Villanueva, encargada de darle acompañamiento a grupos de familias con víctimas de desaparición forzada.
A su vez, aseguró que por años la desatención no solamente se ha reflejado en la nula búsqueda a las víctimas, sino también en la falta de protección por medio de leyes que brinden seguridad, no existen protocolos que garanticen el quehacer de las autoridades, tampoco comisiones que se encarguen de vigilar, que lo hagan y no haya negativas, además de brindar atención psicológica a las familias; “los tabasqueños viven en el desamparo porque mientras, según el gobernador, las víctimas aparecen mucho más, han sido levantadas para después ser desaparecidas, y a las familias no les queda otra que buscar solas o callar por temor, existe una crisis de desapariciones provocadas por la inseguridad y solapada por la nula eficacia de las autoridades”.
Por su parte a la problemática de inseguridad reflejada en las desapariciones forzadas, la investigadora Jamileh Alaniz, colaboradora de Human Rights Watch, declaró que “en Tabasco además de las desapariciones de personas, las detenciones ilegales y la tortura, son prácticas comunes, las cuales muchas veces van acompañadas unas de otras, y cuando la víctima corre con un poco de suerte, o compasión de sus agresores, no la desaparecen, pero con frecuencia y puntualmente desde 2009 este tipo de hechos por parte de los ministerios públicos ha sucedido con frecuencia”.
Al ser cuestionada sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en aquella entidad, explica que “Tabasco es una de los territorios mexicanos más afectados, pero también al que menos se le toma en cuenta, muchas veces pasa desapercibido, si bien es cierto ha habido resultados en varios casos, la cifra negra existe y las violaciones a derechos humanos por parte de la policía ministerial y municipal son constantes, llevando a las víctimas hasta la muerte.
Pero de ello no se habla y mucho menos se impone un castigo a los culpables, porque gozan de total impunidad. Sin duda alguna la recurrencia de estas violaciones a derechos humanos, demuestra que no se trata de hechos aislados sino de prácticas que forman parte del método en que se imparte justicia en México, ya que también fungen como protectores de los civiles que desaparecen, torturan y asesinan, antes que de las víctimas”.
Como casos emblemáticos la organización dio a conocer los de Nallely Thamara Lara Sosa, de 22 años, quien vivía en Villahermosa. Ella fue detenida arbitrariamente en junio de 2010 y llevada a un centro de detención ilegal donde fue torturada y agredida sexualmente por miembros de las fuerzas de seguridad. Durante el interrogatorio la desnudaron e hicieron tocamientos en todo su cuerpo, esto para obligarla a confesar delitos prefabricados.
El otro caso es el del policía municipal Eliud Naranjo Gómez, quien se encontraba en su casa en Huimanguillo cuando entre 15 y 20 policías y soldados entraron y lo golpearon frente a su esposa, su hijo y su suegro, luego le vendaron los ojos y se lo llevaron en un vehículo a un lugar desconocido donde lo torturaron hasta hacerlo “confesar” que trabajaba para la delincuencia organizada, siendo encarcelado por este delito.
A estos casos, se suma el del conductor de taxi Margarito Landero Acuña, arrestado por la Policía Ministerial de Cárdenas en un retén y liberado dos días después sin que se presentaran cargos en su contra. Al momento de ser liberado apenas podía caminar, “le contó a su familia que los policías lo interrogaron aplastándole los pies con sus botas, lo asfixiaron con bolsas de plástico y saltaron continuamente sobre su espalda. Su estado de salud empeoró hasta que tres días después murió por un grave sangrado interno”, se explica en documentos que conforman un informe del organismo, en poder de este medio.
“Estos casos graves no han sido tomados en cuenta, a quienes encuentran las autoridades son personas que se extraviaron por otra razón ajena a la delincuencia o los elementos de seguridad; las torturas, los abusos, los levantamientos y desapariciones a manos de estos dos grupos, de esos no se habla, de esos no se conoce, como todo el país, Tabasco es un paraíso de estos delitos y violaciones a derechos humanos, que se ha mantenido escondido.
Estos hechos son escondidos, porque las autoridades del estado no saben cuántos homicidios, tortura, desapariciones forzadas y levantamientos existen vinculados con la delincuencia organizada o denuncias en su contra por los mismos delitos”, aseveró Alaniz.
Aquél 28 de septiembre de 2006 no volvió, luego de dos horas de retraso su madre comenzó a preocuparse y decidió salir a buscarlo, en la escuela ya no quedaba nadie y en el camino no supieron darle algún informe, sin embargo, fue a casa de sus compañeros, quienes aseguraron que sí fue a la escuela, pero que a mitad de la jornada escolar se había sentido mal y abandonado las instalaciones educativas.
Cuando denunció los hechos, las autoridades locales de una comunidad perteneciente a Teapa, Tabasco, no le hicieron caso alguno y le argumentaron que era posible que se hubiera ido a Estados Unidos o fue reclutado por el narcotráfico, y si esto último hubiera sucedido, difícilmente se encontraría, lo mejor era “rezar por él”.
A 11 años de su desaparición Patricia sigue buscando a su hijo, recorriendo el camino donde lo vieron pasar, sin que hasta ahora haya encontrado mayor pista que las obtenidas aquél día. “Volví hacer un intento hace unos años de denuncia, me dijeron que si no se hizo nada en el momento que pasaron los hechos, mucho menos después, que esto ya era un hecho olvidado, nada se podía hacer, porque mi hijo o estaba muerto o en otra ciudad en manos del narco.
En Tabasco, niños, jóvenes, mujeres y adolescentes se están perdiendo, de día y de noche nadie ve a dónde se los llevan, al menos en el norte ven que los levanta el narco, pero aquí no sabemos si la policía, los militares o el narco son quienes se están llevando a nuestra gente, a unos los cuentan y a otros no, son como animales que les ponen número, pero a ninguno buscan”, afirmó la madre, en un testimonio obtenido por Revolución TRESPUNTOCERO.
“El gobernador Arturo Núñez Jiménez quien informó que del 2006 al 2016 se han reportado en Tabasco 639 casos de desaparición de personas. De las cuales ha mencionado que han localizado casi 600, este es un punto importante a resaltar porque existen familias que han perdido incluso a dos personas y no han podido denunciar o no ha existido una búsqueda real, no han sido tomadas en cuenta o en otros muchos casos ni siquiera se han acercado a las autoridades porque han sido amenazadas o temen que los policías den aviso que han pedido ayuda”, aseveró a Revolución TRESPUNTOCERO la activista y derechohumanista, Damaris Villanueva, encargada de darle acompañamiento a grupos de familias con víctimas de desaparición forzada.
A su vez, aseguró que por años la desatención no solamente se ha reflejado en la nula búsqueda a las víctimas, sino también en la falta de protección por medio de leyes que brinden seguridad, no existen protocolos que garanticen el quehacer de las autoridades, tampoco comisiones que se encarguen de vigilar, que lo hagan y no haya negativas, además de brindar atención psicológica a las familias; “los tabasqueños viven en el desamparo porque mientras, según el gobernador, las víctimas aparecen mucho más, han sido levantadas para después ser desaparecidas, y a las familias no les queda otra que buscar solas o callar por temor, existe una crisis de desapariciones provocadas por la inseguridad y solapada por la nula eficacia de las autoridades”.
Por su parte a la problemática de inseguridad reflejada en las desapariciones forzadas, la investigadora Jamileh Alaniz, colaboradora de Human Rights Watch, declaró que “en Tabasco además de las desapariciones de personas, las detenciones ilegales y la tortura, son prácticas comunes, las cuales muchas veces van acompañadas unas de otras, y cuando la víctima corre con un poco de suerte, o compasión de sus agresores, no la desaparecen, pero con frecuencia y puntualmente desde 2009 este tipo de hechos por parte de los ministerios públicos ha sucedido con frecuencia”.
Al ser cuestionada sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en aquella entidad, explica que “Tabasco es una de los territorios mexicanos más afectados, pero también al que menos se le toma en cuenta, muchas veces pasa desapercibido, si bien es cierto ha habido resultados en varios casos, la cifra negra existe y las violaciones a derechos humanos por parte de la policía ministerial y municipal son constantes, llevando a las víctimas hasta la muerte.
Pero de ello no se habla y mucho menos se impone un castigo a los culpables, porque gozan de total impunidad. Sin duda alguna la recurrencia de estas violaciones a derechos humanos, demuestra que no se trata de hechos aislados sino de prácticas que forman parte del método en que se imparte justicia en México, ya que también fungen como protectores de los civiles que desaparecen, torturan y asesinan, antes que de las víctimas”.
Como casos emblemáticos la organización dio a conocer los de Nallely Thamara Lara Sosa, de 22 años, quien vivía en Villahermosa. Ella fue detenida arbitrariamente en junio de 2010 y llevada a un centro de detención ilegal donde fue torturada y agredida sexualmente por miembros de las fuerzas de seguridad. Durante el interrogatorio la desnudaron e hicieron tocamientos en todo su cuerpo, esto para obligarla a confesar delitos prefabricados.
El otro caso es el del policía municipal Eliud Naranjo Gómez, quien se encontraba en su casa en Huimanguillo cuando entre 15 y 20 policías y soldados entraron y lo golpearon frente a su esposa, su hijo y su suegro, luego le vendaron los ojos y se lo llevaron en un vehículo a un lugar desconocido donde lo torturaron hasta hacerlo “confesar” que trabajaba para la delincuencia organizada, siendo encarcelado por este delito.
A estos casos, se suma el del conductor de taxi Margarito Landero Acuña, arrestado por la Policía Ministerial de Cárdenas en un retén y liberado dos días después sin que se presentaran cargos en su contra. Al momento de ser liberado apenas podía caminar, “le contó a su familia que los policías lo interrogaron aplastándole los pies con sus botas, lo asfixiaron con bolsas de plástico y saltaron continuamente sobre su espalda. Su estado de salud empeoró hasta que tres días después murió por un grave sangrado interno”, se explica en documentos que conforman un informe del organismo, en poder de este medio.
“Estos casos graves no han sido tomados en cuenta, a quienes encuentran las autoridades son personas que se extraviaron por otra razón ajena a la delincuencia o los elementos de seguridad; las torturas, los abusos, los levantamientos y desapariciones a manos de estos dos grupos, de esos no se habla, de esos no se conoce, como todo el país, Tabasco es un paraíso de estos delitos y violaciones a derechos humanos, que se ha mantenido escondido.
Estos hechos son escondidos, porque las autoridades del estado no saben cuántos homicidios, tortura, desapariciones forzadas y levantamientos existen vinculados con la delincuencia organizada o denuncias en su contra por los mismos delitos”, aseveró Alaniz.
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