Se sube CNDH al ring del conflicto magisterial

Se sube CNDH al ring del conflicto magisterial

 

Por Carlos Ángel Arrieta Llanas

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha subido a la ruleta rusa del conflicto magisterial en México, a sabiendas de que sus exhortos y recomendaciones, son como llamadas a misa, al igual que lo han sido los intentos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que no logran contener ni con su diálogo, la escalada de hechos vandálicos y perjudiciales de la CNTE hacia la población.

Como una acción desesperada por resarcir los efectos de la Reforma Educativa -quizás a través de un acuerdo en el que se negocie la paz-, los bloqueos carreteros y de vías de comunicación, la retención de vehículos, el saqueo y el apoderamiento de espacios públicos, se han convertido en la constante de las manifestaciones magisteriales radicalizadas en las últimas semanas.

Además de negar otro derecho fundamental del ser humano, que es la educación, los protagonistas de estas movilizaciones han hecho estragos en otros sectores, como el productivo y el acceso de los pobladores a los servicios básicos.

Entre las entidades con mayor presencia y accionar por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o el llamado “magisterio democrático”, es especial el caso de Oaxaca, donde se han llegado a registrar 20 bloqueos carreteros en las 8 regiones de dicho estado en una sola jornada

Algunas de las acciones han dejado secuelas desastrosas, como ocurrió en Nochixtlán el pasado 17 de junio donde el bloqueo impidió que pasara una ambulancia en la que era trasladada una persona y que al no recibir atención hospitalaria perdió la vida, al igual que ocho personas más, de las cuáles, ninguno formaba parte de la disidencia.

Las afectaciones son incalculables. El comercio, el turismo, el acceso a los bienes y servicios básicos también pagan los platos rotos que deja la inconformidad magisterial.

Tan solo en Oaxaca y Chiapas, las cámaras empresariales reportan pérdidas que se acercan a los dos mil 700 millones de pesos; a eso se suman los 4 mdp que impactaron como pérdida al gremio artesanal.

Situación similar se registra en Guerrero, donde maestros de la CETEG bloquean continuamente tramos de la carretera costera que debilitan así la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros a sus playas, destinos que por décadas fueron paraísos turísticos conocidos mundialmente, como el caso de Acapulco.

En Michoacán, jóvenes normalistas mantienen retenidas decenas de autobuses de pasajeros, camiones repartidores de productos alimenticios y vehículos oficiales.

Apenas la semana pasada, los estudiantes de las Escuelas Normales bloquearon un tramo carretero de la Meseta Purépecha e incendiaron una patrulla del municipio de Cherán; dos días después, en Paracho se intentaría romper un récord mundial con el mayor ensamble de guitarras que no se logró por la poca afluencia; autoridades locales aseguraron que los actos vandálicos de los normalistas mermaron la llegada de participantes al evento.

En ese sentido es el llamado que este martes hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a los maestros y organizaciones sociales que participan en las movilizaciones contra la Reforma Educativa.

En el histórico texto que publicó a través de su página oficial fechado el 28 de junio de 2016, la CNDH “hace un llamado a que se permita el libre tránsito de personas, vehículos y mercancías en el estado de Oaxaca, en beneficio de la calidad y condiciones de vida de la sociedad oaxaqueña”.

Lo anterior, según la CNDH es con la finalidad de “prevenir que la falta de abastecimiento de alimentos y otros bienes perjudiquen la calidad y condiciones de vida de los oaxaqueños”, que ya de por sí el 66.8 de cada 100 habitantes de esa entidad se encuentran en condiciones de pobreza y desigualdad, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Si bien es cierto, que es responsabilidad de todos los mexicanos, no nada más de los maestros disidentes, respetar los derechos constitucionales, también es obligación de las autoridades velar para que éstos no se vean violentados por ningún grupo de personas con o sin intereses comunes; con o sin intereses particulares, como en este caso ha evidenciado la CNTE.

Ante esta situación y el deterioro del sistema educativo y social, las autoridades se han quedado cortas y necesitan una acción más contundente, pues “del tamaño del sapo, es la pedrada”.