La ola de escándalos de corrupción que vienen sacudiendo a la opinión pública española terminó por arrastrar hoy a uno de los principales responsables de investigarlos: el fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, renunció a su puesto después de verse vinculado a una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá.
                   La renuncia de Moix tras solo 87 días en el cargo marcados por diversas polémicas políticas y jurídicas representa un nuevo revés para el Gobierno de Mariano Rajoy y su Partido Popular (PP), envuelto en varios casos de corrupción, y asesta otro golpe a la ya delicada imagen de las instituciones en España.
                   La renuncia de Moix "por motivos personales" fue comunicada en una rueda de prensa por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tras una extensa reunión entre ambos.  "He estado reunido durante bastante tiempo con Moix, y hemos hablado de su situación", explicó Maza, que defendió la figura del fiscal, negó que incurriera en cualquier tipo de incompatibilidad y reveló que intentó convencerlo de seguir en el cargo, sin éxito.
                    La continuidad de Moix, sin embargo, pendía de un hilo desde que diversos diarios revelaron esta semana que posee el 25 por ciento de una sociedad "offshore" abierta por su padre en Panamá y que es propietaria de una casa en Madrid.
                   Incluso la Asociación de Fiscales, que había apoyado el nombramiento de Moix, pidió este miércoles su dimisión al considerar que dañaba la imagen de la institución. También reclamó su alejamiento la oposición, que hoy no se dio por satisfecha y arremetió contra Rajoy.
                   "Es una muestra más de que este Gobierno ni defiende la ejemplaridad y el prestigio de las instituciones públicas ni está poniendo encima de la mesa las medidas para luchar contra la corrupción", criticó Pedro Sánchez, secretario general de los socialistas del PSOE, para el que la democracia española vive una "etapa negra".
                   También más alto apuntó Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos: "Entregan la cabeza de Moix, pero es sólo una pieza en el engranaje de la trama", sugirió en su cuenta de Twitter. Los liberales de Ciudadanos comentaron que la renuncia del fiscal llega "tarde y mal".
                   La Fiscalía Anticorrupción es un órgano especial dependiente de la Fiscalía General del Estado y está encargada de investigar delitos vinculados a la corrupción cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
                   Los cuestionamientos a Moix tuvieron así una alta carga simbólica en un momento en el que la opinión pública española lleva meses sacudida por un goteo incesante de juicios y revelaciones sobre corrupción en políticos de alto rango, empresarios, banqueros, deportistas, periodistas y hasta miembros de la familia real.
                   La vinculación del ya ex fiscal anticorrupción con la sociedad en Panamá fue la última de varias polémicas protagonizadas por el ya ex fiscal anticorrupción desde su nombramiento en febrero. La principal se produjo cuando sus compañeros fiscales lo acusaron en abril de poner trabas a la investigación sobre la llamada "Operación Lezo", que gira en torno a un presunto desfalco en la empresa pública de aguas Canal Isabel II de Madrid por parte del ex presidente regional de Madrid Ignacio González, del PP.
                   Por ese motivo, todos los partidos del Congreso, con excepción del Partido Popular (PP) de Rajoy, reprobaron en mayo tanto a Moix como a Maza y al ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los dos últimos quedaron ahora en el foco de las críticas de la oposición.
                   Los cuestionamientos a Moix llegaron a alarmar a una organización internacional como Transparencia Internacional, que hace diez días pidió abiertamente su dimisión al verlo "cuestionado desde diversos sectores por la potencial falta de imparcialidad debido a sus vínculos con el partido en el poder".
                   El presidente del organismo anticorrupción, José Ugaz, viajó incluso a Madrid para tocar el tema personalmente con Maza. "No vemos una voluntad política clara del Gobierno en materia anticorrupción", explicó entonces Ugaz en una entrevista con la agencia dpa tras la reunión con el fiscal general.