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La debacle del Banco Popular, con sus más de 300.000
perjudicados que han perdido todo su dinero, nos lleva a evocar la
estafa de la salida a bolsa de Bankia en 2010. Una operación que atrapó a
347.000 accionistas, la inmensa mayoría ahorradores de las antiguas
cajas de ahorros que la constituyeron. También ahora la mayoría de
accionistas del Popular forman parte de su clientela. Muchos de los que
adquirieron acciones estuvieron condicionados por la renovación de los
créditos del banco o eran empleados de la entidad.
En el caso del banco presidido por Rodrigo Rato, las
sentencias judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo, forzaron a la
entidad a devolver el dinero invertido por los clientes para ahorrarse
costes mayores. No había precedentes internacionales de que un banco
devolviera el capital a los inversores en una oferta pública de
suscripción (OPS).
Los jueces fundamentaron sus decisiones en “las
inexactitudes del folleto de oferta pública”. La realidad final de las
cuentas de Bankia la hemos conocido recientemente gracias al
extraordinario trabajo pericial de los inspectores del Banco de España
Antonio Busquets y Víctor Jesús Sánchez Nogueras. Sorprende la escasa
trascendencia que ha tenido este fenomenal tercer informe elaborado por
estos peritos, en el que ratifican sus conclusiones sobre la falsedad de
la información contable de la entidad que ya habían detectado en sus
trabajos previos de 2014 y 2016, pero que en esta ocasión expresan con
una contundencia demoledora.
El tercer informe elaborado por dos peritos del Banco de España ratifica la falsedad de la información contable de la entidad, auditada por Deloitte con opinión favorable
Busquets y Sánchez mencionan en sus conclusiones 17
falsedades de los distintos aspectos de la contabilidad de Bankia. Cabe
destacar afirmaciones como las siguientes: “Las cuentas anuales de Caja
de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, de 2010 (...),
auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Las cuentas
anuales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid de 2010 (...),
auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Las cuentas
anuales consolidadas de Banco Financiero y Ahorros (Grupo BFA) de 2010,
auditadas por Deloitte con opinión favorable, son falsas”; “Es falsa la
información contable contenida en el Folleto de emisión para la salida a
bolsa de Bankia”; “Las cuentas anuales de Bankia de 2011 formuladas en
28 de marzo de 2012 son falsas”; “Las cuentas anuales consolidadas de
Bankia de 2011 reformuladas en 25 de mayo de 2012, auditadas por
Deloitte con opinión favorable, son falsas”. Y así hasta un total de 17
manifestaciones categóricas de las falsedades halladas en la
contabilidad de Bankia y las entidades que la constituyeron. Los peritos
señalan además las contradicciones de Deloitte entre los criterios
aplicados en el caso y los que sostenía la guía de la propia auditora
elaborada en 2009.
La sombra de Bankia planea sobre la crisis del Popular por
todas las esquinas. Buena parte del aluvión de demandas que se cuece
contra este banco se centrará en la ampliación de capital de 2016 ante
las sospechas de que la contabilidad del folleto no reflejaba la imagen
fiel de la entidad, el mismo argumento empleado en la salida a bolsa de
Bankia. El Banco Popular corrigió sus cuentas el pasado abril, decisión
que provocó el primer anuncio de acciones legales por parte de abogados
de Estados Unidos.
También es significativo que Deloitte, el cuestionado
auditor de Bankia, haya sido el autor del sorprendente informe elaborado
contrarreloj en cinco días, que estimó que el Banco Popular tenía un
valor negativo que situó entre –2.000 y –8.200 millones de euros, sin
explicar sus cálculos cuando su valor contable era de 12.000 millones y
tuvo un valor positivo en bolsa hasta el último minuto. Un informe que
sirvió de base para su intervención y posterior adjudicación al Banco
Santander por 1 euro.
La súbita precipitación de la crisis del Banco Popular y
la forma en que las autoridades han gestionado su crisis ha abierto
serios interrogantes.
También es significativo que Deloitte, el cuestionado auditor de Bankia, haya sido el autor del sorprendente informe elaborado contrarreloj sobre el Banco Popular
España vuelve a ser el conejillo de Indias en la
aplicación de la normativa europea en materia bancaria, que siempre ha
causado graves perjuicios a los inversores. Ya ocurrió en 2013, cuando
el Gobierno de Rajoy aplicó duras quitas a las participaciones
preferentes y aún no estaba vigente esta exigencia en la normativa
comunitaria. Ahora España ha inaugurado el sistema europeo de resolución
bancaria con una decisión precipitada y total falta de transparencia
que contrasta con el método aplicado en Italia en la crisis del Banco
Popolare de Vicenza y Veneto Banca con resultados menos dramáticos.
La debacle del Popular ha acabado con otros de los mitos
de esta crisis: que todo había sido un problema de las cajas. Ya van
tres bancos: Banco de Valencia, Banco Gallego y Banco Popular.
Otro falso mito es que esta crisis se ha resuelto sin
costes para los contribuyentes. Se oculta que el Santander se llevará
más de 4.000 millones de créditos fiscales que tenía en su balance el
Popular, más otra cuantía similar por las pérdidas asumidas en la
operación. En la pasada crisis bancaria los bancos obtuvieron 40.000
millones de créditos fiscales. Son impuestos que dejaron de pagar.
Después del paro, la inestabilidad del sistema financiero
sigue siendo el problema más serio del país. La incapacidad de las
autoridades para la autocrítica sobre cómo ha gestionado la crisis, como
ha puesto de manifiesto Aristóbulo de Juan, el mayor experto del país,
pone de manifiesto que la crisis financiera y sus secuelas todavía no
han acabado.
Este texto está publicado en Alternativas Económicas.
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