Con
grandes expectativas a cuestas y las imágenes todavía frescas de la
represión en medio del referéndum por la independencia el 1 de octubre,
el presidente de la Generalitat Charles Puigdemont se dirigió a un alud
de medios de comunicación en la sede del parlamento catalán.
Y efectivamente así fue. El presidente de la Generalitat "declaró la independencia" de Cataluña, en lo que parece ser una maniobra más retórica que política puesto que los "efectos" de la secesión fueron "suspendidos" durante varias semanas para abrir un canal de diálogo con el gobierno español.
Entre líneas, el canal comentado más bien buscaba a un interlocutor europeo que pudiera hacer de mediador para un referéndum pactado, aprovechando los errores cometidos por Rajoy y el desprestigio internacional que arrastra desde el 1 de octubre. El ejecutivo español ya ha expresado su desinterés en negociar con los representantes catalanes, mientras pone sobre la mesa aplicar otros recursos de fuerza.
Puigdemont respondiendo a un cálculo político primario "declara la independencia" para no arriesgar todo el capital político acumulado tras los resultados del referéndum, y la "suspende" en lo inmediato a sabiendas de no tener la suficiente fuerza para ir hacia una ruptura definitiva. Tirar la piedra y esconder la mano para trasladar la presión política y mediática hacia la Moncloa.
Lo que para el dirigente catalán se entiende como de intentar negociar bajo una posición de fuerza (su principal activo es que la "independencia ya fue declarada" y no hay vuelta atrásr), para Mariano Rajoy y del Estado español puede convertirse en una oportunidad para capitalizar políticamente el hecho como una victoria. Lo único más o menos seguro es que la pugna no relajara en el mediano plazo.
La última palabra que parece rodear esta decisión, sin embargo, no apunta tanto hacia las urnas del referéndum como a los directorios ejecutivos de las grandes empresas españolas. Y no podría ser de otra forma: la élite catalana promotora del referéndum, que personifica grandes negocios transnacionales en lo comercial y financiero, mide sus apuestas a la "independencia" en función de sus intereses económicos y sus tentáculos fuera de las fronteras de España.
De qué tan rentable sea el resultado, dependerá el riesgo a tomar. El mediatizado proceso de independencia y las manos que lo dirigen, pareciera tener todos los componentes de una operación financiera trasladada a lo político.
Un artículo publicado en esta tribuna el pasado 26 de septiembre describía esto con claridad: "cuesta creer que la burguesía catalana esté verdaderamente dispuesta a un proceso de ruptura total, que podría llevarle a tener años de aislamiento internacional y no reconocimiento de la Unión Europea, y la repercusión que eso tendría sobre sus negocios transnacionales".
Un factor altamente desventajoso para una comunidad autónoma que no sólo genera el 20% del PIB de toda España, a partir de los servicios y la industria con fines de exportación, sino que también es la más endeudada. Pero sobre todo que perjudicaría el rol de intermediarios de la propia burguesía catalana que promueve la independencia como un traje a su medida.
El País de España ilustró la cantidad de empresas que decidieron irse de Cataluña, en su mayoría de perfil multinacional como Repsol, Santander, BBVA y Telefónica, incluyendo algunas financieras y de servicios con un peso importante para la economía de la comunidad catalana.
En lo inmediato, más de quince importantes empresas con sede en Cataluña han aprobado trasladar sus sedes definitivamente, con el fin de proteger sus intereses: Gas Natural, Abertis, CaixaBank, Cellnex, Colonial, Aguas de Barcelona, Banco Medionalum, Oryzon, Dogi y Banco Sabadell son solo algunas de las renombradas.
Esta reacción en cadena posterior al referéndum también tuvo implicaciones negativas en los índices bursátiles lanzando al mercado financiero catalán a la baja.
Así como en política nada es producto de la casualidad, en economía tampoco. La actuación coordinada y en bloque por parte de las grandes empresas españolas, no se dio al margen o inconsciente de la presión política que generaría sobre los objetivos de la élite catalana. Posterior a la protección de sus activos, lograron instalar un clima financiero que aumentó sensiblemente los costos políticos y económicos de una declaración de independencia, marcando expectativas de consecuencias económicas casi irreversibles.
Por ahora la declaración ya fue firmada para mostrar un avance simbólico y de fuerza, sin ningún efecto jurídico pues no ha sido aprobado por el Parlamento. Dar dos pasos al frente no despeja el aparente callejón sin salida ni garantiza una negociación automática, pero al menos logra trasladar nuevamente la presión hacia el gobierno de Mariano Rajoy.
Saldando las diferencias entre ambos procesos se eleva un dato sumamente gris: el mismo Artur Mas, dirigente político catalán, que animó las ideas separatistas del entonces presidente de Eslovenia Milan Kucan durante un viaje a Cataluña en 1990, es el mismo que en 2014 expresó que una Cataluña independiente buscaría una membresía en la OTAN. A diferencia de Cataluña - por ahora- a EEUU y Alemania le simpatizaba la idea de un referéndum en Eslovenia, puesto que la necesidad geopolítica de agrietar Yugoslavia se correspondía igualmente con el interés de borrar definitvamente cualquier influencia socialista en Europa y ganar un nuevo mercado en los balcanes.
Justamente Eslovenia selló su independencia en los brazos de la OTAN, como requisito previo para ingresar como miembro pleno de la Unión Europea. Todo lo espotáneo estaba enmarcado en un plan geopolítico de gran calado.
Una coincidencia que aunque pudiera parecer menor, refiriéndonos a la de Artur Mas, al mismo tiempo sugiere que si la decisión de la élite catalana es agrandar la indefinición política en el mediano plazo es porque una agenda pesada en lo geopolítico se estaría moviendo, bien para extender esa misma inceridumbre con fines de desestabilizar a Europa, bien para construir un escenario de negociación que los coloque en cierta posición de ventaja. La historia da bastantes señales de a cuáles centros de poder apuntan estas agendas separatistas.
A fin de cuentas sea cual sea la vía o referencia a tomar por quienes dirigen el proceso, todas en el pasado han demostrado ser una traje a la medida para las transnacionales. Pues ninguna ha salido desfavorecida en el desenlace.
¿El momento cumbre?
Una cobertura globalizada esperaba el inicio de su alocución, signada por la alarma de ser nombrada una declaración de independencia definitiva del estado Español. Horas antes desde instituciones europeas se amenazaba a Puigdemont de no tomar ninguna decisión que cerrara el diálogo.Y efectivamente así fue. El presidente de la Generalitat "declaró la independencia" de Cataluña, en lo que parece ser una maniobra más retórica que política puesto que los "efectos" de la secesión fueron "suspendidos" durante varias semanas para abrir un canal de diálogo con el gobierno español.
Entre líneas, el canal comentado más bien buscaba a un interlocutor europeo que pudiera hacer de mediador para un referéndum pactado, aprovechando los errores cometidos por Rajoy y el desprestigio internacional que arrastra desde el 1 de octubre. El ejecutivo español ya ha expresado su desinterés en negociar con los representantes catalanes, mientras pone sobre la mesa aplicar otros recursos de fuerza.
Puigdemont respondiendo a un cálculo político primario "declara la independencia" para no arriesgar todo el capital político acumulado tras los resultados del referéndum, y la "suspende" en lo inmediato a sabiendas de no tener la suficiente fuerza para ir hacia una ruptura definitiva. Tirar la piedra y esconder la mano para trasladar la presión política y mediática hacia la Moncloa.
Lo que para el dirigente catalán se entiende como de intentar negociar bajo una posición de fuerza (su principal activo es que la "independencia ya fue declarada" y no hay vuelta atrásr), para Mariano Rajoy y del Estado español puede convertirse en una oportunidad para capitalizar políticamente el hecho como una victoria. Lo único más o menos seguro es que la pugna no relajara en el mediano plazo.
La última palabra que parece rodear esta decisión, sin embargo, no apunta tanto hacia las urnas del referéndum como a los directorios ejecutivos de las grandes empresas españolas. Y no podría ser de otra forma: la élite catalana promotora del referéndum, que personifica grandes negocios transnacionales en lo comercial y financiero, mide sus apuestas a la "independencia" en función de sus intereses económicos y sus tentáculos fuera de las fronteras de España.
De qué tan rentable sea el resultado, dependerá el riesgo a tomar. El mediatizado proceso de independencia y las manos que lo dirigen, pareciera tener todos los componentes de una operación financiera trasladada a lo político.
Un artículo publicado en esta tribuna el pasado 26 de septiembre describía esto con claridad: "cuesta creer que la burguesía catalana esté verdaderamente dispuesta a un proceso de ruptura total, que podría llevarle a tener años de aislamiento internacional y no reconocimiento de la Unión Europea, y la repercusión que eso tendría sobre sus negocios transnacionales".
El gran capital entra al juego
Después del referéndum grandes empresas españolas que cotizan en el selecto club del Ibex-35 (la versión española de Wall Street) anunciaron su salida de Cataluña, debido a que una posible declaración de independencia los dejaría en una posición de vulnerabilidad e inseguridad jurídica.Un factor altamente desventajoso para una comunidad autónoma que no sólo genera el 20% del PIB de toda España, a partir de los servicios y la industria con fines de exportación, sino que también es la más endeudada. Pero sobre todo que perjudicaría el rol de intermediarios de la propia burguesía catalana que promueve la independencia como un traje a su medida.
El País de España ilustró la cantidad de empresas que decidieron irse de Cataluña, en su mayoría de perfil multinacional como Repsol, Santander, BBVA y Telefónica, incluyendo algunas financieras y de servicios con un peso importante para la economía de la comunidad catalana.
En lo inmediato, más de quince importantes empresas con sede en Cataluña han aprobado trasladar sus sedes definitivamente, con el fin de proteger sus intereses: Gas Natural, Abertis, CaixaBank, Cellnex, Colonial, Aguas de Barcelona, Banco Medionalum, Oryzon, Dogi y Banco Sabadell son solo algunas de las renombradas.
Esta reacción en cadena posterior al referéndum también tuvo implicaciones negativas en los índices bursátiles lanzando al mercado financiero catalán a la baja.
Así como en política nada es producto de la casualidad, en economía tampoco. La actuación coordinada y en bloque por parte de las grandes empresas españolas, no se dio al margen o inconsciente de la presión política que generaría sobre los objetivos de la élite catalana. Posterior a la protección de sus activos, lograron instalar un clima financiero que aumentó sensiblemente los costos políticos y económicos de una declaración de independencia, marcando expectativas de consecuencias económicas casi irreversibles.
Por ahora la declaración ya fue firmada para mostrar un avance simbólico y de fuerza, sin ningún efecto jurídico pues no ha sido aprobado por el Parlamento. Dar dos pasos al frente no despeja el aparente callejón sin salida ni garantiza una negociación automática, pero al menos logra trasladar nuevamente la presión hacia el gobierno de Mariano Rajoy.
¿La vía eslovena? La OTAN y otros datos
Mientras tanto medios españoles intentan traducir que la jugada de Puigdemont tiene hedor al proceso de secesión de Eslovenia en 1991. Unos para bien en tanto prefiguran que las potencias occidentales harán lo suyo y reconocerán a Cataluña por encima del estado español luego de un proceso complicado y sin salida negociada; otros para mal, pues no quieren estar cerca de revivir una versión catalana de la guerra de los diez días, que deje un saldo lamentable de muertos como ficha de intercambio para el reconocimiento internacional.Saldando las diferencias entre ambos procesos se eleva un dato sumamente gris: el mismo Artur Mas, dirigente político catalán, que animó las ideas separatistas del entonces presidente de Eslovenia Milan Kucan durante un viaje a Cataluña en 1990, es el mismo que en 2014 expresó que una Cataluña independiente buscaría una membresía en la OTAN. A diferencia de Cataluña - por ahora- a EEUU y Alemania le simpatizaba la idea de un referéndum en Eslovenia, puesto que la necesidad geopolítica de agrietar Yugoslavia se correspondía igualmente con el interés de borrar definitvamente cualquier influencia socialista en Europa y ganar un nuevo mercado en los balcanes.
Justamente Eslovenia selló su independencia en los brazos de la OTAN, como requisito previo para ingresar como miembro pleno de la Unión Europea. Todo lo espotáneo estaba enmarcado en un plan geopolítico de gran calado.
Una coincidencia que aunque pudiera parecer menor, refiriéndonos a la de Artur Mas, al mismo tiempo sugiere que si la decisión de la élite catalana es agrandar la indefinición política en el mediano plazo es porque una agenda pesada en lo geopolítico se estaría moviendo, bien para extender esa misma inceridumbre con fines de desestabilizar a Europa, bien para construir un escenario de negociación que los coloque en cierta posición de ventaja. La historia da bastantes señales de a cuáles centros de poder apuntan estas agendas separatistas.
A fin de cuentas sea cual sea la vía o referencia a tomar por quienes dirigen el proceso, todas en el pasado han demostrado ser una traje a la medida para las transnacionales. Pues ninguna ha salido desfavorecida en el desenlace.
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