"Nosotros
tenemos información de adentro (en el sentido de) que se les murió
ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa”, detalló Ortega Díaz
en una entrevista para el canal colombiano NTN24.
La ex fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que el opositor Fernando Albán murió ahogado en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), mientras la comunidad internacional reclama a Venezuela investigar la muerte del concejal.
Ortega Díaz, destituida por el gobierno de Nicolás Maduro, asegura que tiene información de que el concejal Fernando Albán murió ahogado en las instalaciones del Sebin, en Plaza Venezuela y no se suicidó como afirma el gobierno.
“Nosotros tenemos información de adentro y que se les murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa”, detalló Ortega Díaz en una entrevista para el canal colombiano NTN24.
“Cómo es posible que van a sepultarlo sin realizar una autopsia (…) hay que hacerle en este momento una para determinar las causas de la muerte del concejal (…)”, manifestó.
“Yo sugiero que lo retiren y busquen un patólogo en Venezuela, que hay muchísimos que estarían dispuestos para determinar las causas de la muerte”, puntualizó.
Uno de los tres abogados defensores del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, aseguró que al edil del municipio Libertador de Caracas, después de su detención, lo presionaron amenazándolo al decirle que la única forma de salir de prisión era si inculpaba al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges.
“Le insistieron en que la única forma de salir de esto era acusando a dirigentes políticos de mayor rango, específicamente de Borges, a lo que él se negó por ser un hecho falso”, dijo el abogado, quien formó parte del equipo de defensa del político, por petición expresa de Albán.
“Albán no tenía la disposición de suicidarse“, subrayó Aguilar, luego que la versión dada por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el opositor se quitó la vida.
El Grupo de Lima exigió este martes al gobierno nacional una investigación parcial e independiente sobre la muerte del concejal opositor, quien se encontraba bajo custodia de las autoridades venezolanas.
“El Grupo de Lima urge al Gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”, exigió el ente en un comunicado.
El documento, firmado por los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la “profunda preocupación por la trágica muerte” de Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes “en circunstancias aún no esclarecidas”.
El concejal opositor fue detenido el 5 de octubre en Maiquetía cuando venía de Nueva York y fue retenido en las dependencias del Sebin por su supuesta vinculación en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
La fiscalía informó el lunes que el edil se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que investigará la muerte del opositor en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela.
Ortega Díaz, destituida por el gobierno de Nicolás Maduro, asegura que tiene información de que el concejal Fernando Albán murió ahogado en las instalaciones del Sebin, en Plaza Venezuela y no se suicidó como afirma el gobierno.
“Nosotros tenemos información de adentro y que se les murió ahogado porque lo estaban torturando con una bolsa”, detalló Ortega Díaz en una entrevista para el canal colombiano NTN24.
“Cómo es posible que van a sepultarlo sin realizar una autopsia (…) hay que hacerle en este momento una para determinar las causas de la muerte del concejal (…)”, manifestó.
“Yo sugiero que lo retiren y busquen un patólogo en Venezuela, que hay muchísimos que estarían dispuestos para determinar las causas de la muerte”, puntualizó.
Uno de los tres abogados defensores del concejal Albán, Ramón Alfredo Aguilar, aseguró que al edil del municipio Libertador de Caracas, después de su detención, lo presionaron amenazándolo al decirle que la única forma de salir de prisión era si inculpaba al coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges.
“Le insistieron en que la única forma de salir de esto era acusando a dirigentes políticos de mayor rango, específicamente de Borges, a lo que él se negó por ser un hecho falso”, dijo el abogado, quien formó parte del equipo de defensa del político, por petición expresa de Albán.
“Albán no tenía la disposición de suicidarse“, subrayó Aguilar, luego que la versión dada por el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que el opositor se quitó la vida.
El Grupo de Lima exigió este martes al gobierno nacional una investigación parcial e independiente sobre la muerte del concejal opositor, quien se encontraba bajo custodia de las autoridades venezolanas.
“El Grupo de Lima urge al Gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan”, exigió el ente en un comunicado.
El documento, firmado por los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, expresa la “profunda preocupación por la trágica muerte” de Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes “en circunstancias aún no esclarecidas”.
El concejal opositor fue detenido el 5 de octubre en Maiquetía cuando venía de Nueva York y fue retenido en las dependencias del Sebin por su supuesta vinculación en el atentado fallido contra el presidente Nicolás Maduro.
La fiscalía informó el lunes que el edil se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció que investigará la muerte del opositor en el ámbito del informe que realiza el Consejo de Derechos Humanos sobre los abusos cometidos en Venezuela.
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