viernes, 21 de diciembre de 2012

Cárcel a funcionarios que tomen dinero

Cárcel a funcionarios que tomen dinero
La iniciativa contempla reformas a los códigos Penal, Financiero y Administrativo
 
El gobierno de Veracruz envió una iniciativa al Congreso estatal para que se castigue con penas de entre 6 y 16 años de prisión, así como multas de 30 a 300 salarios mínimos, a los funcionarios públicos que incurran en los delitos de peculado y abuso de autoridad en materia fiscal.
La propuesta contempla reformar los códigos Penal, Financiero y de Procedimientos Administrativos, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
El gobierno busca imponer sanciones severas para estos delitos, e incluye el desvío de recursos en materia fiscal.
El texto enviado por el gobernador Javier Duarte sugiere reformar el artículo 97 bis del Código Financiero de Veracruz para dejar claro a qué se refiere cada delito.
La iniciativa especifica: “Cometen el delito de peculado fiscal, las autoridades fiscales o los funcionarios o empleados que laboren en las oficinas de Hacienda del estado, que se apoderen o permitieren que un tercero lo hiciere, de recursos públicos que tengan a su cargo por razón de sus funciones.
“Sin importar el origen de éstos, siempre y cuando devengan de las atribuciones inherentes a su cargo público comisión, excepto cuando el apoderamiento sea realizado por el servidor público y en ejercicio de alguna atribución establecida en las leyes que rigen sus funciones”; y establece una sanción de 8 a 16 años de prisión.
El artículo 97 precisa que el delito de abuso de autoridad en materia fiscal encuadra los casos en que servidores de la Hacienda Pública utilicen formatos oficiales que tengan bajo su custodia para ordenar, ejecutar, cancelar o reproducir un acto de manera ilícita o iniciar un procedimiento en beneficio propio o ajeno, o en perjuicio de los contribuyentes.
A quien incurra en este tipo de delitos se le aplicarían penas de 6 a 12 años de cárcel, así como una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el lugar de comisión del delito.

 

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