Opinión: Los derechos humanos como política de Estado
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Ahora
que hemos conmemorado un aniversario más de Declaración Universal de
los Derechos Humanos (1948), resulta necesario repasar el momento que
vivimos en México respecto del goce de estos derechos.Uno de los pilares para el desarrollo del Estado moderno lo constituyen los derechos humanos, está comprobado en la experiencia de los países con niveles más altos de bienestar, que la promoción de los derechos humanos es un componente fundamental de su política de Estado.
Democracia, desarrollo y derechos humanos son una trilogía que se convierte en una directriz para cualquier planeación gubernamental. Esto obviamente choca con la visión de quienes consideran que existe una antinomia entre derechos y seguridad o entre derechos y gobernabilidad. El planteamiento no solamente es uno de los puntos fundamentales de la conferencia mundial de Viena de 1993, sino que es ya una experiencia real y cotidiana de la vida pública moderna de los Estados más avanzados, que se puede expresar en una ecuación simple: a mayores derechos, mayor desarrollo y, viceversa, a mayor desarrollo, mayores derechos.
Desafortunadamente esto fue algo que no se comprendió durante los últimos seis años, especialmente en la política de seguridad: la visión de gobierno obedeció en cambio a una ecuación contraria: a mayores derechos, menos seguridad y a mayor seguridad menores derechos. Al menos en la práctica funcionó así. El resultado fue que, entre otras causas, la situación de los derechos humanos en México sufriera una regresión y con ello las violaciones a derechos humanos se dispararan, tal como lo señaló recientemente el Presidente de la CNDH, calificando a la administración del Presidente Felipe Calderón como una involución en materia de derechos humanos o como lo han dicho otras organizaciones internacionales, la situación de derechos humanos en México hoy es un desastre.
Durante el sexenio del Presidente Vicente Fox el gobierno federal tomó la decisión de impulsar los derechos humanos como una política de Estado y aunque esto fue un cambio inconcluso, al decir de Human Rights Watch, en el sexenio de Calderón, en cambio, se vivió un olvido en materia de derechos humanos, en el que las organizaciones especializadas en el tema vivieron su etapa más oscura. El tema de los derechos humanos estuvo fuera de la agenda nacional.
El tiempo ayudará a clarificar la situación y a deslindar las graves responsabilidades que esto trajo consigo, pero sin duda este retroceso exige ahora abrir espacios de verdad y de justicia que pongan en su sitio las consecuencias de esta crisis humanitaria que ha vivido la sociedad mexicana.
El ayuno de seis años y la regresión experimentada ha contrastado mucho con los planteamientos del gobierno entrante y con algunas de sus primeras acciones. Retomar el rumbo y fijar el compromiso con los derechos humanos como una política de Estado, es una imperiosa necesidad. Este contraste es una de las razones por las que el actual gobierno ha recibido una favorable acogida en la sociedad.
Sin embargo este discurso aislado puede perder sentido si no se le dota de contenidos concretos, ya que no se trata simplemente de que se adopte el discurso de los derechos humanos sino que esto se convierta en decisiones específicas de gobierno que definan la orientación general de la política pública.
Conforme a la experiencia internacional y a directrices que han sido promovidas por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen algunos signos o acciones cruciales para que del discurso pueda pasar de una política-retórica a una verdadera política de Estado en derechos humanos.
La primera condición, si bien no suficiente, es el respaldo político que debe tener esta decisión de manera expresa y al más alto nivel. Esto se requiere más que por el impacto mediático, como una señal de orden para poder alinear todas las estructuras gubernamentales en un mismo sentido.
En segundo término, se necesita que existan los mecanismos e instancias competentes para poder diseñar e implementar una política de carácter transversal como es la de derechos humanos. Muchos países han creado instancias a nivel de ministerios o secretarias de Estado, o al menos de viceministerios. Cabe señalar que esta estructura existe en México y que reside en la Secretaría de Gobernación, sin embargo es actualmente una estructura sin capacidad de articulación y carente de legitimidad social.
Un tercer elemento de esta estrategia es el instrumento con el que se implementa esta política y el cuál, conforme a las recomendaciones internacionales, es un plan de acción de Estado que parta de un diagnóstico y que cuente con una amplia participación social. En este punto México cuenta con un programa que se elaboró en el 2008 pero el cual no contó con la participación social suficiente y sobre el que nunca se ha hecho una evaluación; además de que se trató de un programa acotado a la administración federal.
La importancia de un plan de esta naturaleza es que se convierte a la vez, en el proceso y en el instrumento, para estructurar de manera estratégica las acciones y compromisos de la política pública en todos los ámbitos de los derechos humanos, en los temas de seguridad, justicia, medio ambiente, derechos sociales, culturales, no discriminación, pueblos y culturas indígenas, etc.
Los anteriores elementos junto con una participación ciudadana institucionalizada en el diseño, implementación y evaluación de la política pública, son las principales piezas de la ingeniera necesaria para construir el edificio de una política de Estado en la materia.
Hay un punto que se añade y que supone una dificultad particular en los Estados federales, se trata de lograr el salto de una política federal a una política nacional. Este ha sido precisamente uno de los puntos de quiebre de muchas de las políticas de alcance nacional que no han podido ser eficaces por no haber logrado coordinar adecuadamente a las autoridades federales con las locales. Es el caso de la de derechos humanos.
Los recientes mensajes del Presidente, así como los compromisos del Pacto por México, que tiene un capítulo sustantivo sobre derechos humanos, abren una oportunidad para impulsar medidas concretas que nos lleven a una verdadera política de Estado en la materia. Para ello requerimos al menos tres cosas:
a) Que se mantenga el respaldo del Presidente de la República a la política de derechos humanos durante todo su gobierno.
b) Que se renueve la estructura administrativa de coordinación en materia de derechos humanos, dotándola de mayor rango para que pueda articular a todos los actores y autonomía técnica para que sea un interlocutor legitimo con la sociedad civil.
c) Que se promueva la elaboración de un programa nacional de derechos humanos con amplia participación ciudadana, con un sistema de rendición de cuentas y que involucre a los tres poderes y a todas las entidades federativas. Para que pueda tener este alcance nacional se requiere una base legal suficiente, la cual puede estar en una ley general que dicte las reglas de la elaboración de esta política.
Un punto más a favor es que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, las autoridades están obligadas por mandato constitucional a promover los derechos humanos de una manera integral, esto da base para poder vincular de manera eficaz a todas las autoridades en la elaboración de una política de Estado.
Estamos ante una necesidad y una oportunidad de asumir con plenitud el compromiso de orientar el Estado mexicano hacia su único y verdadero sentido, hacer respetar la dignidad y los derechos de todos, qué puede haber más allá de esta tarea, por ello es el momento también de exigir todo lo necesario para que esto pueda realizarse.
Estamos, parafraseando a Dworkin, ante la oportunidad de tomarnos los derechos en serio, de una vez por todas.
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