En México, el Estado cometió crímenes cercanos a los de “lesa humanidad”: Gasparini

En México, el Estado cometió crímenes cercanos a los de “lesa humanidad”: Gasparini

Escrito por Autor Invitado

por Gilberto Lastra Guerrero

La buena imagen internacional para los países que forman la Organización de la Naciones Unidas (ONU) es una prioridad, y  el tema de Derechos Humanos, representa uno de sus principales dolores de cabeza, porque no deben perder su peso diplomático con los 192 estados; pero tampoco cumplen a cabalidad lo que firmaron y ratificaron en las Convenciones.

Juan Gasparini, periodista argentino integrante de la organización no gubernamental Nuevos Derechos del Hombre, reflexiona en esta entrevista sobre las trampas que aplican los países para mantener su imagen intacta ante la ONU, asunto que no siempre funciona. Y cómo la ambigüedad se convierte en un arma de dos filos, aunque es la única herramienta para sortear las argumentaciones de los expertos del Comité contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés) u otros Estados en el Examen Periódico Universal (EPU).

Explica que en el caso de México, sigue siendo el Gobierno el que debe garantizar la seguridad de la población, pero en los últimos años es lo contrario: las fuerzas del Estado y de la delincuencia organizada agreden y violentan los derechos humanos de la población civil, además de hacerlo de manera sistemática y masiva,  cercano al crimen de lesa humanidad.

Gasparini tiene una amplia carrera como periodista en distintos periódicos argentinos y sudamericanos. Actualmente radica en Ginebra, Suiza. Es autor, de decenas de libros, entre ellos, Mujeres de Dictadores, La Delgada Línea Blanca, y su más reciente, del 2011, López Rega, la Fuga del Brujo.

Gilberto Castro Guerrero.-  ¿Cuáles son los principales argumentos que presentan los Estados ante la ONU para evitar una mala imagen por violentar derechos humanos?

Juan Gasparini.-  Ante la alegación o la acusación de violación a los derechos humanos, los Estados pueden asumir una postura dura en el sentido de negarla o no querer modificar su posición. Por ejemplo, en México en el tema del arraigo, donde el Estado te dice que no lo va a sacar. Pero en otro tipo de alegaciones, los Estados adoptan una posición de flexibilidad, y ahí es donde se presenta el mecanismo diplomático que se enseña en todas las escuelas: trabajar en la ambigüedad. Es decir, hay países que piensan en el buen sentido o en el mal sentido, y la forma de avanzar o retrasar es por medio de la ambigüedad. Es un principio  diplomático aplicado a los derechos humanos.

En América Latina se dio un cambio muy importante, debido a la situación de las dictaduras  en el pasado, donde se negaban o trataban de no ser condenados, se pasó a una situación de democracia, y los Estados no pueden negarse a las recomendaciones. Ahí entra el doble juego: “Te digo que sí; pero no coopero”.

Hay dos tipos de Estados, los que colaboran y los que no lo hacen. Todos quieren estar en el pelotón de los que cooperan, pero en la realidad, muchos no quieren nada. De ahí viene la simulación. Se dan casos concretos, uno que participa, firma las convenciones, y se aceptan los mecanismos de control instaurados por la ONU, que son generados por consenso, como la creación de relatores que visitan los países.

Es muy difícil negarle las visitas a los relatores. Hay Estados que dicen que hay una visa automática para que vayan, pero no les fijan la fecha; esperar unos 6 u 8 años para estar en un país y verificar la situación de los derechos humanos es mucho tiempo.  Y cuando entra, porque es el ojo  de la ONU en ese país, si hay alegaciones muy fuertes, suelen decir [los Gobiernos] que las fuentes que alimentaron al relator son dudosas o no son creíbles. Hay países que tratan de resistir los mecanismos de los derechos humanos para cuestionar el mensaje y la imagen que va a salir del Estado en voz del relator, porque se presentará la información en la sede de la ONU. Hay que vigilar cuál es el comportamiento del Estado.

GCG.- ¿La ideología política o económica inciden en la forma en la que se conducen los países en el concierto de las naciones?

JG.- Hay diferentes tendencias. Algunos países son impermeables a las recomendaciones de la ONU, como el caso de Estados Unidos en ciertos temas, no en todos. Otros, como China y los países islámicos, en los que hay una diferencia cultural que impide aplicar los principios de derechos humanos que han sido concebidos por el occidente y tiene que haber una tolerancia para la aplicación de esos principios.

Los países democráticos de la UE han propiciado un avance en la democratización y respeto de los derechos humanos, tanto en América latina como en África. Pero hay bastiones de resistencia tanto en América Latina como dentro de África, y la lucha es para que los países refractarios sean cada vez menos.

Después de un gran aire de democratización y de respeto a los derechos humanos, que fue al principio de la década del 2000, ahora hay algunos retrocesos en América Latina. Ecuador, Venezuela, algunas cosas en Argentina, o Chile, que pese a su voluntad política avanzar contra la impunidad y a la rendición de cuentas, no tienen un buen balance. Brasil, por ejemplo, que es un país líder en el proceso de democratización, tiene una política ambigua también, porque suelen molestarle las recomendaciones o las supuestas injerencias externas; porque el discurso es que no invadan su soberanía.

Pero cuando vos aceptas convenciones, estás cediendo una parte la soberanía, porque aceptas un control externo. El gran problema con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es el modelo que tiene: es un partido único que controla todo, y restringe a los civiles y a los políticos, en aras de  un discurso que ellos hacen para justificar un disfrute de los derechos económicos, culturales y sociales.

GCG.-  Muchas de las violaciones a los derechos humanos son a gente contestaría ¿qué tanta gobernabilidad real hay en los países de Latinoamérica?

JG.- Ahí las Naciones Unidas promueven algunas cosas, por ejemplo, la creación de Comisiones Nacionales de Derechos Humanos, que sean representativas del Estado, que tengan un mecanismo en el que todo sea por consenso de todos los miembros de esa comisión, según el modelo elaborado en una conferencia internacional que se celebró en París, y los integrantes deben darle seguimiento a la situación interna. Que sea no sólo un órgano puesto por el gobierno, sino un órgano concertado dentro del juego de poderes del Estado, como por ejemplo el nombramiento de los jueces, que cada país tiene un mecanismo diferente y que debe tener algún apoyo parlamentario. La justicia debe tener un nombramiento en el que se conjuguen los intereses del poder ejecutivo y legislativo. En este caso, los países se tienen que adaptar a este modelo, lo que permite el establecimiento de las estructuras nacionales. La  subcomisión contra la Tortura también promueve este tipo de mecanismo: que los Estados no dependan de un organismo externo que los venga a vigilar de vez en cuando, sino que sea permanente.

GCG.- ¿Una contraloría interna?

JG.- Raramente el subcomité tendría que viajar a los países, porque el objetivo es que se constituya un comité contra la tortura en el país, que tenga un sentido democrático que no represente al gobierno si no al Estado en su conjunto. Eso, precisamente es el objetivo máximo: llegar de sorpresa a los lugares de detención. Es necesario tener un salvoconducto para llegar en cualquier momento al lugar que sea ante la presunción de actos de tortura.

GCG.- En el proceso democrático, en la lucha por el poder entre los partidos políticos, ¿llega a afectar esta relación que se tiene en los congresos de los países? ¿Qué tanto juego político hay entre las fuerzas por conservar o desestimar la imagen de un Estado?

JG.- Si firmaste y ratificaste las  principales Convenciones, y no cuentas con un mecanismo  de invitación abierta a los relatores, estás (como Estado) en el banquillo de los acusados. Y si estás en una situación particular, es peor, sobre todo si hay un relator para tu país designado por la ONU. Existía en Cuba, que por una negociación política fue quitado. Pero hay en el caso de otros países, como Corea del Norte. También tienen los países que vienen saliendo de la primavera árabe, como Costa de marfil,  Libia… Hay expertos independientes que le dan seguimiento a los sucesos en estos países.

Los Estados luchan por tener una buena imagen y decir: “Yo no soy un país problemático para la ONU. Soy un país normal, tengo la invitación abierta a los relatores. No he sido condenado en ningún órgano de tratado. En Consejo de Derechos Humanos se habla cada vez menos de mí”. Lo que buscan es bajar el nivel de atención. Por eso temen tanto a esto, a que venga un órgano de tratado y que en la ONU critiquen,  porque eso al trascender en la imagen, la desluce.

Además, los países en el concierto diplomático, si se desluce la imagen y son condenados, o no cooperan, pierden peso diplomático, porque en los debates, cuando se definen las políticas internacionales y ese país quiere levantar la mano le dicen: “Vos, callate la boca porque estás en el banquillo de los acusados. Vos no podés hablar porque tienes un relator, porque no cumplís, porque sólo prometés”. La ambigüedad solamente te alcanzó para evitar algunas cosas, te sirvió solamente por algún tiempo para evadir una sanción internacional.

GCG.- ¿Hay menos margen de maniobra para los gobiernos para librarse de las recomendaciones con los nuevos mecanismos de la ONU?

JG.- La historia de la ONU así lo demuestra, porque la multiplicidad en la creación de mecanismos de control se dio, pero las violaciones continuaban; se tenían que crear nuevos, porque se dieron cuenta que con uno no alcanzaba y se  debía evitar que los países escaparan por algunos espacios. Creo que existe y es inherente a la especie humana, creo que es de la misma manera que trampear en el deporte, por eso se ponen los reglamentos, porque si no todo mundo trampea.  Es consustancial al hombre.  Esto se mezcla con los proyectos políticos, y los proyectos políticos son proyectos colectivos, y para defenderlo  tienes que sacrificar determinados principios. El lenguaje de la ONU es un lenguaje muy estricto. Se debe abolir la tortura porque los mandata la ONU y lo tenés que hacer, no hay medias tintas. Existe el caso de la moratoria, pero es solamente un paso para abolirla, no para regresar a ella. Porque hay casos de países en los que se volvió a aplicar, Guatemala levantó la moratoria en el 2001.

Vengo de Taiwán, de un reportaje y la restablecieron hace poco por algunos casos, el Gobierno la quiere abolir, pero los conteos que te presenta el Estado que han hecho en la población, el 82 por ciento quiere mantener la pena de muerte. El viceministro de Justicia hablaba de una pena sustitutiva, pero también se debe que tomar en cuenta lo que quiere la gente. La lucha por los derechos humanos es una lucha eterna.

GCG.- ¿El caso de México?

JG.- La guerra del narco ha producido un aumento sustancial de las violaciones de los derechos humanos en México, que sean atribuibles éstas a gentes del Estado o de grupos paraestatales, no suprimen la responsabilidad del Estado. La ONU fija la responsabilidad del Estado. Hay indicios inquietantes por las alegaciones que traen las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), por las propias recomendaciones ya hechas en el Examen Periódico Universal (EPU), y los órganos de tratados que han tomado el caso de México.

Hay indicios, desde que comenzó la guerra, de comisión de delitos que pueden acercarse al crimen de lesa humanidad, porque hay una presencia sistemática y masiva de determinados crímenes que suceden en todo el país y no una determinada región. Las víctimas son de distintos sectores sociales, de distintas procedencias culturales, es decir, no hay una selectividad sino una masividad. En la medida que se demuestra el patrón, que es sistemático y que es contra la población civil.

 El Estado sabe que tiene que resolver un problema, y que necesita encontrar a cierto tipo de gente (delincuente  o narcotraficantes), pero no la detectan, entonces reprimen masivamente. Hace una redada, detienen a algunos, ya encontraron a uno de los que estaban buscando, a los demás no los pueden dejar libres porque los van a denunciar, entonces lo deben matar también. Avanzan a ciegas, por el hecho de encontrar de manera selectiva determinadas víctimas, reprimen para encontrarlos. Si hacen una lucha legal, no se puede. El avanzar a ciegas, y atacar a la población civil, eso, te da un indicio. Se necesita demostrar, y ese es trabajo para las ONGs y reporteros que buscan abordar el tema de los DDHH, la cuantificación de estos delitos.

GCG.- ¿La fragilidad de las Leyes internacionales al aplicarse en un país que no cuenta con el mismo marco normativo, afecta su aplicación?

JG.-  El problema de la tipificación del crimen en el caso de la tortura se ve claramente. Una de las luchas que emprende el CAT es decirle al Estado que firmó o que ratificó la Convención, que cambie la legislación y copie las definiciones de la ONU, y además, con una posibilidad de alegación de la víctima, aumenta su efectividad. Entre tanto, es importante que el Estado le dé prioridad a la ratificación de la Convención, así los abogados sabrán como litigar en los tribunales y plantear que se violaron los DDHH  de su cliente, en función del primer artículo de la Convención contra la Tortura. Esta homogeinización,  en la que el Estado cedió una parte de su autonomía porque reconoce que para luchar contra un crimen mayor: “No me alcanzan mis fuerzas, entonces me voy a poner de acuerdo con otros 190 países para unificar la lucha“. Aceptas que el órgano te controle, y en el Estado hay un abandono de definiciones ambiguas en cuanto a la tortura, porque hay países que tienen hasta tres definiciones distintas en el Código civil y en la Constitución.