SE IMPONE LA LEGALIDAD

2013-01-09 04:00:00

El gobierno estatal detuvo ayer por la mañana las obras de construcción del teleférico, después de que el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Sergio Raúl Arroyo García, hizo una inspección por los trabajos que se realizan donde se ubicaba la Antigua Casa del Torno, inmueble que fue destruido por la administración encabezada por Rafael Moreno Valle Rosas.

Es en verdad extraño que en este país las instituciones y quienes las integran apliquen la ley, sobre todo cuando ésta afecta los intereses de grupos poderosos y, particularmente, si se trata de gobiernos.

Por eso no resulta exagerado hacer un reconocimiento al INAH y al Juzgado Cuarto de Distrito que se han decidido por cumplir con  su obligación de acatar y hacer acatar la ley, en este caso al gobierno del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, que en el caso del teleférico pasó por alto autoridades y disposiciones legales en un afán hasta ahora absurdo por realizar en tiempos maratónicos una obra que resulta a todas luces frívola –cuando no perjudicial– ante las múltiples carencias que tiene la entidad.

En efecto, las autoridades federales encargadas de proteger el patrimonio histórico de la actual administración han marcado en este momento una distancia y una posición completamente distinta a la que adoptaron los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, que fueron omisos y muchas veces alentadores de verdaderas transgresiones legales y agresiones a inmuebles y otros bienes de la nación.

Ojalá que este tipo de acciones, que deberían ser la norma, se repitan con más frecuencia en las autoridades federales, pero es también deseable que la administración local siente de una vez por todas cabeza y comprenda que su deber primordial –antes de hacer obras de relumbrón o aspirar a proyectos transexenales– es cumplir la ley, no violarla.