El Congreso indecente
Política •
22 Febrero 2013 - 5:06am — José Luis Preciado
los actos impropios ocasionan un daño irreparable a la imagen, ya
tan deteriorada, de los integrantes del poder Legislativo y ofenden al
ciudadano, cansado de ver tanto circo.
Foto: Milenio
Jorge Luis Preciado.
Sin duda, existen reformas urgentes: energética, hacendaria, en telecomunicaciones, de la comisión anticorrupción, regulación de la deuda de los estados, el fuero, a las figuras de arraigo y testigos protegidos, por decir algunas de las 95 enlistadas en el Pacto por México.
Dichas reformas las tendrá que llevar a cabo el Congreso de la Unión, esto es tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores como los Congresos estatales en caso de modificaciones a la Constitución.
Sin embargo, hay una reforma que no ha sido mencionada dentro del Pacto por México: la reforma de los que “reforman”, es decir crear una nueva ley del Congreso. Esta sería la ley que autorregularía la actividad de todos los representantes ciudadanos y que establecería el proceso legislativo; su primer antecedente data de 1979 y tuvo una última actualización el 3 de septiembre de 1999.
Han pasado 14 años desde entonces y, por lo tanto, está rezagada en muchos de los temas que el Congreso tiene que resolver, como los siguientes:
EL INFORME PRESIDENCIAL
En la comparecencia para rendir la glosa anual de trabajo, el Presidente de la República ya no explica ante el Congreso de la Unión, representante del pueblo, las políticas públicas sobre las cuales ha desempeñado sus labores anuales de trabajo y se limita a enviar el informe por escrito.
Este diálogo con el Ejecutivo se perdió cuando al ex presidente Vicente Fox no le permitieron rendir su último informe de labores ante el Congreso. Desde entonces, ningún Presidente ha regresado a San Lázaro a presentar su documento de actividades, a pesar de que el Ejecutivo es otro de los poderes de la unión y también funge como representante de los ciudadanos.
En este punto urge una reforma para que se pueda dar el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la cual permita vigorizar las democracias modernas. Por ende, si México busca consolidar nuestra democracia, tiene que adaptar la Ley del Congreso para que este diálogo abierto y transparente pueda realizarse en beneficio de la ciudadanía, para que ésta conozca sobre los logros y políticas instauradas por el Ejecutivo federal y, lo que es mejor, pueda contribuir a una corrección en caso de que se presente un desatino de las dos partes. Tampoco se trata de volver al “Día del Presidente”, cuando la mayoría monolítica solo aplaudía. Los ciudadanos merecen respeto.
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES
No existe en la ley del Congreso ni en el reglamento del Senado un procedimiento claro que otorgue certeza para todos los que aspiran a ostentar un cargo como ministros de la Corte, embajadores cónsules, magistrados de los tribunales agrarios, administrativos, electorales, consejeros de la Judicatura Federal o altos funcionarios de Hacienda.
Esto impide que los ciudadanos y legisladores reconozcan normas claras y precisas para evaluar la actividad profesional y las características que deben exigirse a los aspirantes. También se desconoce si estas personas tienen que exhibir su declaración patrimonial, comparecer ante el pleno del Senado o en las comisiones.
Hoy se improvisa. El proceso se lleva a cabo a discreción de los integrantes de las comisiones y según los acuerdos previos realizados en lo “oscurito”, lo que violenta la certeza de las elecciones y atenta contra los parámetros democráticos, ya que en la medida que un país otorga procesos discrecionales, estos corren el riesgo de transformase en procesos plenipotenciarios a favor de quienes los ostentan.
Dicho de otra manera, hoy se realizan designaciones o ratificaciones por consigna, suavizando los procesos o endureciéndolos, dependiendo de quién lo solicita, y concluye en un reparto de posiciones para los partidos políticos representados por sus grupos parlamentarios, favoreciendo a unos cuantos grupos, como ha venido sucediendo.
Respecto a los nombramientos enviados por el Ejecutivo al Senado para otorgar los grados del Ejército mexicano, no existe un procedimiento que haga realidad la pretensión de la ratificación, que consiste en que el poder Legislativo haga contrapeso al Ejecutivo sin entorpecer las políticas públicas, pero sí que valide o verifique las bases legales y motivos que lo llevaron a tomar esas decisiones.
Lo que ocurre en estos momentos es el caso contrario: las ratificaciones de los nombramientos enviados a los senadores se vuelve un trámite sin mayor beneficio para los gobernados. Y, reitero, la repartición de posiciones o acuerdos favorables para quienes los aceptan sin mayor discusión.
COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS
En esta larga lista de procedimientos que no se encuentran regulados dentro del Congreso de la Unión también quiero destacar las comparecencias de los funcionarios públicos que son miembros del poder Ejecutivo, ya que al día de hoy no existe una sanción para aquellos que no asisten al llamado o mienten en los datos que expresan a los legisladores.
Estos eventos se han convertido en meras reuniones sin oficio ni beneficio real para la sociedad, perdiéndose el objetivo real, que es el de conocer las políticas públicas y poder intercambiar ideas siempre con el ánimo de realizar mejoras a favor de la sociedad.
TURISMO LEGISLATIVO
Tampoco existe regulación alguna para establecer un tabulador de viáticos y el sustento legal de los viajes que realizan los legisladores al extranjero. O lo que es lo mismo, cómo, cuándo y por qué viajarán al extranjero.
Hoy se hace a diestra y siniestra, conforme a los acuerdos internos entre grupos parlamentarios y sin ninguna transparencia, lo que en sí ya es una irregularidad. Y si consideramos que el dinero erogado es de los ciudadanos que pagan impuestos, resulta claro que deben existir cuentas claras, transparentar las agendas a realizarse durante la visita al extranjero, así como establecer un tabulador de gastos. No es lógico que se haga turismo legislativo a costa de los mexicanos que trabajan para llevar el sustento a sus hogares; vamos, la tecnología es una maravilla en la cual podemos viajar en cuestión de segundos a donde se quiera.
CÓDIGO DE ÉTICA
Del mismo modo, no existe un código de ética de los legisladores que regule las conductas personales a cargo de los miembros del Congreso de la Unión, y así pueda sancionar las conductas que no resultan muy ortodoxas o acordes al marco legal.
Por ejemplo, quienes utilizan placas en los automóviles para “charolear”, infringiendo disposiciones legales y que por el fuero no pueden ser sancionados; los que conducen su automóvil en estado de ebriedad o se amparan contra el alcoholímetro y cumplen su sentencia en día laboral. O aquel que se orina en la banqueta, o el “teibolero”, o alguna otra conducta impropia de un representante ciudadano.
Estas acciones por sí mismas ocasionan un daño irreparable a la imagen, ya de por sí tan deteriorada, de los integrantes del poder Legislativo y ofenden al ciudadano, que está cansado de ver tanto circo político. Que no se nos olvide que es gracias a los miles de mexicanos que votaron por nosotros, independientemente del partido político al cual pertenezcamos, a quienes les debemos el nombramiento y un buen sueldo.
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*Senador del PAN, presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
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