PGJDF ya no presentará a las personas detenidas ante los medios

De ahora en adelante durante la conferencia de prensa sólo se podrá presentar una imagen de los presuntos delincuentes

Filiberto Cruz Monroy / Foto: Archivo

03/04/2013 05:41

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril.- Como una práctica común, las personas detenidas y acusadas de algún delito fueron presentadas ante los medios de comunicación durante décadas, y en algunas ocasiones la prensa tenía oportunidad de interactuar con los presuntos culpables a través de preguntas o induciendo su pose para la lente.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el que modifica el Protocolo para la Presentación ante los Medios de Comunicación de Personas Puestas a Disposición del Ministerio Público.
La publicación termina con las presentaciones en vivo de los detenidos, a disposición de la representación social, y advierte que la PGJDF se limitará a difundir la fotografía de los probables responsables, evitando que sean fotografiados y videograbados.
Ahora se realizará una conferencia de prensa presidida por el procurador capitalino o un subalterno, quienes explicarán en qué circunstancias se logró la detención y de qué cargos es acusada la o las personas.
Al finalizar dicha conferencia ya no se presentará ante los medios a los inculpados sino que el área de comunicación social se encargará de divulgar las fotografías de los mismos a través de correo electrónico o inclusive de papel impreso.
La PGJDF establece que serán presentadas ante los medios de comunicación las fotografías de las personas que se encuentren puestas a disposición del Ministerio Público solo cuando hayan sido detenidas en flagrancia o caso urgente, en los supuestos siguientes:
“Que se trate de delitos graves así considerados por la Ley y que se presuma que el probable responsable pudiera estar relacionado con otras conductas delictivas en razón del modus operandi, la estadística criminal de las coordinaciones territoriales y, que la presentación de las fotografías pudiera derivar que sea identificado por otras víctimas del delito”, advierte.
El otro supuesto será cuando “se trate de delitos considerados como de alto impacto social, que son aquellos que por su naturaleza, riesgo social, circunstancias personales de las víctimas y probables responsables, bien jurídico tutelado, monto tratándose de delitos patrimoniales y todos aquellos casos que sean trascendentes informar a la ciudadanía de la detención del probable responsable”.
El documento asegura que la aplicación del citado protocolo se ha llevado a cabo como una política de transparencia y efectiva protección a los derechos humanos de las personas y con efectos positivos, al fortalecer el derecho a la información de la ciudadanía y el efectivo acceso a la justicia de las víctimas.

El 16 de abril de 2012 se publicaron otras modificaciones al acuerdo del protocolo para las presentaciones. Se estableció que se permitía la difusión de algunos datos personales que antes se habían prohibido, como alias, nacionalidad, edad o antecedentes penales, siempre y cuando sean importantes para que otros ciudadanos puedan identificar al probable responsable.
El anterior procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, señaló en aquella ocasión que con dichas modificaciones se conseguía un balance y armonía entre los derechos humanos de las víctimas y de los agresores.
Antes, la CDHDF presentó una recomendación elaborada con base a los testimonios de 50 detenidos y que a la postre no se pudo acreditar su participación en el delito que se les imputaba.
Los dos casos más representativos entre esas 50 personas son el de Mariel Solís Martínez y el de Carlos Fernando Cázares Ocaña. Solís Martínez fue acusada de participar en el robo de dos catedráticos de la UNAM, donde uno de ellos perdió la vida, ocurrido en inmediaciones de Ciudad Universitaria, en agosto de 2009. La PGJDF aseguraba que la mujer cooperó con los autores materiales de robo señalándoles cuánto dinero habían retirado las víctimas en el banco.
Cázares Ocaña fue señalado por la PGJDF como cómplice del intento de homicidio del futbolista paraguayo Salvador Cabañas, luego de que aseverara obstaculizó las investigaciones que se realizaron en el antro conocido como Bar Bar.
El subprocurador de averiguaciones previas centrales de la PGJDF, Edmundo Garrido Osorio, calificó como positivos los cambios realizados al protocolo para la presentación de personas puestas a disposición del MP.
“Sin duda es importante para el cumplimiento de los derechos humanos de los probables responsables y podemos cumplir con los derechos de las víctimas para que identifiquen al detenido a través de la difusión de sus fotografías”, concluyó.
La CDHDF espera más
“En papel está bonito, pero vamos a ver cómo funciona en los hechos”, respondió el ombudsman capitalino Luis González Placencia ante el cese de presentaciones de detenidos por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)  aceptó que este acuerdo representa un avance en derechos humanos, los criterios que mantienen la presentación de fotografías representan una amenaza a las garantías individuales.
“Sí es un avance sustancial; queda todavía el debate que la Comisión Interamericana y esta comisión hemos pronunciado de que esta práctica no tenga ningún tipo de excepción, simplemente no se presenten a las personas hasta que no estén frente a un juez”, señaló.
La CDHDF envió a la PGJDF en 2012 la recomendación 3/2012 en la que le solicitaba eliminar la práctica generalizada de exhibir públicamente ante los medios de comunicación a los presuntos delincuentes.
En ese momento 50 personas denunciaron públicamente haber sido exhibidos sin antes haber comprobado la culpabilidad, por lo que consideraban se había violado el derecho a la presunción de inocencia, derecho a la defensa, de igualdad ante la ley y los tribunales, a la honra, reputación, a la vida privada, así como haber recibido tortura.
El expediente CDHDF/121/12TP/10/N3987 relata el caso de Aldo Christopher Granada González, quien fue detenido arbitrariamente por policías que relacionaban su nombre a una banda de clonadores de tarjetas.
González Placencia reiteró la importancia del final de esta práctica como modelo para los estados del país, ya que aunque a escala federal no se realicen presentaciones desde el cambio de gobierno, sigue siendo una práctica común en los municipios.
“Tenemos un avance muy significativo, porque en el resto del país, tanto en los municipios como en los estados, ésta es una práctica común que además se venía acuerpando en el seno de la Conferencia Nacional de Procuradores y el Consejo de Seguridad Pública; y que el Distrito Federal haya dado ese paso es muy significativo, porque seguramente esto tendrá influencia en otros estados del país”, dijo.
A escala federal
Como publicó Excélsior, el nuevo gobierno federal también emprendió una estrategia ante la detención de presuntos delincuentes, evitando la exhibición de los detenidos en los medios de comunicación, pero con el objetivo principal de disminuir la percepción de violencia en la sociedad y evitar  la apología del crimen.
Este diario adelantó el pasado 23 de enero que la estrategia, diseñada desde la Presidencia de la República, evita en lo posible dar a conocer los “alias” de los delincuentes, la operación de bandas criminales o de cárteles del narcotráfico para evitar que traten de imitarlos en sus actividades o incluso en su forma de vestir.
La idea en general plantea que los delincuentes sean vistos como seres antisociales que ocasionan un grave daño a la población.
asj