Núñez inventó la quiebra: ex tesorero de Tabasco
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3 Junio 2013 - 4:00am — Redacción
“Se trata de un burdo montaje, los motivos de esta persecución
político-mediática me son ajenos”, dice; SHCP conoce el ejercicio de
cada peso entre 2007 y 2012, asegura.
Foto: Especial
José Manuel Saiz Pineda espera que impere la justicia.
México • El ex secretario de Finanzas del
gobierno de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, rechazó tajantemente que
la administración de Andrés Granier haya dejado en quiebra financiera a
la entidad, y acusó al gobernador Arturo Núñez de inventar cifras del
endeudamiento estatal con fines mediáticos.
Al responder por escrito un cuestionario de MILENIO Diario, Saiz Pineda sostuvo que la Secretaría de Hacienda sabe que cada peso ingresado a las arcas del gobierno tabasqueño entre 2007 y 2012 fue ejercido con soporte documental amplio y suficiente.
“¿Usted cree que Hacienda iba a permitir un faltante de mil 918 millones 597 mil 977 pesos? Además, hay documentos oficiales, elaborados por el gobierno actual, que dan cuenta de las cifras reales, no inventadas o diseñadas con fines mediáticos”, puntualizó.
Como responsable de las finanzas públicas de Tabasco en la pasada administración, el ex funcionario subrayó que las reconocidas certificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s no hallaron ninguna anomalía en las cuentas.
Aseguró que el monto real de los adeudos del gobierno estatal al 31 de diciembre de 2012 era de 8 mil 799 millones de pesos, como lo registra un documento elaborado por quienes hoy lo acusan de desfalco: “fueron ellos quienes lo revisaron y lo presentaron en tiempo y forma al Congreso”.
Precisó que la referida cifra incluye la deuda a largo plazo y otros adeudos, y no solo lo que oficialmente se considera deuda pública y que la Secretaría de Hacienda reporta en sus informes.
Detalló que los créditos a largo plazo con bancos comerciales ascendían a 4 mil 440 millones de pesos al término de la administración de Granier, mientras la deuda con Banobras era de 2 mil 47 millones, de los cuales el gobierno de Núñez no pagaría más que intereses, porque corresponde al gobierno federal amortizar el capital.
Adicionalmente, los pasivos a corto plazo de proveedores, acreedores diversos y ajustes de participaciones federales sumaban mil 564 millones de pesos, más 129 millones por concepto de impuestos por pagar y retenciones del ISR, así como 53 millones de pesos en el renglón de fianzas.
“Esas cifras son comprobables, tengo los elementos probatorios suficientes para aclarar las cosas, y además nadie de mi equipo de trabajo en la Secretaría (de Finanzas) fue requerido para hacer aclaraciones o para ofrecer explicaciones adicionales. Evidentemente no les interesa. Yo mismo estuve dispuesto y atento a comparecer desde el inicio del problema, pero no recibí ninguna llamada”, dijo.
El ex secretario insistió así en que “la administración estatal no se encontraba en quiebra financiera (al momento de entregarla a Núñez) y existen todos los soportes documentales para comprobarlo”.
Saiz Pineda se refirió también a los 88 millones de pesos en efectivo presuntamente encontrados en un inmueble de su propiedad:
“Se trata de un burdo montaje, los motivos reales de esta persecusión político-mediática me son ajenos. Lo que sí puedo afirmar es que me defenderé con la ley en la mano y aportando todas las pruebas de las acusaciones que en mi contra hace la actual administración de Tabasco y que carecen de sustento jurídico y financiero.”
Afirmó que en ningún momento hubo ocultamiento de información ni desviación de recursos federales y estatales para su beneficio personal.
“Ni es mío ese dinero, ni es cierta la afirmación del procurador (Fernando) Valenzuela. Es muy grave que las autoridades de Tabasco recurran al montaje y siembra de pruebas falsas, pero es más grave aún que estén llegando al extremo de recurrir a la tortura como el caso de la señora Marlis Cupil, quien ha acreditado los daños sufridos en su persona, así como las amenazas y presiones recibidas por personal de la procuraduría para incriminarme mediante confesiones absurdas”, insistió.
Demandó por ello al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela a que ciñan su actuación a la justicia y al respeto a las leyes que ellos, más que nadie, están obligados a prodigar.
“Le exijo al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela que aclaren el origen de ese dinero. Exijo y seguiré exigiendo justicia y respeto a las leyes. Espero que recapaciten y actúen en consecuencia, y de lo contrario, confío en que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclaren y sancionen debidamente el infundio y los abusos”, arengó.
En vísperas de la cita a comparecer ante el Ministerio Público como probable responsable de desvío de recursos públicos, el ex secretario de Finanzas advirtió un ambiente de “linchamiento orquestado” en su contra.
Sostuvo que no existen en Tabasco garantías para un proceso justo, pues a su juicio tanto la procuración como la impartición de justicia en la entidad están subordinadas a las indicaciones políticas de Arturo Núñez y “de quien él mismo llama su jefe, (Andrés Manuel) López Obrador”.
No obstante, Saiz Pineda aseguró tener los elementos probatorios suficientes para responder a las imputaciones en su contra e insistió en que existe un manejo tendencioso de la información financiera en el estado.
“En lo inmediato, espero que impere la justicia, que termine la estrategia de persecución y linchamiento, que se verifiquen las cifras que dejamos, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las calificadoras, pues ahí está la verdad, y no la que dice Arturo Núñez”, puntualizó.
Al responder por escrito un cuestionario de MILENIO Diario, Saiz Pineda sostuvo que la Secretaría de Hacienda sabe que cada peso ingresado a las arcas del gobierno tabasqueño entre 2007 y 2012 fue ejercido con soporte documental amplio y suficiente.
“¿Usted cree que Hacienda iba a permitir un faltante de mil 918 millones 597 mil 977 pesos? Además, hay documentos oficiales, elaborados por el gobierno actual, que dan cuenta de las cifras reales, no inventadas o diseñadas con fines mediáticos”, puntualizó.
Como responsable de las finanzas públicas de Tabasco en la pasada administración, el ex funcionario subrayó que las reconocidas certificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody’s no hallaron ninguna anomalía en las cuentas.
Aseguró que el monto real de los adeudos del gobierno estatal al 31 de diciembre de 2012 era de 8 mil 799 millones de pesos, como lo registra un documento elaborado por quienes hoy lo acusan de desfalco: “fueron ellos quienes lo revisaron y lo presentaron en tiempo y forma al Congreso”.
Precisó que la referida cifra incluye la deuda a largo plazo y otros adeudos, y no solo lo que oficialmente se considera deuda pública y que la Secretaría de Hacienda reporta en sus informes.
Detalló que los créditos a largo plazo con bancos comerciales ascendían a 4 mil 440 millones de pesos al término de la administración de Granier, mientras la deuda con Banobras era de 2 mil 47 millones, de los cuales el gobierno de Núñez no pagaría más que intereses, porque corresponde al gobierno federal amortizar el capital.
Adicionalmente, los pasivos a corto plazo de proveedores, acreedores diversos y ajustes de participaciones federales sumaban mil 564 millones de pesos, más 129 millones por concepto de impuestos por pagar y retenciones del ISR, así como 53 millones de pesos en el renglón de fianzas.
“Esas cifras son comprobables, tengo los elementos probatorios suficientes para aclarar las cosas, y además nadie de mi equipo de trabajo en la Secretaría (de Finanzas) fue requerido para hacer aclaraciones o para ofrecer explicaciones adicionales. Evidentemente no les interesa. Yo mismo estuve dispuesto y atento a comparecer desde el inicio del problema, pero no recibí ninguna llamada”, dijo.
El ex secretario insistió así en que “la administración estatal no se encontraba en quiebra financiera (al momento de entregarla a Núñez) y existen todos los soportes documentales para comprobarlo”.
Saiz Pineda se refirió también a los 88 millones de pesos en efectivo presuntamente encontrados en un inmueble de su propiedad:
“Se trata de un burdo montaje, los motivos reales de esta persecusión político-mediática me son ajenos. Lo que sí puedo afirmar es que me defenderé con la ley en la mano y aportando todas las pruebas de las acusaciones que en mi contra hace la actual administración de Tabasco y que carecen de sustento jurídico y financiero.”
Afirmó que en ningún momento hubo ocultamiento de información ni desviación de recursos federales y estatales para su beneficio personal.
“Ni es mío ese dinero, ni es cierta la afirmación del procurador (Fernando) Valenzuela. Es muy grave que las autoridades de Tabasco recurran al montaje y siembra de pruebas falsas, pero es más grave aún que estén llegando al extremo de recurrir a la tortura como el caso de la señora Marlis Cupil, quien ha acreditado los daños sufridos en su persona, así como las amenazas y presiones recibidas por personal de la procuraduría para incriminarme mediante confesiones absurdas”, insistió.
Demandó por ello al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela a que ciñan su actuación a la justicia y al respeto a las leyes que ellos, más que nadie, están obligados a prodigar.
“Le exijo al gobernador Núñez y al procurador Valenzuela que aclaren el origen de ese dinero. Exijo y seguiré exigiendo justicia y respeto a las leyes. Espero que recapaciten y actúen en consecuencia, y de lo contrario, confío en que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aclaren y sancionen debidamente el infundio y los abusos”, arengó.
En vísperas de la cita a comparecer ante el Ministerio Público como probable responsable de desvío de recursos públicos, el ex secretario de Finanzas advirtió un ambiente de “linchamiento orquestado” en su contra.
Sostuvo que no existen en Tabasco garantías para un proceso justo, pues a su juicio tanto la procuración como la impartición de justicia en la entidad están subordinadas a las indicaciones políticas de Arturo Núñez y “de quien él mismo llama su jefe, (Andrés Manuel) López Obrador”.
No obstante, Saiz Pineda aseguró tener los elementos probatorios suficientes para responder a las imputaciones en su contra e insistió en que existe un manejo tendencioso de la información financiera en el estado.
“En lo inmediato, espero que impere la justicia, que termine la estrategia de persecución y linchamiento, que se verifiquen las cifras que dejamos, los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las calificadoras, pues ahí está la verdad, y no la que dice Arturo Núñez”, puntualizó.
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