LOS CONTRATOS DE RIESGO COMPARTIDO: NUEVO ASALTO A TELECOM[1]
Jorge Enrique Robledo Castillo[2]
Si los contratos de Riesgo Compartido se hubieran desarrollado según lo supuestamente acordado, Telecom habría conseguido 1.800.000 líneas telefónicas sin poner ni un peso y las transnacionales habrían invertido 1.527 millones de dólares y recuperado 2.368 millones, con una utilidad enorme. Pero las líneas instaladas llegaron a 1.590.000, las vendidas a 1.077.000 y los ingresos fueron inferiores en el 72 por ciento, desfase inmenso que no les impide a los monopolios extranjeros aspirar a embolsillarse 3.008 millones de dólares, de los cuales Telecom, el socio que no debía poner ni un peso, deberá aportar 2.088 millones
Como parte de las políticas de la privatización neoliberal, la Ley 37 de 1993 autorizó a Telecom para suscribir contratos de Riesgo Compartido o joint ventures, negocios que en su momento se presentaron como de maravilla porque con ellos se instalarían millones de líneas telefónicas sin que la empresa tuviera que poner ni un solo peso, dado que las nuevas inversiones correrían por cuenta de los asociados del capital privado, quienes se cobrarían sus gastos y ganancias con los pagos que hicieran los usuarios, y, al final, la empresa se quedaría con la propiedad de la nueva infraestructura, lo que le permitiría aumentar sus ventas por llamadas. A primera vista, y como tales se presentaron, eran casi como regalos de navidad. En desarrollo de esta política, que desde el principio fue denunciada y repudiada por los trabajadores de Telecom, entre 1993 y 1997 la empresa firmó 19 contratos con las transnacionales de la fabricación de equipos de telecomunicaciones Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec, para la instalación de 1.800.000 líneas telefónicas en caseríos y cabeceras municipales de 16 departamentos y en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Cali.
Pero como en ese tipo de negocios las transnacionales no se limitan a
vender los equipos que producen sino que también especulan como
intermediarios financieros y, en teoría, corren riesgos –de ahí el
nombre de los contratos–, cobran muy duro por sus servicios. Según lo
pactado, los monopolios invertirían 1.527 millones de dólares y sacarían
2.368 millones, es decir, 55 por ciento de utilidades en dólares, una
utilidad bien alta que salía de aceptarles una Tasa Interna de Retorno
del 12 por ciento, cuatro puntos por encima de la tasa de interés de la
Libor, o sea, 50 por ciento más costosa que un crédito internacional[3],
lo que de entrada, y para ilustrar el punto, muestra que para Telecom
hubiera sido mejor conseguir prestada la plata de la inversión y
pagarles de contado los equipos a las firmas extranjeras que los
producen. Para lograr esas utilidades las transnacionales cobraron por
cada línea telefónica 782 dólares en promedio, cuando en el mercado se
conseguían a menos de 500. Como es notorio, y aún aceptando que las
asociadas corrían riesgos, el negocio era pésimo para Telecom y para el
país. Claro que los burócratas que firmaron los contratos podían alegar a
su favor que como esos precios no los pagaba Telecom sino los usuarios y
que las nuevas líneas aumentarían en el futuro las llamadas a través de
las redes de la empresa, pues qué importaba que cada teléfono le
saliera bien caro a los colombianos.
Pero a la hora de nona, la propia Telecom terminó metida en el “el peor negocio de la historia” de Colombia, como lo llama la revista Semana. Y no solo porque aceptó adquirir unas líneas carísimas sino porque en una operación en la que la empresa –hay que insistir– no debía aportar ni un peso, puede terminar pagando, según sean los resultados de los pleitos con las transnacionales, entre 800 y 1.855 millones de dólares, además de los 203 millones que ya tuvo que pagarles por “valor de rescate” de algunos de los contratos. Los dineros en litigio, más los 1.123 millones de dólares que ya recibieron las asociadas (926 millones de dólares por los recaudos de las líneas vendidas y los 203 millones de Telecom ya mencionados), significan que cada línea telefónica instalada costará entre 1.222 y 2.172 dólares, suma que contrasta, y mucho, con la ya muy alta de 782 dólares que se pactó en los joint ventures. Para darse una idea de la plata en juego, digamos que el negociado de Dragacol gira en torno a 11.5 millones de dólares y el de TermoRío a 61 millones.
Mucho riesgo y nada compartido
Las razones de este descalabro tienen que ver con que los contratos, en su letra menuda, eran aún peores que lo que parecían, pues casi todo el riesgo, que a la ciudadanía se le presentó como compartido con las transnacionales, lo asumió Telecom. Si las tarifas, el número de llamadas y los cargos de conexión disminuían en relación con lo calculado al firmarse los negocios, pagaba Telecom; si la devaluación aumentaba, pagaba Telecom; y si la cartera crecía, también pagaba Telecom. Incluso, en los dos primeros negocios se estableció que si las líneas instaladas no se vendían, de todos modos las pagaba Telecom. Estas cláusulas leoninas son las que explican por qué la empresa está dispuesta a pagarle a los asociados 800 millones de dólares por terminar los contratos, los cuales se les agregarían a los 1.143 millones que ya recibieron. Pero como las transnacionales alegan que, en todos los negocios, la empresa se comprometió a asegurarles las ganancias acordadas, así cayeran los ingresos y las líneas instaladas no se vendieran, entonces exigen que el valor de rescate llegue a 1.855 millones de dólares. El cinismo de los monopolistas extranjeros ha llegado a tanto, que también alegan que los acuerdos no eran de Riesgo Compartido sino de simple compraventa, pues sus utilidades no podían ser inferiores, pasara lo que pasara, a la Tasa Interna de Retorno del 12 por ciento, más o menos una pequeña variación.
Además de los términos en que se pactó el supuesto Riesgo Compartido, también llaman la atención las enormes diferencias entre lo que se esperaba al firmarse los contratos y lo que sucedió en la realidad, aspecto que era el que, en últimas, definía el nivel del riesgo general del negocio, pues si los supuestos no se cumplían la operación no podía culminar con éxito. Y las distancias entre lo que se supuso que ocurriría y lo que sucedió son de escándalo: se contrató la instalación de 1.804.000 líneas, pero, ante la ausencia de compradores, las instaladas se redujeron a 1.590.000 y de éstas hay más de 413 mil sin vender, lo que da un error de 623 mil líneas. Errores también enormes ocurrieron con los ingresos calculados por tarifas y conexiones, los cuales se sobrestimaron en 72 por ciento, sobrestimaciones todas que los mismos analistas señalan que tuvieron como una de sus causas suponer que el Producto Interno Bruto iba a crecer “por encima del promedio histórico”[4] y que solo puede explicarse por una inmensa ignorancia o notoria mala fe de quienes elaboraron los supuestos básicos en que se fundamentaron los contratos, pues para el momento de sus firmas ya era evidente que la economía nacional iba a ser gravemente dañada por la apertura neoliberal. Al respecto, la Contraloría General de la República denunció que los cálculos que le sirvieron de base a los joint ventures los realizó Telecom (¿a partir de cifras de Planeación Nacional?), lo que en sí mismo no es problema, pero que los aceptaron las transnacionales sin que mediaran de su parte análisis serios, lo que sí debe considerarse a todas luces sospechoso porque, supuestamente, del acierto o no de esas cuentas dependían sus ganancias o sus pérdidas. Claro que ahora, cuando se destapó que los riesgos los corría Telecom, se entiende por qué esos avezados monopolios le aceptaron sin discusión las cuentas a una empresa tercermundista que muy seguramente en su fuero interno desprecian, cuentas que podía saberse, y así lo demostró la experiencia, estaban infladas.
Antes de continuar con el tema, un paréntesis que viene al caso. En la Colombia neoliberal, los cálculos inflados en los llamados contratos de Riesgo Compartido entre el Estado y los particulares son la norma, según ha ocurrido también con otros de su tipo. En 1999, el Invías tuvo que pagarle a los concesionarios privados de las carreteras 77 mil millones de pesos por los vehículos que debieron pasar por las casetas de peaje, según las cuentas alegres de los contratos, pero que no pasaron. Y la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) le ha pagado, a diciembre de 2001, más de 90 mil millones de pesos a Termodorada por una energía que ni siquiera se ha producido, pues en el negocio se estableció que si la Chec no necesitaba ese fluido de todos modos pagaría por la “disponibilidad” para producirlo.
La arremetida viene de atrás
Al enorme hueco que los joint ventures le hacen a las finanzas de Telecom –bien sea que se termine pagando lo que aceptan sus directivas o lo que reclaman las transnacionales–, hay que sumarle las demás pérdidas que le han generado las políticas de privatización por tarifas y por el ingreso al mercado de larga distancia de las compañías de telefonía celular y las que le compiten desde teléfonos fijos, las cuales operan a través de los equipos de Telecom, que en este caso fue obligada por el gobierno a unos contratos que le significaron recibir 300 millones de dólares por una sola vez, a cambio de dejar de percibir 200 millones de dólares anuales[5]. De ahí que a diciembre de 2000 la participación de Telecom en el mercado de Larga Distancia Nacional disminuyera en 24 por ciento y la de Larga Distancia Internacional en 34 por ciento, y que entre 1992 y 2000 su margen operacional pasara de 2.9 a –33 por ciento. También afecta negativamente a las finanzas de Telecom que se le haya impuesto operar en 580 municipios con menos de mil líneas instaladas, en donde la telefonía no puede ser rentable, lo que le significa transferir subsidios que llegan a medio billón de pesos anuales[6] y que el gobierno nacional no le paga.
Es evidente que, ante el fracaso del gobierno de César Gaviria para venderle Telecom a los extranjeros, tentativa que se frustró por la valerosa lucha de los trabajadores en 1992, la política neoliberal ha consistido en estrangularla, lo que también explica por qué va a ser excluida del negocio de los PCS, la nueva telefonía inalámbrica.
El puntillazo
La “solución” del gobierno a los leoninos contratos de joint ventures, aprobada en el Documento Conpes 3145 del 6 de diciembre de 2001, consiste en aceptar que la deuda con las transnacionales que intentan defraudar a Telecom no es menor a 800 millones de dólares y que en parte esa suma se atienda con un crédito externo a su cargo por 600 millones de dólares, deuda que garantizaría la Nación pero con la previa pignoración al gobierno nacional de las 1.6 millones de líneas telefónicas que la empresa posee entre Capitel y las llamadas “teleasociadas”, lo que seguramente conducirá a que éstas se privaticen. Así sea con el lenguaje sibilino que les es propio, en el mismo Documento se hace profesión de fe por las bondades de la privatización: “las características particulares del sector han llevado a una permanente expansión de las empresas líderes, logrando procesos de internacionalización y globalización. En consecuencia, es básico que las empresas locales reaccionen positivamente al proceso de globalización, permitiendo que todos sus usuarios se beneficien de todas las ventajas que este fenómeno trae consigo”.
Y también con el pretexto de contribuir con la “solución” de la crisis de Telecom, el Documento Conpes 3145 pone como condición para el aval de la Nación al crédito de los 600 millones de dólares que los trabajadores entreguen sus derechos legales en salarios, pensiones, estabilidad laboral, primas, etc., agresión que sustentan con el argumento falaz de que son los “privilegios laborales” los responsables de la crisis, como si no se conociera lo mucho que las políticas oficiales han conspirado en contra de las finanzas de la empresa y que en 2001 los sueldos y salarios de los trabajadores costaron 101 mil millones de pesos, apenas el 4.92 por ciento de los ingresos de Telecom[7]. ¿Habrá alguna “solución” neoliberal que no incluya hacer más pobres a los pobres y a las capas medias del país y reducir o eliminar la estabilidad laboral de los asalariados?
Y el gringo ahí
El recuento y análisis de estos hechos no debe concluir sin decir que los 800 millones de dólares que las directivas de Telecom y el Conpes reconocen como el valor de rescate que debe pagárseles a las transnacionales por los contratos de Riesgo Compartido no tienen origen en cálculos realizados internamente por la empresa, sino en cuentas del consorcio Corporación Financiera del Valle y Durán, Acero y Osorio, Abogados Asociados, estudio que fue pagado con un crédito externo contraído por el ministerio de Hacienda y el cual exige, como todos los de su tipo, que los consultores sean de aceptación del prestamista. Y en el pleito con las transnacionales sobre las sumas en disputa, representa a Telecom la RC Corporate Consultants, filial de la banca de inversión Rothschil, la cual preside en Colombia Armando Montenegro Trujillo, el mismo que fuera director de Planeación Nacional del gobierno de Cesar Gaviria, cuando se embarcó al país en los joint ventures. Si las cosas les salen a este consultor según lo previsto, recibirá por sus servicios unos nueve mil millones de pesos[8].
El último suceso sobre este tema corrió por cuenta de William Lash, Secretario Adjunto de Comercio de Estados Unidos, quien vino a Colombia a presionar pública y descaradamente para que les pagaran a dos transnacionales de su país dos contratos en litigio: el famoso, por corrupto, de TermoRío y uno de los de Riesgo Compartido entre Telecom y Nortel, que está a la espera de una decisión del Consejo de Estado sobre un fallo de un tribunal de arbitramento que le ordenó a la empresa pagarle a la transnacional 73 millones de dólares. El tono imperial del chantaje de Lash no pudo ser más explícito: “Le enviamos al gobierno un mensaje muy claro: para gozar de los beneficios del Atpa, que está pendiente en el Congreso (de Estados Unidos), tiene que demostrar que está honrando las decisiones de los tribunales de arbitramento, lo cual está seriamente en duda dado lo ocurrido en Nortel, para poner un ejemplo”. Y cuando el periodista le preguntó por qué relacionaba la aprobación del Atpa con las decisiones de la justicia colombiana, contestó: “El Atpa fue creado para compensar a los países en su lucha contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos”[9].
Conclusiones
En conclusión, si los contratos de Riesgo Compartido se hubieran desarrollado según lo supuestamente acordado, Telecom habría conseguido 1.800.000 líneas telefónicas sin poner ni un peso y las transnacionales habrían invertido 1.527 millones de dólares y recuperado 2.368 millones, con una utilidad enorme. Pero las líneas instaladas llegaron a 1.590.000, las vendidas a 1.077.000 y los ingresos fueron inferiores en el 72 por ciento, desfase inmenso que no les impide a los monopolios extranjeros aspirar a embolsillarse 3.008 millones de dólares, de los cuales Telecom, el socio que no debía poner ni un peso, deberá aportar 2.088 millones. Y ya el gobierno de Andrés Pastrana –sumiso, como siempre, ante el capital extranjero– aceptó pagarles entre 800 y 1.885 millones, además de los 1.123 millones recibidos, a pesar de que los propios alegatos de las transnacionales demuestran la ilegalidad de los contratos en pleito, pues éstos se firmaron bajo la figura del Riego Compartido que establece la Ley 37 de 1993.
Es la eterna historia de los contratos con los que el capital extranjero le “ayuda” al desarrollo nacional, negociados que se remontan a los inicios del siglo XX con la explotación del petróleo, sector en el que se hicieron famosos los llamados “abogados petroleros”, rábulas que se enriquecieron intrigando, sobornando y pleiteando en contra de los intereses de Colombia. Lo normal consiste en que se pactan condiciones de por sí lesivas para el país y, luego, éstas se empeoran a la hora de interpretarlas, lo que conduce a grandes y enredados pleitos que, casi indefectiblemente, los tribunales fallan en favor de las transnacionales.
Quien no entienda que el neoliberalismo no es una equivocación sino una conspiración en contra del interés nacional, fraguada entre el imperialismo norteamericano y los cipayos con los que gobierna a Colombia, no podrá comprender nada de lo que ocurre en el país.
[1] Salvo que se señale lo contrario, las cifras que se usan sobre los contratos de Riesgo Compartido son del Documento Conpes 3145 del 6 de diciembre de 2001 o de la Presidencia de Telecom. [2] Ex asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, fue director del Periódico el Usuario y es actual senador de la República por el MOIR. [3] Barreto Nieto, Luis Hernando, y Carlos Murcia, “El Futuro de Telecom”, Economía Colombiana, Febrero de 2002, p. 28. Éstos también señalan que en los sectores primario y secundario locales “la rentabilidad bruta promedio es de 9% y neta de 6%. [4] Ibid. [5] Sarmiento Palacio, Eduardo, en Apertura y privatización de las telecomunicaciones, p. 59, Ediciones Cedetrabajo, Bogotá, 1997. [6] Barrero Nieto, Luis Hernando... Op Cit. [7] Esta es la cifra que, según los trabajadores, aparece en el Balance de la Empresa. [8] Cifra aportada por la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (USTC). [9] “Atpa / Preferencias a Colombia están en vilo por casos de TermoRío y Nortel. E.U. lanza ultimátum”, El Tiempo, 30 de abril de 2002, p. 1-10.
Si los contratos de Riesgo Compartido se hubieran desarrollado según lo supuestamente acordado, Telecom habría conseguido 1.800.000 líneas telefónicas sin poner ni un peso y las transnacionales habrían invertido 1.527 millones de dólares y recuperado 2.368 millones, con una utilidad enorme. Pero las líneas instaladas llegaron a 1.590.000, las vendidas a 1.077.000 y los ingresos fueron inferiores en el 72 por ciento, desfase inmenso que no les impide a los monopolios extranjeros aspirar a embolsillarse 3.008 millones de dólares, de los cuales Telecom, el socio que no debía poner ni un peso, deberá aportar 2.088 millones
Como parte de las políticas de la privatización neoliberal, la Ley 37 de 1993 autorizó a Telecom para suscribir contratos de Riesgo Compartido o joint ventures, negocios que en su momento se presentaron como de maravilla porque con ellos se instalarían millones de líneas telefónicas sin que la empresa tuviera que poner ni un solo peso, dado que las nuevas inversiones correrían por cuenta de los asociados del capital privado, quienes se cobrarían sus gastos y ganancias con los pagos que hicieran los usuarios, y, al final, la empresa se quedaría con la propiedad de la nueva infraestructura, lo que le permitiría aumentar sus ventas por llamadas. A primera vista, y como tales se presentaron, eran casi como regalos de navidad. En desarrollo de esta política, que desde el principio fue denunciada y repudiada por los trabajadores de Telecom, entre 1993 y 1997 la empresa firmó 19 contratos con las transnacionales de la fabricación de equipos de telecomunicaciones Alcatel, Nortel, Ericcson, Siemens, Itochu y Nec, para la instalación de 1.800.000 líneas telefónicas en caseríos y cabeceras municipales de 16 departamentos y en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Manizales y Cali.
Pero como en ese tipo de negocios las transnacionales no se limitan a
vender los equipos que producen sino que también especulan como
intermediarios financieros y, en teoría, corren riesgos –de ahí el
nombre de los contratos–, cobran muy duro por sus servicios. Según lo
pactado, los monopolios invertirían 1.527 millones de dólares y sacarían
2.368 millones, es decir, 55 por ciento de utilidades en dólares, una
utilidad bien alta que salía de aceptarles una Tasa Interna de Retorno
del 12 por ciento, cuatro puntos por encima de la tasa de interés de la
Libor, o sea, 50 por ciento más costosa que un crédito internacional[3],
lo que de entrada, y para ilustrar el punto, muestra que para Telecom
hubiera sido mejor conseguir prestada la plata de la inversión y
pagarles de contado los equipos a las firmas extranjeras que los
producen. Para lograr esas utilidades las transnacionales cobraron por
cada línea telefónica 782 dólares en promedio, cuando en el mercado se
conseguían a menos de 500. Como es notorio, y aún aceptando que las
asociadas corrían riesgos, el negocio era pésimo para Telecom y para el
país. Claro que los burócratas que firmaron los contratos podían alegar a
su favor que como esos precios no los pagaba Telecom sino los usuarios y
que las nuevas líneas aumentarían en el futuro las llamadas a través de
las redes de la empresa, pues qué importaba que cada teléfono le
saliera bien caro a los colombianos.Pero a la hora de nona, la propia Telecom terminó metida en el “el peor negocio de la historia” de Colombia, como lo llama la revista Semana. Y no solo porque aceptó adquirir unas líneas carísimas sino porque en una operación en la que la empresa –hay que insistir– no debía aportar ni un peso, puede terminar pagando, según sean los resultados de los pleitos con las transnacionales, entre 800 y 1.855 millones de dólares, además de los 203 millones que ya tuvo que pagarles por “valor de rescate” de algunos de los contratos. Los dineros en litigio, más los 1.123 millones de dólares que ya recibieron las asociadas (926 millones de dólares por los recaudos de las líneas vendidas y los 203 millones de Telecom ya mencionados), significan que cada línea telefónica instalada costará entre 1.222 y 2.172 dólares, suma que contrasta, y mucho, con la ya muy alta de 782 dólares que se pactó en los joint ventures. Para darse una idea de la plata en juego, digamos que el negociado de Dragacol gira en torno a 11.5 millones de dólares y el de TermoRío a 61 millones.
Mucho riesgo y nada compartido
Las razones de este descalabro tienen que ver con que los contratos, en su letra menuda, eran aún peores que lo que parecían, pues casi todo el riesgo, que a la ciudadanía se le presentó como compartido con las transnacionales, lo asumió Telecom. Si las tarifas, el número de llamadas y los cargos de conexión disminuían en relación con lo calculado al firmarse los negocios, pagaba Telecom; si la devaluación aumentaba, pagaba Telecom; y si la cartera crecía, también pagaba Telecom. Incluso, en los dos primeros negocios se estableció que si las líneas instaladas no se vendían, de todos modos las pagaba Telecom. Estas cláusulas leoninas son las que explican por qué la empresa está dispuesta a pagarle a los asociados 800 millones de dólares por terminar los contratos, los cuales se les agregarían a los 1.143 millones que ya recibieron. Pero como las transnacionales alegan que, en todos los negocios, la empresa se comprometió a asegurarles las ganancias acordadas, así cayeran los ingresos y las líneas instaladas no se vendieran, entonces exigen que el valor de rescate llegue a 1.855 millones de dólares. El cinismo de los monopolistas extranjeros ha llegado a tanto, que también alegan que los acuerdos no eran de Riesgo Compartido sino de simple compraventa, pues sus utilidades no podían ser inferiores, pasara lo que pasara, a la Tasa Interna de Retorno del 12 por ciento, más o menos una pequeña variación.
Además de los términos en que se pactó el supuesto Riesgo Compartido, también llaman la atención las enormes diferencias entre lo que se esperaba al firmarse los contratos y lo que sucedió en la realidad, aspecto que era el que, en últimas, definía el nivel del riesgo general del negocio, pues si los supuestos no se cumplían la operación no podía culminar con éxito. Y las distancias entre lo que se supuso que ocurriría y lo que sucedió son de escándalo: se contrató la instalación de 1.804.000 líneas, pero, ante la ausencia de compradores, las instaladas se redujeron a 1.590.000 y de éstas hay más de 413 mil sin vender, lo que da un error de 623 mil líneas. Errores también enormes ocurrieron con los ingresos calculados por tarifas y conexiones, los cuales se sobrestimaron en 72 por ciento, sobrestimaciones todas que los mismos analistas señalan que tuvieron como una de sus causas suponer que el Producto Interno Bruto iba a crecer “por encima del promedio histórico”[4] y que solo puede explicarse por una inmensa ignorancia o notoria mala fe de quienes elaboraron los supuestos básicos en que se fundamentaron los contratos, pues para el momento de sus firmas ya era evidente que la economía nacional iba a ser gravemente dañada por la apertura neoliberal. Al respecto, la Contraloría General de la República denunció que los cálculos que le sirvieron de base a los joint ventures los realizó Telecom (¿a partir de cifras de Planeación Nacional?), lo que en sí mismo no es problema, pero que los aceptaron las transnacionales sin que mediaran de su parte análisis serios, lo que sí debe considerarse a todas luces sospechoso porque, supuestamente, del acierto o no de esas cuentas dependían sus ganancias o sus pérdidas. Claro que ahora, cuando se destapó que los riesgos los corría Telecom, se entiende por qué esos avezados monopolios le aceptaron sin discusión las cuentas a una empresa tercermundista que muy seguramente en su fuero interno desprecian, cuentas que podía saberse, y así lo demostró la experiencia, estaban infladas.
Antes de continuar con el tema, un paréntesis que viene al caso. En la Colombia neoliberal, los cálculos inflados en los llamados contratos de Riesgo Compartido entre el Estado y los particulares son la norma, según ha ocurrido también con otros de su tipo. En 1999, el Invías tuvo que pagarle a los concesionarios privados de las carreteras 77 mil millones de pesos por los vehículos que debieron pasar por las casetas de peaje, según las cuentas alegres de los contratos, pero que no pasaron. Y la Central Hidroeléctrica de Caldas (Chec) le ha pagado, a diciembre de 2001, más de 90 mil millones de pesos a Termodorada por una energía que ni siquiera se ha producido, pues en el negocio se estableció que si la Chec no necesitaba ese fluido de todos modos pagaría por la “disponibilidad” para producirlo.
La arremetida viene de atrásAl enorme hueco que los joint ventures le hacen a las finanzas de Telecom –bien sea que se termine pagando lo que aceptan sus directivas o lo que reclaman las transnacionales–, hay que sumarle las demás pérdidas que le han generado las políticas de privatización por tarifas y por el ingreso al mercado de larga distancia de las compañías de telefonía celular y las que le compiten desde teléfonos fijos, las cuales operan a través de los equipos de Telecom, que en este caso fue obligada por el gobierno a unos contratos que le significaron recibir 300 millones de dólares por una sola vez, a cambio de dejar de percibir 200 millones de dólares anuales[5]. De ahí que a diciembre de 2000 la participación de Telecom en el mercado de Larga Distancia Nacional disminuyera en 24 por ciento y la de Larga Distancia Internacional en 34 por ciento, y que entre 1992 y 2000 su margen operacional pasara de 2.9 a –33 por ciento. También afecta negativamente a las finanzas de Telecom que se le haya impuesto operar en 580 municipios con menos de mil líneas instaladas, en donde la telefonía no puede ser rentable, lo que le significa transferir subsidios que llegan a medio billón de pesos anuales[6] y que el gobierno nacional no le paga.
Es evidente que, ante el fracaso del gobierno de César Gaviria para venderle Telecom a los extranjeros, tentativa que se frustró por la valerosa lucha de los trabajadores en 1992, la política neoliberal ha consistido en estrangularla, lo que también explica por qué va a ser excluida del negocio de los PCS, la nueva telefonía inalámbrica.
El puntillazo
La “solución” del gobierno a los leoninos contratos de joint ventures, aprobada en el Documento Conpes 3145 del 6 de diciembre de 2001, consiste en aceptar que la deuda con las transnacionales que intentan defraudar a Telecom no es menor a 800 millones de dólares y que en parte esa suma se atienda con un crédito externo a su cargo por 600 millones de dólares, deuda que garantizaría la Nación pero con la previa pignoración al gobierno nacional de las 1.6 millones de líneas telefónicas que la empresa posee entre Capitel y las llamadas “teleasociadas”, lo que seguramente conducirá a que éstas se privaticen. Así sea con el lenguaje sibilino que les es propio, en el mismo Documento se hace profesión de fe por las bondades de la privatización: “las características particulares del sector han llevado a una permanente expansión de las empresas líderes, logrando procesos de internacionalización y globalización. En consecuencia, es básico que las empresas locales reaccionen positivamente al proceso de globalización, permitiendo que todos sus usuarios se beneficien de todas las ventajas que este fenómeno trae consigo”.
Y también con el pretexto de contribuir con la “solución” de la crisis de Telecom, el Documento Conpes 3145 pone como condición para el aval de la Nación al crédito de los 600 millones de dólares que los trabajadores entreguen sus derechos legales en salarios, pensiones, estabilidad laboral, primas, etc., agresión que sustentan con el argumento falaz de que son los “privilegios laborales” los responsables de la crisis, como si no se conociera lo mucho que las políticas oficiales han conspirado en contra de las finanzas de la empresa y que en 2001 los sueldos y salarios de los trabajadores costaron 101 mil millones de pesos, apenas el 4.92 por ciento de los ingresos de Telecom[7]. ¿Habrá alguna “solución” neoliberal que no incluya hacer más pobres a los pobres y a las capas medias del país y reducir o eliminar la estabilidad laboral de los asalariados?
Y el gringo ahí
El recuento y análisis de estos hechos no debe concluir sin decir que los 800 millones de dólares que las directivas de Telecom y el Conpes reconocen como el valor de rescate que debe pagárseles a las transnacionales por los contratos de Riesgo Compartido no tienen origen en cálculos realizados internamente por la empresa, sino en cuentas del consorcio Corporación Financiera del Valle y Durán, Acero y Osorio, Abogados Asociados, estudio que fue pagado con un crédito externo contraído por el ministerio de Hacienda y el cual exige, como todos los de su tipo, que los consultores sean de aceptación del prestamista. Y en el pleito con las transnacionales sobre las sumas en disputa, representa a Telecom la RC Corporate Consultants, filial de la banca de inversión Rothschil, la cual preside en Colombia Armando Montenegro Trujillo, el mismo que fuera director de Planeación Nacional del gobierno de Cesar Gaviria, cuando se embarcó al país en los joint ventures. Si las cosas les salen a este consultor según lo previsto, recibirá por sus servicios unos nueve mil millones de pesos[8].
El último suceso sobre este tema corrió por cuenta de William Lash, Secretario Adjunto de Comercio de Estados Unidos, quien vino a Colombia a presionar pública y descaradamente para que les pagaran a dos transnacionales de su país dos contratos en litigio: el famoso, por corrupto, de TermoRío y uno de los de Riesgo Compartido entre Telecom y Nortel, que está a la espera de una decisión del Consejo de Estado sobre un fallo de un tribunal de arbitramento que le ordenó a la empresa pagarle a la transnacional 73 millones de dólares. El tono imperial del chantaje de Lash no pudo ser más explícito: “Le enviamos al gobierno un mensaje muy claro: para gozar de los beneficios del Atpa, que está pendiente en el Congreso (de Estados Unidos), tiene que demostrar que está honrando las decisiones de los tribunales de arbitramento, lo cual está seriamente en duda dado lo ocurrido en Nortel, para poner un ejemplo”. Y cuando el periodista le preguntó por qué relacionaba la aprobación del Atpa con las decisiones de la justicia colombiana, contestó: “El Atpa fue creado para compensar a los países en su lucha contra las drogas, pero los beneficios no pueden ser gratuitos”[9].
Conclusiones
En conclusión, si los contratos de Riesgo Compartido se hubieran desarrollado según lo supuestamente acordado, Telecom habría conseguido 1.800.000 líneas telefónicas sin poner ni un peso y las transnacionales habrían invertido 1.527 millones de dólares y recuperado 2.368 millones, con una utilidad enorme. Pero las líneas instaladas llegaron a 1.590.000, las vendidas a 1.077.000 y los ingresos fueron inferiores en el 72 por ciento, desfase inmenso que no les impide a los monopolios extranjeros aspirar a embolsillarse 3.008 millones de dólares, de los cuales Telecom, el socio que no debía poner ni un peso, deberá aportar 2.088 millones. Y ya el gobierno de Andrés Pastrana –sumiso, como siempre, ante el capital extranjero– aceptó pagarles entre 800 y 1.885 millones, además de los 1.123 millones recibidos, a pesar de que los propios alegatos de las transnacionales demuestran la ilegalidad de los contratos en pleito, pues éstos se firmaron bajo la figura del Riego Compartido que establece la Ley 37 de 1993.
Es la eterna historia de los contratos con los que el capital extranjero le “ayuda” al desarrollo nacional, negociados que se remontan a los inicios del siglo XX con la explotación del petróleo, sector en el que se hicieron famosos los llamados “abogados petroleros”, rábulas que se enriquecieron intrigando, sobornando y pleiteando en contra de los intereses de Colombia. Lo normal consiste en que se pactan condiciones de por sí lesivas para el país y, luego, éstas se empeoran a la hora de interpretarlas, lo que conduce a grandes y enredados pleitos que, casi indefectiblemente, los tribunales fallan en favor de las transnacionales.
Quien no entienda que el neoliberalismo no es una equivocación sino una conspiración en contra del interés nacional, fraguada entre el imperialismo norteamericano y los cipayos con los que gobierna a Colombia, no podrá comprender nada de lo que ocurre en el país.
[1] Salvo que se señale lo contrario, las cifras que se usan sobre los contratos de Riesgo Compartido son del Documento Conpes 3145 del 6 de diciembre de 2001 o de la Presidencia de Telecom. [2] Ex asesor de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, fue director del Periódico el Usuario y es actual senador de la República por el MOIR. [3] Barreto Nieto, Luis Hernando, y Carlos Murcia, “El Futuro de Telecom”, Economía Colombiana, Febrero de 2002, p. 28. Éstos también señalan que en los sectores primario y secundario locales “la rentabilidad bruta promedio es de 9% y neta de 6%. [4] Ibid. [5] Sarmiento Palacio, Eduardo, en Apertura y privatización de las telecomunicaciones, p. 59, Ediciones Cedetrabajo, Bogotá, 1997. [6] Barrero Nieto, Luis Hernando... Op Cit. [7] Esta es la cifra que, según los trabajadores, aparece en el Balance de la Empresa. [8] Cifra aportada por la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (USTC). [9] “Atpa / Preferencias a Colombia están en vilo por casos de TermoRío y Nortel. E.U. lanza ultimátum”, El Tiempo, 30 de abril de 2002, p. 1-10.
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