Niegan la primera orden de captura que pide Murillo contra juez federal
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 2 de enero de 2015, p. 13
Viernes 2 de enero de 2015, p. 13
Un tribunal federal resolvió en segunda instancia
judicial negar la primera orden de aprehensión que solicita la
Procuraduría General de la República (PGR) en los dos primeros años de
gestión de Jesús Murillo Karam al frente de esa dependencia, contra un
juez federal acusado de delitos contra la administración de la justicia,
por presuntamente liberar en forma ilegal a dos defraudadores,
informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).
Al resolver en apelación la causa 62/2014, el primer tribunal
unitario penal negó ordenar la medida cautelar contra Óscar Alejandro
López Cruz, juez segundo de distrito especializado en ejecución de
penas, por estimar que no hay indicios de que cometiera delitos contra
la administración de la justicia, así como por falta de fundamentación y
motivación de los fiscales federales.En primera instancia, la juez Verónica Sánchez negó librar la orden de captura contra López Cruz, con argumentos similares al tribunal unitario. No obstante, la PGR apeló el fallo que ya fue confirmado en definitiva.
Al López Cruz lo acusaron de liberar ilegalmente en 2007 a
José Antonio y Martiniano Martín García Mendoza, quienes estuvieron en
la cárcel por presuntamente transferir en forma fraudulenta 8 millones
89 mil 974 pesos de una cuenta de Jaime Jorba Servitje, directivo de
Bimbo que falleció el año pasado.
Dichos sujetos fueron detenidos en 2005, luego de que se descubrió que utilizaron la firma electrónica de Jorba y abrieron una cuenta a su nombre –sin su conocimiento– para transferirle el dinero y desde allí triangularlo a cuentas de Liliana Trejo Rangel y del propio José Antonio García Mendoza.
La PGR consignó a los dos sospechosos por violar el primer párrafo del artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, pero en octubre de 2007, López Cruz, entonces juez décimo primero de distrito, les dictó la sentencia absolutoria.
Dichos sujetos fueron detenidos en 2005, luego de que se descubrió que utilizaron la firma electrónica de Jorba y abrieron una cuenta a su nombre –sin su conocimiento– para transferirle el dinero y desde allí triangularlo a cuentas de Liliana Trejo Rangel y del propio José Antonio García Mendoza.
La PGR consignó a los dos sospechosos por violar el primer párrafo del artículo 113 bis de la Ley de Instituciones de Crédito, pero en octubre de 2007, López Cruz, entonces juez décimo primero de distrito, les dictó la sentencia absolutoria.
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