Publicado en: 27 octubre, 2016
La gran estafa del CETA, TTIP y TISA
En España, siete parlamentos autónomos se han declarado en contra
de alguno de estos tratados: ¿Hasta que punto el Gobierno español puede
firmar estos tratados con esta oposición interna?
Por Eduardo Enciso, Ricardo Gómez, Carlos Ruíz, Julián Maganto, Teresa Gómez y Joan Pere Enciso
El 27 de octubre está prevista en Bruselas la firma del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA), al mismo tiempo que siguen las negociaciones de un acuerdo transatlántico de inversiones y comercio (TTIP) con los Estados Unidos (EEUU) y un acuerdo de comercio de servicios (TISA) con un amplio grupos de países (EEUU, Canadá, y otros 20 países).
El protocolo de la firma del CETA se podría modificar si las presiones sobre el parlamento de la región francófona de Bélgica no surgen efecto y este mantiene su veto, ya que ello implicaría que el Estado belga no lo podría ratificar en la fecha fijada. Valonia tiene una población de 3,5 millones de habitantes y lleva décadas sumida en una profunda crisis económica con resultados desastrosos, entre otros la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores (ver la película “Deux Jours, une Nuit” de los hermanos Dardenne, 2014). Poca difusión se ha dado a que el Parlamento de Valonia lleva año y medio debatiendo el tratado y estudiando las consecuencias que tendría para esta pequeña región su ratificación, a que algunos gobiernos europeos han mostrado importantes reticencias en los últimos meses (Austria, países del de Este, etc.) y a que el Tribunal Constitucional alemán está estudiando el encaje constitucional del CETA, habiendo advertido a su gobierno de las contradicciones existentes entre la normativa del CETA y la constitución de su país. En las últimas semanas, los grupos de presión pro-CETA no han levantado demasiado polvo aireando el tratado; no obstante sus medios no han perdido el tiempo acusando rápidamente al primer ministro valón, el socialista Paul Magnette, de torpedear el pacto esgrimiendo simples argumentos antiglobalización, suspicacias respecto al libre comercio y otras razones en claves de la política interna belga (ver artículo de Claudi Pérez El País Digital, 21 oct 2017). Ya que en España tenemos siete parlamentos autónomos que se han declarado en contra de alguno de estos tratados (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y Valencia), la situación belga nos plantea una pregunta importante para nuestros juristas constitucionalistas:
¿Hasta que punto el Gobierno español en funciones puede firmar estos tratados con esta oposición interna?
Los acuerdos se negocian por comisiones gubernamentales y grupos de presión económicos, sin ningún tipo de participación y control de la ciudadanía o de sus representantes políticos (parlamentarios nacionales o europeos), lo que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud. Como dejó claro la Declaración de Barcelona (21 de abril de 2016), la transparencia no puede ser sacrificada en pos del derecho comercial que los grandes inversores y empresas trasnacionales (ETN) han decidido implantar. Las reglamentaciones comerciales no son un aspecto menor del modelo socio-económico, pues terminan afectando tanto a las relaciones y procesos de producción de bienes y servicios, como a su distribución y consumo. En resumen, inciden en demasiados aspectos de las vidas de los ciudadanos, para que éstos acepten ser relegados a meros consumidores pasivos.
Estamos ante acuerdos comerciales de nueva generación, de importancia trascendental, ya que no solo establecen la apertura de los mercados –eliminación de aranceles, cuotas de intercambio, etc.-, considerada una exigencia habitual en tratados comerciales entre Estados, sino que introducen importantes novedades entre las que destacamos:
Cooperación reglamentaria. Bajo esta denominación pensamos que se oculta la eliminación de barreras no tarifarías, apostando por una uniformización de las reglas y normas que determinan los protocolos de producción, distribución y venta de bienes y servicios. Los intereses de las grandes corporaciones se hacen patentes porque en esta singular “cooperación” prevalece las regulaciones menos exigentes, lo que irá en detrimento de los Estados más protectores de los intereses de sus ciudadanos. Por poner un ejemplo, en el ámbito alimentario, al implementar los acuerdos nos será difícil no abrir los mercados europeos a la producción agrícola genéticamente modificada, a los alimentos producidos con pesticidas no autorizados en Europa, o a oponernos al consumo de carnes producidas utilizando aditivos prohibidos –hormonas (somotrotropina bovina recombinante), clorhidrato de ractopomina en el cerdo, cloro en los pollos, etc.-.
Derecho de petición. EEUU ha planteado en las negociaciones del TTIP este derecho, que implica una revisión en el tiempo de las normas pactadas. Bajo el argumento de la innovación científica y tecnológica los gobiernos se verán obligados a revisar las normativas anteriores, por un órgano colegiado, denominado Foro de Cooperación Reguladora, en el que participarán los grupos de presión de las corporaciones. Entre las consecuencias de estas prácticas, podemos prever una injerencia constante de los agentes productores y distribuidores en los protocolos de regulación, limitando o impidiendo cualquier cambio que se planteen introducir los gobiernos en la legislación vigente, al considerar que perjudica a sus beneficios presentes o futuros.
Desaparición del principio de precaución. Las prácticas preventivas aceptadas hoy por los Estados de la UE corren un serio riesgo de desaparecer por estas nuevas disposiciones comerciales. Actualmente, la incertidumbre permite que la UE paralice la introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado. Al aplicarse estos tratados los reguladores tendrán que presentar resultados “irrefutables” que justifiquen la denegación gubernativa a su comercialización.
Privatización de la justicia por la externalización de los tribunales de inversiones (ICS). Que los intereses de las grandes corporaciones predominan en estos acuerdos queda patente en los protocolos de resolución de conflictos Inversor-Estado que se han acordado, conocidos por sus siglas inglesas ICS (Investment Court System). Las corporaciones extranjeras podrán demandar a los Estados si introducen cualquier regulación que piensen que atente contra la rentabilidad de su inversión o límite sus actividades, mientras que éstos no podrán hacer lo mismo con las corporaciones tras considerar que se menoscaban los derechos de sus ciudadanos. Una élite judicial se ha constituido en los últimos años a nivel global, alimentada por el dinero de los contribuyentes. El coste para los Estados al enfrentar estas demandas es por un lado financiero, entrando en juego enormes cantidades de dinero, y por otro político, asociado a la presión de las corporaciones para evitar reglamentaciones lesivas para sus intereses, y hacer evidente que las pequeñas y medianas empresas no dispondrán de recursos para utilizar estos mecanismos de disputa.
Lista negativa de servicios no privatizables. Se introduce una lista para los servicios públicos que las Administraciones quieran proteger. Es significativo la utilización del calificativo de la lista “negativa” para subrayar su carácter diferenciado y anómalo. Todos los sectores y subsectores económicos que no estén en ese listado podrán ser liberados o privatizados, incluidos aquellos servicios que surjan en el futuro a partir de las necesidades sociales y originados por el desarrollo científico y tecnológico. La clave para que las grandes corporaciones penetren en los servicios públicos se centrará en la reducción de costes, en la determinación de los indicadores evaluadores de los mismos y en las cláusulas abusivas de retorno a la gestión pública.
Invisibilidad de la sostenibilidad y cambio climático. Sus objetivos contradicen el acuerdo climático surgido en Paris (COP21) y hacen caso omiso a la sostenibilidad del planeta. La UE se ha comprometido a reducir en un 40% sus emisiones en el 2030, difícil de cumplir bajo una intensificación del comercio transatlántico y transoceánico. No vemos cláusulas con fuerza jurídica para conceder a los Estados la posibilidad de luchar contra el cambio climático, tomando medidas que permitan la transición ecológica y energética.
A lo largo de los últimos meses ha habido importantes movilizaciones ciudadanasdenunciando estos tratados que se nos presentan bajo el eufemismo de “libre comercio”, con un articulado que en esencia defienden los intereses económicos de los grandes inversores y empresas transnacionales (2). El CETA, TTIP y TISA conceden un cheque en blanco a las multinacionales al introducir medidas destinadas a reducir cualquier reglamentación y norma que sean contrarias al beneficio y a los intereses de los inversores. Se han recogido más de 3 millones de firmas en contra, y numerosas corporaciones locales e instituciones europeas se han declarado libres frente a estos acuerdos. Es importante que los gobiernos aplacen la firma del tratado como solicita Valonia, y revisen los protocolos de información y negociación de la Comisión Europea, abriéndose e implicando a los representantes de la ciudadanía. ¿Por qué aceptan esta pérdida de soberanía de sus Estados?
Nuestros gobiernos no pueden firmar acuerdos blindados que impidan su revisión futura por parte de los Estados asociados. Es por esto importante que donde estemos, impulsemos zonas libres de aplicación de estas normativas y también, participemos en las movilizaciones que planteen organizaciones ciudadanas como la plataforma No al TTIP. Solicitamos a los Grupos Parlamentarios que introduzcan el debate en el Pleno del Congreso de Diputados con el fin de acotar la posición del Gobierno (en funciones) en la sesión de aprobación del Consejo Europeo.
1 EE, RG, CR, JM y TG son miembros del Círculo 3E (Economía, Ecología y Energía) @PODEMOS, RG pertenece a la Plataforma NO al TTIP y JPE es miembro de la Plataforma STOP CETA de Ponent-Pirineus (Lleida).
2”Las Amenazas del TTIP y CETA”, Adoración Guamán y Pablo Jiménez (Coord), Pol-len Ediciones Oct. 2016.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/gran-estafa-ceta-ttip-y-tisa/20161025155346133094.html
El 27 de octubre está prevista en Bruselas la firma del Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea (UE) y Canadá (CETA), al mismo tiempo que siguen las negociaciones de un acuerdo transatlántico de inversiones y comercio (TTIP) con los Estados Unidos (EEUU) y un acuerdo de comercio de servicios (TISA) con un amplio grupos de países (EEUU, Canadá, y otros 20 países).
El protocolo de la firma del CETA se podría modificar si las presiones sobre el parlamento de la región francófona de Bélgica no surgen efecto y este mantiene su veto, ya que ello implicaría que el Estado belga no lo podría ratificar en la fecha fijada. Valonia tiene una población de 3,5 millones de habitantes y lleva décadas sumida en una profunda crisis económica con resultados desastrosos, entre otros la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores (ver la película “Deux Jours, une Nuit” de los hermanos Dardenne, 2014). Poca difusión se ha dado a que el Parlamento de Valonia lleva año y medio debatiendo el tratado y estudiando las consecuencias que tendría para esta pequeña región su ratificación, a que algunos gobiernos europeos han mostrado importantes reticencias en los últimos meses (Austria, países del de Este, etc.) y a que el Tribunal Constitucional alemán está estudiando el encaje constitucional del CETA, habiendo advertido a su gobierno de las contradicciones existentes entre la normativa del CETA y la constitución de su país. En las últimas semanas, los grupos de presión pro-CETA no han levantado demasiado polvo aireando el tratado; no obstante sus medios no han perdido el tiempo acusando rápidamente al primer ministro valón, el socialista Paul Magnette, de torpedear el pacto esgrimiendo simples argumentos antiglobalización, suspicacias respecto al libre comercio y otras razones en claves de la política interna belga (ver artículo de Claudi Pérez El País Digital, 21 oct 2017). Ya que en España tenemos siete parlamentos autónomos que se han declarado en contra de alguno de estos tratados (Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Navarra y Valencia), la situación belga nos plantea una pregunta importante para nuestros juristas constitucionalistas:
¿Hasta que punto el Gobierno español en funciones puede firmar estos tratados con esta oposición interna?
Los acuerdos se negocian por comisiones gubernamentales y grupos de presión económicos, sin ningún tipo de participación y control de la ciudadanía o de sus representantes políticos (parlamentarios nacionales o europeos), lo que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud. Como dejó claro la Declaración de Barcelona (21 de abril de 2016), la transparencia no puede ser sacrificada en pos del derecho comercial que los grandes inversores y empresas trasnacionales (ETN) han decidido implantar. Las reglamentaciones comerciales no son un aspecto menor del modelo socio-económico, pues terminan afectando tanto a las relaciones y procesos de producción de bienes y servicios, como a su distribución y consumo. En resumen, inciden en demasiados aspectos de las vidas de los ciudadanos, para que éstos acepten ser relegados a meros consumidores pasivos.
Estamos ante acuerdos comerciales de nueva generación, de importancia trascendental, ya que no solo establecen la apertura de los mercados –eliminación de aranceles, cuotas de intercambio, etc.-, considerada una exigencia habitual en tratados comerciales entre Estados, sino que introducen importantes novedades entre las que destacamos:
Cooperación reglamentaria. Bajo esta denominación pensamos que se oculta la eliminación de barreras no tarifarías, apostando por una uniformización de las reglas y normas que determinan los protocolos de producción, distribución y venta de bienes y servicios. Los intereses de las grandes corporaciones se hacen patentes porque en esta singular “cooperación” prevalece las regulaciones menos exigentes, lo que irá en detrimento de los Estados más protectores de los intereses de sus ciudadanos. Por poner un ejemplo, en el ámbito alimentario, al implementar los acuerdos nos será difícil no abrir los mercados europeos a la producción agrícola genéticamente modificada, a los alimentos producidos con pesticidas no autorizados en Europa, o a oponernos al consumo de carnes producidas utilizando aditivos prohibidos –hormonas (somotrotropina bovina recombinante), clorhidrato de ractopomina en el cerdo, cloro en los pollos, etc.-.
Derecho de petición. EEUU ha planteado en las negociaciones del TTIP este derecho, que implica una revisión en el tiempo de las normas pactadas. Bajo el argumento de la innovación científica y tecnológica los gobiernos se verán obligados a revisar las normativas anteriores, por un órgano colegiado, denominado Foro de Cooperación Reguladora, en el que participarán los grupos de presión de las corporaciones. Entre las consecuencias de estas prácticas, podemos prever una injerencia constante de los agentes productores y distribuidores en los protocolos de regulación, limitando o impidiendo cualquier cambio que se planteen introducir los gobiernos en la legislación vigente, al considerar que perjudica a sus beneficios presentes o futuros.
Desaparición del principio de precaución. Las prácticas preventivas aceptadas hoy por los Estados de la UE corren un serio riesgo de desaparecer por estas nuevas disposiciones comerciales. Actualmente, la incertidumbre permite que la UE paralice la introducción de un nuevo producto o servicio en el mercado. Al aplicarse estos tratados los reguladores tendrán que presentar resultados “irrefutables” que justifiquen la denegación gubernativa a su comercialización.
Privatización de la justicia por la externalización de los tribunales de inversiones (ICS). Que los intereses de las grandes corporaciones predominan en estos acuerdos queda patente en los protocolos de resolución de conflictos Inversor-Estado que se han acordado, conocidos por sus siglas inglesas ICS (Investment Court System). Las corporaciones extranjeras podrán demandar a los Estados si introducen cualquier regulación que piensen que atente contra la rentabilidad de su inversión o límite sus actividades, mientras que éstos no podrán hacer lo mismo con las corporaciones tras considerar que se menoscaban los derechos de sus ciudadanos. Una élite judicial se ha constituido en los últimos años a nivel global, alimentada por el dinero de los contribuyentes. El coste para los Estados al enfrentar estas demandas es por un lado financiero, entrando en juego enormes cantidades de dinero, y por otro político, asociado a la presión de las corporaciones para evitar reglamentaciones lesivas para sus intereses, y hacer evidente que las pequeñas y medianas empresas no dispondrán de recursos para utilizar estos mecanismos de disputa.
Lista negativa de servicios no privatizables. Se introduce una lista para los servicios públicos que las Administraciones quieran proteger. Es significativo la utilización del calificativo de la lista “negativa” para subrayar su carácter diferenciado y anómalo. Todos los sectores y subsectores económicos que no estén en ese listado podrán ser liberados o privatizados, incluidos aquellos servicios que surjan en el futuro a partir de las necesidades sociales y originados por el desarrollo científico y tecnológico. La clave para que las grandes corporaciones penetren en los servicios públicos se centrará en la reducción de costes, en la determinación de los indicadores evaluadores de los mismos y en las cláusulas abusivas de retorno a la gestión pública.
Invisibilidad de la sostenibilidad y cambio climático. Sus objetivos contradicen el acuerdo climático surgido en Paris (COP21) y hacen caso omiso a la sostenibilidad del planeta. La UE se ha comprometido a reducir en un 40% sus emisiones en el 2030, difícil de cumplir bajo una intensificación del comercio transatlántico y transoceánico. No vemos cláusulas con fuerza jurídica para conceder a los Estados la posibilidad de luchar contra el cambio climático, tomando medidas que permitan la transición ecológica y energética.
A lo largo de los últimos meses ha habido importantes movilizaciones ciudadanasdenunciando estos tratados que se nos presentan bajo el eufemismo de “libre comercio”, con un articulado que en esencia defienden los intereses económicos de los grandes inversores y empresas transnacionales (2). El CETA, TTIP y TISA conceden un cheque en blanco a las multinacionales al introducir medidas destinadas a reducir cualquier reglamentación y norma que sean contrarias al beneficio y a los intereses de los inversores. Se han recogido más de 3 millones de firmas en contra, y numerosas corporaciones locales e instituciones europeas se han declarado libres frente a estos acuerdos. Es importante que los gobiernos aplacen la firma del tratado como solicita Valonia, y revisen los protocolos de información y negociación de la Comisión Europea, abriéndose e implicando a los representantes de la ciudadanía. ¿Por qué aceptan esta pérdida de soberanía de sus Estados?
Nuestros gobiernos no pueden firmar acuerdos blindados que impidan su revisión futura por parte de los Estados asociados. Es por esto importante que donde estemos, impulsemos zonas libres de aplicación de estas normativas y también, participemos en las movilizaciones que planteen organizaciones ciudadanas como la plataforma No al TTIP. Solicitamos a los Grupos Parlamentarios que introduzcan el debate en el Pleno del Congreso de Diputados con el fin de acotar la posición del Gobierno (en funciones) en la sesión de aprobación del Consejo Europeo.
¡Si no estamos a la altura hipotecaremos nuestro futuro y el de nuestros descendientes!
1 EE, RG, CR, JM y TG son miembros del Círculo 3E (Economía, Ecología y Energía) @PODEMOS, RG pertenece a la Plataforma NO al TTIP y JPE es miembro de la Plataforma STOP CETA de Ponent-Pirineus (Lleida).
2”Las Amenazas del TTIP y CETA”, Adoración Guamán y Pablo Jiménez (Coord), Pol-len Ediciones Oct. 2016.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/gran-estafa-ceta-ttip-y-tisa/20161025155346133094.html
No hay comentarios.:
Publicar un comentario