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El riesgoso trabajo periodístico
El
asesinato en cualquiera de sus vertientes es una conducta del ser
humano por demás reprochable y más aún cuando se trata de menores o
mujeres. En los últimos años nuestro país ha permanecido inmerso en un
enorme charco de sangre nacional desde el asesinato de delincuentes
hasta ciudadanos que sin deberla ni temerla se topan con una maldita
bala perdida que acaba con su existencia.
En México más de cien profesionales de la pluma –reporteros,
columnistas y corresponsales– han sido asesinados de 2000 hasta la
fecha, siendo Veracruz y Chihuahua las entidades con mayor número de
homicidios de comunicadores. Es lamentable y triste, además de causar
rabia, escuchar con más frecuencia que un colega periodista es
asesinado.
La denuncia sobre esta creciente inseguridad laboral es una acción que por años viene realizado el gremio hacia el Gobierno que hace oídos sordos ante tales acontecimientos, aplicando en muchas ocasiones el famoso “carpetazo”. Actualmente el ejercer el periodismo es riesgoso y más aún cuando faltan las garantías en materia de seguridad hacia los profesionales que trabajan en el ejercicio de la verdad.
Hoy en día sin ningún tipo de pudor o limitante los periodistas son asesinados por la sencilla razón de ser los intermediarios de la realidad que se vive en nuestro país a causa de la guerra de carteles, corrupción en los gobiernos y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Lo periodistas hoy en día somos las piezas incómodas del ajedrez. No creemos que todos los asesinatos necesariamente se encuentren ligados al narcotráfico, sin embargo, sí es preocupante el alto grado de impunidad que existe para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
El largo brazo de la ley es cada vez más corto. Entre 2004 y 2013 México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica de 13 países, donde los periodistas son asesinados y los autores intelectuales no son capturados o procesados, según Índice Global de Impunidad realizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Meterse en temas de la delincuencia organizada conlleva a un peligro inminente y este se acrecienta aún más cuando se es informante directo, labor que realizan los periodistas de esta fuente que no cuentan con garantías palpables para no ser privados de la libertad o peor aún, de la vida.
El trabajo periodístico es la ventana de todo lo que sucede en cada uno de los ámbitos de la sociedad y por lo consiguiente hay que darle el valor y el respeto que se merece, buscando siempre la profesionalización del trabajo periodístico a través de informes y acciones que reflejen las necesidades de la sociedad en su conjunto.
En 2012 se publicó la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se creó en la Secretaría de Gobernación un mecanismo, con el mismo nombre de la Ley, que se encarga de implementar y operar las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas y que no han servido para nada.
La mayoría de los asesinatos de periodistas han sido relacionados con la delincuencia organizada y ante ello una buena medida para evitar más asesinatos de ese tipo consiste en pedir a los legisladores que la difusión del tema del crimen organizado en los medios de comunicación tradicionales y digitales sea mínimo o que de plano no exista con el fin de que este no siga siendo foro de los delincuentes e influencia para niños y jóvenes y en segundo término para que se cree la cultura de la denuncia formal hacia la corrupción de los gobiernos y con ello las investigaciones periodísticas lleven un sustento legal que los proteja.
Pero algo mucho más importante es que las empresas que se dedican a la difusión de noticias aseguren a sus empleados y les den todos los apoyos a sus familiares en caso de muerte. Hoy vivimos en un país donde la libertad de prensa tiene sus excepciones. La información incómoda y vigilante viene acompañada de agresiones, intimidaciones e incluso la muerte donde México ocupa el tercer puesto en el ránking de los países más peligrosos para la prensa.
La denuncia sobre esta creciente inseguridad laboral es una acción que por años viene realizado el gremio hacia el Gobierno que hace oídos sordos ante tales acontecimientos, aplicando en muchas ocasiones el famoso “carpetazo”. Actualmente el ejercer el periodismo es riesgoso y más aún cuando faltan las garantías en materia de seguridad hacia los profesionales que trabajan en el ejercicio de la verdad.
Hoy en día sin ningún tipo de pudor o limitante los periodistas son asesinados por la sencilla razón de ser los intermediarios de la realidad que se vive en nuestro país a causa de la guerra de carteles, corrupción en los gobiernos y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos públicos. Lo periodistas hoy en día somos las piezas incómodas del ajedrez. No creemos que todos los asesinatos necesariamente se encuentren ligados al narcotráfico, sin embargo, sí es preocupante el alto grado de impunidad que existe para el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables.
El largo brazo de la ley es cada vez más corto. Entre 2004 y 2013 México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial y el primero en Latinoamérica de 13 países, donde los periodistas son asesinados y los autores intelectuales no son capturados o procesados, según Índice Global de Impunidad realizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Meterse en temas de la delincuencia organizada conlleva a un peligro inminente y este se acrecienta aún más cuando se es informante directo, labor que realizan los periodistas de esta fuente que no cuentan con garantías palpables para no ser privados de la libertad o peor aún, de la vida.
El trabajo periodístico es la ventana de todo lo que sucede en cada uno de los ámbitos de la sociedad y por lo consiguiente hay que darle el valor y el respeto que se merece, buscando siempre la profesionalización del trabajo periodístico a través de informes y acciones que reflejen las necesidades de la sociedad en su conjunto.
En 2012 se publicó la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y se creó en la Secretaría de Gobernación un mecanismo, con el mismo nombre de la Ley, que se encarga de implementar y operar las medidas de prevención, de protección y urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas y que no han servido para nada.
La mayoría de los asesinatos de periodistas han sido relacionados con la delincuencia organizada y ante ello una buena medida para evitar más asesinatos de ese tipo consiste en pedir a los legisladores que la difusión del tema del crimen organizado en los medios de comunicación tradicionales y digitales sea mínimo o que de plano no exista con el fin de que este no siga siendo foro de los delincuentes e influencia para niños y jóvenes y en segundo término para que se cree la cultura de la denuncia formal hacia la corrupción de los gobiernos y con ello las investigaciones periodísticas lleven un sustento legal que los proteja.
Pero algo mucho más importante es que las empresas que se dedican a la difusión de noticias aseguren a sus empleados y les den todos los apoyos a sus familiares en caso de muerte. Hoy vivimos en un país donde la libertad de prensa tiene sus excepciones. La información incómoda y vigilante viene acompañada de agresiones, intimidaciones e incluso la muerte donde México ocupa el tercer puesto en el ránking de los países más peligrosos para la prensa.
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