Foto:Cuarto Oscuro. Saúl López
A raíz de los graves acontecimientos en la
Delegación Tláhuac, que terminaron con el desmantelamiento de una
organización que mantenía asolada y agobiada a la población, se desató
una discusión en la opinión pública que, por la consistencia y calidad
de los argumentos presentados, con toda nitidez muestra las muy serias
limitaciones que tenemos para hacer frente a una variable que afecta ya
la estructura de los sistemas políticos, económicos, sociales,
culturales y ambientales.
Reducir a una circunstancial polémica respecto de si se trata o no de un cártel
es perder el tiempo, ya que ello no le resta un ápice de violencia a
las acciones que realizaba el grupo criminal asentado en Tláhuac.
¿Por qué es importante la homologación de ciertos
conceptos para mejor tratarlos y, en este caso, a los grupos del crimen
organizado contenerlos, debilitarlos y someterlos? Por una sola razón:
la diversificación en su tratamiento indica, a su vez, que la aplicación
de las medidas y programas también tenderá a ser diversa y, por lo
tanto, se corre el riesgo de distraer recursos y sobre todo perder
tiempo para tratar de recuperar la paz pública y la vigencia del Estado
de Derecho.
Así, sin importar si se trata de una peligrosa
banda de traficantes al menudeo o de una organización diversificada en
cuanto a la comisión de delitos, lo importante para la ciudadanía y las
autoridades es cómo y con qué reglas se les hará frente. Argumentar que
Tláhuac no es Badiraguato y que ninguno de los líderes abatidos o
detenidos en esa delegación, por ejemplo Felipe de Jesús Pérez, no es
Joaquín Guzmán, además de ser una postura simplista y superficial no
aporta un solo elemento de análisis serio, con método, ni contribuye con
propuestas viables.
Las condiciones desde los gobiernos y las
comunidades (sean rurales o urbanas) para tratar una problemática en el
país, que se extiende ya por más de 17 años, exigen esfuerzos
coordinados con base en programas realistas y no meros exhortos
personalistas-motivacionales.
GCO
El concepto de Grupos del Crimen Organizado (GCO)
tiene sus antecedentes en Colombia y se utiliza para referirse a toda
aquella actividad delictiva que se realiza de forma reiterada por parte
de un grupo con el fin de obtener ventajas económicas y control sobre la
población. Aproximación conceptual que también se encuentra en los
documentos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre el tema del crimen organizado.
Cuando realizamos un análisis comparativo o
incorporamos las variables internacionales respecto de lo que pasa en
México en materia de seguridad pública podemos encontrar, a su vez,
elementos que faciliten el establecimiento de medidas, criterios,
políticas y programas para articular de la mejor forma la respuesta
contundente en materia de prevención y sanción de actos criminales.
De ahí que, más que continuar por la ruta de la
dispersión analítica, es momento de construir una plataforma que sea el
antecedente para la aplicación de las indispensables medidas, como por
ejemplo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.
El riesgo de no hacerlo y acometer con decisión
los requisitos para mejor enfrentar al crimen organizado es, en efecto,
seguir en el inocuo juego de las especulaciones.
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