Activistas de Guatemala y El Salvador debaten sobre “Derecho a la comunicación y defensa del bien común”
En
la Finca Primavera –municipio de San Cristóbal de Verapaz- se hacen
visibles décadas de conflicto agrario en Guatemala. La firma Eco-Tierra
sostenía que en 2011 adquirió -a través de la empresa Madera Filitz Díaz
SA- la propiedad de las tierras da la finca (2.000 hectáreas), a lo que
300 familias de origen maya Poqomchi’ contraponían sus derechos por
habitarlas durante más de dos siglos y trabajarlas como “mozos colonos”.
Las comunidades denunciaron la destrucción de documentos registrales y
las amenazas de los administradores y guardias (armados) de seguridad de
la empresa.
Dos ancianos de la comunidad La Primavera -de 82 y
72 años- murieron asesinados en enero de 2012; además aparecieron con
señales de tortura en los cuerpos. En 2013 las organizaciones campesinas
informaron de 15 procedimientos abiertos contra líderes comunitarios.
Las familias Poqomchi’ defendían la compra de la finca a través del
Fondo público de Tierras, pero –frente a esta propuesta- en diciembre de
2014 continuaban denunciando las amenazas de desalojo. Organizados en
la Asociación de Campesinos de Santa Rosa y Sak-Iximy, lograron en julio
de 2015 acceder a 540 hectáreas, tras un acuerdo con el gobierno y la
empresa maderera. Un mes después, “gracias a su lucha 279 familias fueron reconocidas –por la Municipalidad de San Cristóbal- como la primera comunidad indígena Poqomchi’ en Verapaz (Kab’laj Be)”, destacó el comunicador popular Rony Morales en el periódico Prensa Comunitaria. Morales cubrió el conflicto de la Finca Primavera también como miembro de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC). De su trabajo como redactor, cámara de vídeo, fotógrafo y locutor de radio dio cuenta en un acto sobre “El derecho a la comunicación y la defensa del bien común”, organizado por la ONG Perifèries en el huerto urbano del colectivo Cabanyal Horta, en Valencia. El pasado cinco de febrero el periodista documentó las movilizaciones de los pueblos q’eqchi’ del municipio de Santa María de Cahabón (Alta Verapaz), en las que se pedía la libertad del líder comunitario y maestro Bernardo Caal Xol, en prisión preventiva acusado –entre otros cargos- de presunto robo agravado y amenazas. Las comunidades consideran que la detención responde a una estrategia de criminalización por su defensa de los ríos Cahabón y Oxec frente a dos proyectos hidroeléctricos de la empresa Oxec SA. En una consulta celebrada el pasado 26 de agosto, 196 comunidades q’eqchi’ votaron contra el uso de los dos ríos sagrados para la instalación y funcionamiento de las hidroeléctricas.
Otro medio popular destacado por Rony Morales es Radio K’amolb’e, fundada en 2006; actualmente emite en el 93.1 FM desde el municipio de San Pedro Carchá (Alta Verapaz). La emisora se ha hecho eco de casos como el de la lideresa q’eqchi y maestra de Educación Primaria, María Cuc Choc, detenida el pasado 17 de enero en el municipio de Puerto Barrios (Izabal) al salir de su centro de trabajo. Medios comunitarios relacionan el arresto con el desalojo de los miembros de la Comunidad Chaab’il Ch’ok –“tierra buena”, en idioma maya q’eqchi- de la finca Santa Isabel (municipio de Livingston, Izabal) el pasado 30 de octubre. La empresa Lisbal SA reclama la propiedad de las tierras. El 25 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Guatemala que protegiera “los derechos a la vida y la integridad” de las familias indígenas. La resolución de la CIDH informa de que en el desalojo de las 56 familias de la finca Santa Isabel intervinieron 1.800 agentes de la Policía Nacional Civil; apunta asimismo que, como consecuencia de la actuación policial, se produjo la quema de viviendas, tierras cultivadas y animales de granja.
La
activista y comunicadora de Totonicapán, Andrea Ixchíu, se presenta en
su cuenta de Twitter como “K’iche Rebelde!” Colabora en el periódico
Prensa Comunitaria de Guatemala, donde ha informado del incendio
sucedido el 13 de febrero en la Aldea Vásquez (Totonicapán), que arrasó
al menos 10 hectáreas de bosque comunal –las tareas de reforestación
podrían prolongarse una década, según los vecinos- y afectó a áreas
boscosas, animales, plantas y fuentes de agua. Después de 15 horas de
trabajos, miembros de la comunidad y guardabosques lograron controlar el
fuego. Andrea Ixchíu denunció que el gobierno de Guatemala eliminara en
julio de 2017 el Sistema Nacional para la Prevención y Control de
Incendios Forestales (SIPECIF); “desde entonces, ninguna de las
instituciones públicas relacionadas con el medio ambiente ha podido
apoyar a las comunidades”, explicó. En otro artículo Ixchíu se hizo eco de un caso de soborno, el de la constructora Odebrecht al exministro de Comunicaciones y Vivienda de Guatemala y prófugo de la justicia desde 2016, Alejandro Sinibaldi; el pago de 19 millones de dólares sirvió para que la compañía brasileña resultara adjudicataria de la ampliación de la carretera CA-2 Occidente, iniciada en 2013 y pendiente de finalización; según la documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa Odebrecht pagó sobornos por valor de 788 millones de dólares en 12 países de América Latina y África.
La lideresa maya K’iche ha participado en el acto organizado por la ONG Perifèries en Valencia. Parte de su experiencia remite a la Red Tz’ikin, surgida en 2012 e integrada por comunicadores, productoras independientes y grupos de vídeo comunitarios de los pueblos mayas. Desde 2012 la Red Tz’ikin promueve anualmente la Muestra de Cine y Vídeo en Defensa de la Vida y el Territorio. La sexta edición –septiembre y octubre de 2017- tuvo lugar en más de una veintena de comunidades y centros educativos de Guatemala. En la muestra se proyectaron –entre otros audiovisuales- cortos de ficción producidos por la Red, como “Los medios corporativos son…” (2014) y reportajes, por ejemplo “Masacre de Samococh” (2016), sobre el asesinato de tres campesinos de la comunidad Samococh (Chisec, Alta Verapaz) por parte de la Policía Nacional Civil en agosto de 2014; o “Palma aceitera en Sayaxché” (2016), acerca del impacto del citado cultivo sobre el municipio de Sayaxché (Petén), las denuncias laborales y el ecocidio en el río La Pasión.
Además Tz’ikin promueve, junto al resto de integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (CLACPI), el FicMayab’; este festival, que celebra la XIII edición entre el dos y el 17 de octubre de 2018 en Guatemala, es el más relevante en los géneros de ficción, documental, videoclip o animación entre las poblaciones indígenas de América Latina. Una de las proyecciones destacadas es el documental “Veinte años después” (2017), dirigido por Anaïs Taracena y Rafael González, que recoge algunos testimonios de los excombatientes en una guerra interna que terminó, en 1996, con un balance de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla de la URNC.
Otra iniciativa de la Red de realizadores independientes es Tz’ikin Tevé, que comenzó a emitirse en 2015 por Internet y en televisiones comunitarias; Andrea Ixchíu era una de las presentadoras de “Claro y Pelado”, programa televisivo que abordó –entre otros contenidos- los proyectos extractivistas y de hidroeléctricas en el norte de Huehuetenango; la resistencia popular en los municipios de Ixcán (Quiché), Uspantán (Quiché) y Cobán (Alta Verapaz) a la construcción de la represa de Xalalá; y la lucha de las comunidades q’eqchi contra la privatización de lugares sagrados como las piscinas de Samuc Champey, en Alta Verapaz, convertidas en atracción turística. Asimismo realizan talleres audiovisuales con organizaciones populares, como los programados en octubre de 2017 en las comunidades Primavera, El Porvenir, Rumor y Chactelá en el municipio de Ixcán (Quiché). Entre los últimos vídeos de la Red Tz’ikin, destaca la cobertura el pasado 15 de septiembre de las movilizaciones frente al Congreso de Guatemala contra la reforma del Código Penal que eximía a los dirigentes de los partidos políticos del delito de financiación irregular. Los movimientos sociales calificaron estas modificaciones, revocadas por el Congreso un día después de su aprobación, como “pacto de corruptos”.
Marixela Ramos participa desde hace 12 años en Radio Victoria de El
Salvador, donde empezó en el área educativa. Después de cinco años en el
equipo de coordinación, colabora en los informativos de esta emisora
nacida en 1993, que actualmente emite –en el 92.1 FM y por Internet-
desde Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas. Los orígenes de la
radio se sitúan en la Comunidad de Santa Marta (Victoria), cuando
refugiados de una guerra civil (1979-1991) que se saldó con 75.000
muertos, retornaron a finales de la década de los 80 del Campamento de
Mesa Grande, en Honduras. Jóvenes entre 18 y 30 años de las comunidades cercanas a Ciudad Victoria impulsan la radio; “la educación popular es uno de los ejes de la emisora, a veces tenemos a grupos de 40 jóvenes formándose”, resalta la comunicadora. Componen la parrilla programas como “Comunidad al día”, “De mujeres para mujeres”, “Sin farsas” o “Conversando con la gente”. También un informativo –“En voz alta”- que se emite a las 12,00 horas de lunes a viernes. Los jóvenes comunicadores remiten, además, noticias locales a otras radios comunitarias y al informativo de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPA).
La Red de Corresponsales Comunitarios de Radio Victoria aporta contenidos al noticiero, a veces con coberturas especiales; por ejemplo, con motivo de la llegada del huracán Selma a El Salvador en octubre de 2017. Otro proyecto identificativo de la emisora es “Radio Victoria camina a las comunidades”; este mes de febrero los comunicadores populares visitaron el caserío La Montaña, en el municipio de Ilobasco (Cabañas). Los pobladores y líderes comunitarios expresaron las principales quejas, que apuntan a la alcaldía de Ilobasco: el mal estado de la única vía de acceso al caserío; el servicio de transporte insuficiente; la necesidad de un proyecto de agua potable; la existencia de sólo un campo de fútbol (privado) y la tala “indiscriminada” de árboles.
El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Cabañas (2016-2017) de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) publica una entrevista con Marixela Ramos. La activista explica que llegó a la emisora a partir de una campaña educativa que planteaba investigar la figura de monseñor Arnulfo Romero, asesinado en San Salvador por orden del mayor Roberto d’Aubuisson en 1980. “Dentro de la radio fui aprendiendo el valor de tener voz como mujer”, afirma. En 2009, tres años después de entrar en Radio Victoria, se implicó en la lucha contra la minería metálica. “Llegué al área de prensa por el exilio forzado de la compañera Isabel Gámez”, apunta en la entrevista. Nunca había redactado una nota de prensa, ni presentado un informativo. Pero Marixela Ramos se atrevió, “empezó a sonar mi voz y las amenazas que hasta entonces llegaban a Isabel, me llegaban a mí, por teléfono y al correo”. En marzo de 2017 el Congreso de El Salvador aprobó una ley que prohíbe las actividades de exploración y extracción de minería metálica, tanto a cielo abierto como en el subsuelo. Sin embargo, la Mesa Nacional frente a la Minería alerta de “posibles reformas de leyes o derogación de artículos” que favorezcan a las empresas tras las elecciones legislativas del próximo cuatro de marzo, informó Radio Victoria.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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