La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ODHNU)
publicó
la semana pasada la actualización de su investigación para elaborar una
base de datos de empresas involucradas en los asentamientos ilegales de
Israel en los territorios palestinos ocupados, según lo ordenado por
una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptada en
marzo de 2016.
El informe revela que se han identificado 206
empresas en su mayoría israelíes o estadounidenses involucradas en
actividades directamente vinculadas a los asentamientos o que forman
parte de procesos que “permiten y apoyan su establecimiento, expansión y
mantenimiento”. La actualización, sin embargo, no incluye el listado de dichas empresas y solicita “más recursos” para completar el trabajo y contactar incluso con las 206 empresas. Solo así, según el informe, la oficina podría “proporcionar en una actualización futura los nombres de las empresas dedicadas a las actividades enumeradas”.
Intensa presión estadounidense e israelí
Que los nombres de las empresas aún no se hayan publicado es una victoria para Israel aunque no lo sea por mucho tiempo. El informe es un acontecimiento positivo sobre todo frente a la intensa presión ejercida por Israel y por Estados Unidos sobre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el propósito de paralizar la elaboración de la base de datos.
Antes de que se votara en marzo de 2016 en Ginebra el mandato para la elaboración de la base de datos, tanto Israel como Estados Unidos ejercieron “intensos esfuerzos diplomáticos” para bloquear la resolución. En agosto de 2017 las informaciones aparecidas en medios de comunicación estadounidenses e israelíes constataban que se estaban intensificando las presiones para bloquear su publicación.
Si bien es lamentable que aún no se haya publicado la base de datos completa con los nombres de las empresas, la actualización es en sí importante por varias razones. En primer lugar, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos establece que los asentamientos son a la vez una grave violación del derecho internacional y una empresa intrínsecamente discriminatoria.
“Los asentamientos están alterando extraordinariamente la composición demográfica del territorio palestino ocupado y amenazan fundamentalmente el derecho de los palestinos a la autodeterminación”, afirma el informe citando “el profundo impacto de los asentamientos” en los derechos humanos de los palestinos.
“Las violaciones de los derechos humanos asociadas con los asentamientos son omnipresentes y devastadoras, y afectan a todas las facetas de la vida palestina”, continúa el informe, citando las restricciones a la libertad de religión, de movimiento y a la educación, así como al derecho palestino a la tierra y el agua, al acceso a los medios de subsistencia y al derecho a un nivel de vida digno.
Oponerse a la impunidad
Los asentamientos no son pues un mero asunto a resolver mediante negociaciones; subrayar la gravedad del delito que suponen y su impacto constituye una tarea esencial para oponerse a su impunidad.
En segundo lugar, el informe aborda algunos de los argumentos que se esgrimen para justificar los asentamientos o la complicidad de las empresas que operan en ellos, en concreto, la afirmación de que los asentamientos israelíes “proporcionan trabajo a las familias palestinas y contribuyen a estimular la economía palestina”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que este argumento “no reconoce que la presencia de asentamientos en el territorio palestino ocupado, que es ilegal, sirve para oprimir la economía palestina y para reducir las oportunidades de que las empresas palestinas prosperen. Por ejemplo, “el sector agrícola, que es la médula espinal de la economía palestina, está en retroceso permanente desde 1967 por la desposesión de tierras y la prohibición de que los agricultores palestinos accedan a las áreas agrícolas, a los recursos hídricos y a los mercados comerciales”.
Además, la colonización de Israel y las restricciones impuestas a los palestinos en el 60% de Cisjordania conocida como Área C “ha reducido significativamente los terrenos disponibles para el uso del sector privado palestino” y contribuye a una “crisis de desempleo permanente”.
En otras palabras, es el plan israelí de ocupación y creación de asentamientos el que crea las condiciones económicas que obligan a “miles de palestinos en paro a buscar trabajo en Israel y en los asentamientos, en actividades manuales de baja cualificación y baja retribución”.
Todos los sectores involucrados
Finalmente, e incluso aunque no nombre empresas concretas, el informe de la ODHNU deja una cosa muy clara: el Estado de Israel y cada sector de la economía israelí son responsables y cómplices de los asentamientos.
“La ODHNU advierte que la actividad empresarial desempeña un papel determinante como facilitadora del programa general de colonización mediante asentamientos porque contribuye a la confiscación de tierras por parte de Israel y al traslado de su población a través del desarrollo comercial”, dice el informe.
“La participación empresarial en los asentamientos incluye a las principales industrias y sectores”, añade, entre ellas la banca, el turismo, la seguridad privada, los bienes raíces, la tecnología, la construcción, las telecomunicaciones, la agricultura, el transporte y la producción.
Aunque esta información no es nueva, resulta muy útil que el informe de la ODHNU lo explicite tan claramente. El mensaje es rotundo: si nos oponemos a los asentamientos, si apoyamos la rendición de cuentas [de Israel] por las graves violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos, no tiene sentido que restrinjamos nuestro boicot a algunas frutas y verduras cultivadas por los colonos.
Como escribía un preocupado columnista en el periódico israelí Yedioth Ahronoth en marzo de 2016, la base de datos de negocios podría “causar graves problemas”, porque “la lista de empresas israelíes que trabajan en los asentamientos es larga e incluye a la mayoría del sector empresarial”.
Una oportunidad para avanzar en la exigencia de rendición de cuentas
Por lo tanto, aunque no dé nombres, el nuevo informe de la ODHNU es una oportunidad para la campaña de boicot: pone énfasis en las violaciones de los derechos humanos intrínsecas al proyecto colonial de los asentamientos, destruye los argumentos de que éstos beneficien a los trabajadores palestinos y subraya la responsabilidad del Estado de Israel y de casi todas las principales industrias y sectores israelíes.
Como lo expresó el Comité Nacional Palestino del BDS, “aunque este informe de la ONU no va lo suficientemente lejos, constituye un paso positivo que confirma la necesidad de nuestro trabajo de base”.
En palabras de Human Rights Watch, la ONU y sus Estados miembros deben ahora “asignar los recursos necesarios” para que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos “publique los nombres de quienes continúan operando en los asentamientos”. A medida que la Administración Trump y el Gobierno israelí trabajan conjuntamente para debilitar las instituciones internacionales, esta es una oportunidad para avanzar en la exigencia de rendición de cuentas que no debemos perder.
Ben White es el autor del Israeli Apartheid: A Beginner's Guide and Palestinians in Israel: Segregation, Discrimination and Democracy . Escribe en Middle East Monitor y sus artículos han sido publicados por Al Jazeera, Al Araby, Huffington Post, Electronic Intifada, The Guardian's Comment is Free y otros.
Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/un-report-deals-blow-illegal-israeli-settlements-1924286442
No hay comentarios.:
Publicar un comentario