CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO: EPN Y LA IGLESIA CATÓLICA...
LA LOCURA
POR EL CONTROL DEL VATICANO La clandestinidad en la que se han forjado los
acuerdos entre el Grupo Atlacomulco y la cúpula eclesial más extremista encubre
todo tipo de maquinaciones. Sólo tiene que seguirse la línea hasta 1942. La
inclusión de [su Ilustrísima y tres veces obispo, el atlacomulquense] Maximino
Ruiz y Flores en el equipo de Fabela no fue un paso menor. Hizo emerger a esa
Iglesia radical como un poder paralelo. Le dio un espacio y la posicionó al
frente en las campañas electorales. Su ilustrísima tenía otras “cualidades”
ocultas: el 25 mayo de 1915 apoyó en forma abierta la creación de la Unión de
Católicos Mexicanos, la U, que se convirtió en el andamio de la ultraderecha
mexicana, entre cuyas finalidades, aparentes e idílicas, sobresalían favorecer
la presencia de la fe católica y el reinado de Cristo en México. […] También
analizaba a los candidatos en elecciones, les creaba un perfil y lo hacía
público, al menos entre sus militantes. Pero además, funcionaba como un centro
de información e inteligencia que se ocupaba de obras sociales, política,
gobierno y hacienda, entre otras cosas. Con políticos en sus filas, a
principios de los años 20, la U pronto controló ayuntamientos en Michoacán,
pero también sostuvo enfrentamientos violentos con otras fuerzas. Un delegado
apostólico del Vaticano, monseñor Filippi A. Gasparri, fue quien empezó a
sospechar la peligrosidad de aquella organización, pues era un elemento
desestabilizador. […] Por ese entonces, 1921, la U era muy importante para
Maximino, de la cual opinaba: “Su fin principal era ir ganando terreno en las
elecciones, comenzando por los municipios, siguiendo por los diputados y
gobernadores de los estados, hasta llegar a las cámaras de la federación y a la
misma Presidencia de la República. Todo esto sin miras bastardas ni ambición
personal alguna, sino sólo por el bien de la Iglesia y por ende de la patria”.
[…] Y si Alberto Tavira, autor del libro Las mujeres de Peña, señala al
aspirante [Enrique] como destinado al sacerdocio por su familia desde pequeño,
la lista también la integran otros de Atlacomulco, como Juan Monroy o el mismo
Arturo Montiel, quien según sus propias declaraciones estudió un tiempo en el
seminario. Lo cierto […] es que la creación de un obispado de Atlacomulco sólo
era cuestión de tiempo. Y con Arturo Vélez en el poder eclesiástico las cosas
se aceleraron en 1984, con Ricardo Guízar al frente de ella. Estuvo ubicado en
la diócesis de Tlalnepantla y en el 2009 fue sustituido por Carlos Aguiar
Retes, cercano al panismo, pero conservó el cargo de arzobispo emérito. Todavía
en marzo de 2011, Guízar firmó una misiva pública, junto con otros obispos,
cuyo mensaje aparente era invitar a votar a los mexiquenses en las elecciones
para gobernador. “Nos preocupa percibir cómo se ha debilitado el tejido social.
La fragmentación social, el individualismo y la apatía han introducido, en
distintos ambientes de la convivencia social, la ausencia de normas, que tolera
que cualquier persona haga lo que le venga en gana, con la certeza de que nadie
le dirá nada”, decían los prelados. El propio Peña, un año antes y todavía como
gobernador, dijo ante el mismo Guízar que gobierno e Iglesia tenían “objetivos
comunes, propiciar condiciones de mejora, de paz y de tranquilidad a la
ciudadanía, a la feligresía en su caso, a la grey, a la que usted esta pastoreando”.
Otro cura cercano a Peña es Florencio Armando Colín Cruz, obispo auxiliar de
México, emparentado con la familia de Juan Monroy Pérez, amigo y patrocinador
de Arturo Montiel. Este personaje es importante, dice Jorge Toribio, porque se
coloca en un lugar estratégico que podría llevarlo a la sucesión del actual
Papa, cuando éste muera. La lista que proporciona es enorme. El clero, plagado
de mexiquenses en cargos donde pueden influir en el destino del país, tendrá,
como en cada proceso electoral, su participación. No es casual que el Papa haya
visitado al país en tiempos comiciales y tampoco resultó extraño que lo haya
hecho. Priistas y panistas tienen un origen común, que actualmente los ubica en
el extremo más conservador de la ultraderecha. Al final del día, los
atlacomulquenses también esperan contar con el apoyo de monseñor José Francisco
Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, amigo de Peña. Aunque pocos lo
recuerdan, Robles fue obispo de la diócesis de Toluca de 1998 a 2003. Y siempre
llevó relaciones cordiales con el Grupo Atlacomulco, sobre todo con los ex
gobernadores César Camacho Quiroz y Arturo Montiel Rojas. VISTA A LA DISTANCIA,
la influencia de Su Ilustrísima Ruiz y Flores también fue determinante para que
el 11 de abril de 1951 el humilde párroco Arturo Vélez Martínez recibiera la
llamada Consagración Episcopal. […] Al margen de los problemas judiciales que
enfrentó, “Vélez Martínez es una de las personalidades más destacadas del
Estado de México e hijo dilecto de Atlacomulco, murió el 22 de agosto de 1989
en la ciudad de Toluca, a los 85 años de edad, después de haber estado al
frente de la diócesis durante casi 30 años”, precisan [Antonio] Corral
Castañeda y [Adela] García Moreno. […] Desde principios del siglo XX, el cura
radical Maximino Ruiz se convirtió, en forma abierta la mayoría de las veces,
en guía “moral” y espiritual de los caciques atlacomulquenses. A su muerte, el
lugar fue ocupado por Vélez Martínez, “el cura del diablo”, llamado así porque
desapareció los apoyos económicos de sus feligreses. Seducidos por fantasmas
del poder eclesial, otros hijos de Atlacomulco, conocidos por sus andares
políticos, también intentaron, si bien en forma infructuosa, seguir la carrera
sacerdotal. Entre ellos destacan Enrique Peña del Mazo —padre del presidente
Peña—, Arturo Montiel Rojas y Juan Monroy Pérez, pero ninguno tuvo el carácter
y la disciplina necesarios, los únicos requisitos con que contaban eran el amor
al dinero público y su ambición de poder. A la muerte de Su Ilustrísima Vélez
Martínez, los atlacomulquenses no se quedaron sin un representante de Dios en
la Tierra. Su lugar lo ocupó monseñor Abelardo Alvarado Alcántara, actual
obispo auxiliar emérito de la Arquidiócesis de México. Sus credenciales lo
avalan como digno sucesor: de 1999 a 2003 fungió como secretario general de la
Comisión del Episcopado Mexicano y de 2004 a 2006 fue encargado del
Departamento de Relaciones Iglesia-Estado en la Secretaría General de la CEM.
Para explicarlo mejor, cuando Arturo Montiel y Peña fueron gobernadores,
monseñor Alvarado Alcántara se convirtió en un hombre poderoso, cumpliendo con
su primera cualidad; es decir, el haber nacido en Acambay —tierra original de
los Peña—, que pertenece a la Diócesis de Atlacomulco. Y por si alguien dudara
del apoyo que éste dio a Enrique, algunos de sus mensajes lo aclaran. Apenas
pasados los comicios del 1 de julio de 2012, escribió: “Las supuestas
irregularidades que se cometieron el día de la elección parecen ser las
normales en una votación en que supone un trabajo arduo y complejo (actualizar
el padrón electoral, imprimir millones de boletas, instalar las casillas,
representantes de los partidos que verifiquen el desarrollo de la elección, el
conteo de los votos, las actas que dan fe de los resultados, los miles de
observadores nacionales y extranjeros, etc., etc.). Es decir, se trata de
errores humanos que no inciden gravemente en el resultado”. Fuentes allegadas a
la cúpula de la Iglesia católica advierten que, a finales de la década de 1990,
Alvarado Alcántara constituyó uno de los pilares para que Atlacomulco fuera
considerado en la categoría de Diócesis. Además, los viejos atlacomulquenses
recuerdan que su ingreso al seminario y, más tarde, al clero de poder, se dio
de la mano del obispo Arturo Vélez Martínez. Por si le faltara alguna
credencial, forma parte de la gran familia del Grupo Inversionistas en
Autotransportes Mexicanos, S.A. de C.V, o IAMSA —que controla, entre otros, 8
mil unidades de transporte de pasajeros—, fundado por Jesús Alcántara Miranda,
originario de Acambay, y que preside su hijo Roberto Alcántara Rojas, pariente
de Arturo Montiel. Ésta es una de las claves. Monseñor es tío de Jesús Sergio
Alcántara Núñez —de la misma familia de Acambay—, un político ligado al primer
equipo del nuevo Presidente, aunque, según los peñistas, hace parte del trabajo
sucio. Ellos advierten que fue el suplente de Peña cuando este último llegó a
la Legislatura del Estado de México en 2003, de donde brincó a una diputación
federal. […] Todo es perceptible, nada se ha dejado al azar: monseñor Alvarado
es familiar del empresario Mayolo del Mazo Alcántara —propietario de los
balnearios Cantalagua y Tepetongo—, emparentado éste, a su vez, con Alfredo del
Mazo González. […] En el entramado de relaciones y parentescos, fuentes de
Iglesia afirman que Alvarado Alcántara se ha convertido, en los hechos, en
enlace entre el presidente Peña —como lo hacía cuando éste era gobernador— y la
Confederación del Episcopado Mexicano, así como con algunos de los obispos más
influyentes del país. Lo han convertido en un personaje central de la historia.
[…] En esa trama de apellidos, parientes y paisanos, Nuestro Tiempo Toluca
aclara más dudas: otro sacerdote oriundo de Atlacomulco es Abelardo Alvarado
Alcántara, emparentado con la familia Del Mazo y los Alcántara, también de
aquel municipio, pero dueños de líneas de transportes a nivel nacional y de la
terminal de camiones Observatorio, en la Ciudad de México. Pero más allá de
pasillos oscurecidos por el rumor, se le conecta con el millonario abad de la
Basílica de 1963 a 1996, Guillermo Schulenburg Prado —el cura que negó las
apariciones de la Virgen de Guadalupe—, quien había depositado su fortuna y
herencia en dos partes. Una, en una cuenta del banco HSBC y otra en un llamado
‘Fideicomiso Guillermo Schulenburg Prado’, creado por un acuerdo de Fideicomiso
Inglés, en Merrill Lynch, Trust Services S.A., Ginebra, Suiza. Muerto el
domingo 19 de julio de 2009, Schulenburg había desatado una controversia
cuando, el 24 de mayo de 1996, puso en duda la existencia de Juan Diego y, por
ende, las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. En una
carta que envió al Vaticano fue muy claro y enfático: “La existencia del indio
Juan Diego no ha sido demostrada, podríamos obtener muchas firmas de
eclesiásticos preparados, así como de laicos intelectuales que avalan esta
carta, pero no queremos provocar un inútil escándalo, simplemente queremos
evitar que disminuya la credibilidad de nuestra Iglesia”. También declaró a la
revista italiana 30 Giorni que la existencia de Juan Diego era “un símbolo y no
una realidad”, y encendió la controversia y las alarmas de la cúpula religiosa
cuando advirtió que la imagen de la Virgen de Guadalupe era “producto de una
mano indígena y no de un milagro”. […] Desde hace años, Toluca ve con
perplejidad cómo, anticipándose a la edad de jubilación de monseñor Alvarado
Alcántara, la cúpula peñista se acercó al Excelentísimo obispo Florencio
Armando Colín Cruz, encargado de la primera Vicaría Episcopal Santa María de
Guadalupe, la más importante de México, anclada en el Distrito Federal. Vicario
episcopal de la primera zona pastoral, monseñor Colín Cruz nació en Hondigá,
Acambay, el 27 de octubre de 1950. Según su biografía oficial, es el tercero de
cuatro hijos procreados por Jesús Colín Colín y Socorrito Cruz Gómez. Su
formación filosófica y teológica tiene dos alma mater. La primera, el Instituto
Superior de Estudios Eclesiásticos de la Arquidiócesis de México; la segunda,
la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, donde realizó estudios de
especialización en el Pontificio Instituto Bíblico (1978-1982), que completó
con un semestre en The Hebrew University of Jerusalem (Israel), donde obtuvo la
licenciatura en ciencias bíblicas. El 22 de abril de 1982 recibió en México la
ordenación presbiteral de manos del Excelentísimo cardenal Ernesto Corripio
Ahumada. De 1988 a 1992 estuvo nuevamente en Italia, donde, además de cursos
complementarios a su formación, elaboró y defendió su tesis con la que obtuvo,
en la Pontificia Universidad Gregoriana, su doctorado en teología bíblica. Su
hoja oficial de vida ofrece algunos datos atractivos para el Grupo Atlacomulco:
el 12 de octubre de 1996, bajo las órdenes del Excelentísimo cardenal Norberto
Rivera Carrera, dejó la Vicerrectoría del Seminario Conciliar y se hizo cargo
de la Parroquia de Capuchinas. Monseñor Colín “es el tercer canónigo en hacerse
responsable tanto de la Parroquia de Capuchinas como de la Capilla de Indios,
Capilla del Pocito y del Bautisterio, administradas de manera independiente a
la Basílica. Después de dos años, el cardenal lo nombró integrante del Cabildo
de Guadalupe, haciéndolo canónigo junto con monseñor José Luis Guerrero y
monseñor Juan Aranguren”. En la dimensión de locura en la que entró el Grupo
Atlacomulco desde que se confirmó la imposición de Enrique Peña en la
Presidencia de la República, hay convencimiento de que monseñor Colín Cruz es
el elegido para sustituir a Rivera Carrera como arzobispo primado de México y
cabeza de la Iglesia católica mexicana. En efecto, futuristas ilusos o videntes
precoces, priistas del Estado de México están convencidos de que, con el apoyo
sólido del presidente Peña —y sus amistades en el Vaticano—, monseñor Colín
Cruz tiene la posibilidad de erigirse en guía moral de todos los mexicanos,
influir para que le otorgue la investidura de cardenal que ahora tiene Rivera
Carrera y desde allí, iniciar una cruzada por el papado. Si es una mera
vacilada o no, es cuestión de esperar, pero, como dicen los viejos atlacomulquenses,
medio en broma y medio en serio: “Ya tenemos seis gobernadores, un presidente
de la República, un puñado de obispos y estamos en camino de tener un cardenal.
Sólo nos hace falta tener un dios propio, nuestro dios”. Como se acogen a la
vieja consigna de que en la vida nadie regala nada y que uno mismo debe
procurarse todo, han empezado a ordenar el expediente negro del cardenal Rivera
Carrera, empezando por las demandas interpuestas en Los Ángeles por proteger a
pederastas, como el prófugo presbítero Nicolás Aguilar Rivera; o la dispensa
que guardó al padre Marcial Maciel, otro cura inmoral y pederasta, fundador de
los Legionarios de Cristo. Abrigan la inconsciente ambición de que el Estado de
México se convierta en el centro del mundo. No debe tomarse a broma que vean a
uno de los suyos como cardenal, sustituto del conspicuo Norberto Rivera
Carrera, cuarto arzobispo primado de México, trigésimo quinto sucesor de Fray
Juan de Zumárraga, custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac
y, por tanto, responsable del manejo de los dineros de la Basílica y de la
Plaza Mariana. Bajo cualquier concepto que se le busque, la importancia de
monseñor Rivera salta a la vista: es también integrante del Pontificio Consejo
para la Familia, de la Comisión para América Latina, del Consejo ordinario del
Secretariado General del Sínodo de Obispos y de la Comisión Vaticana de Asuntos
Económicos de la Sede Apostólica. En un lenguaje que muy pocos entienden y sin
que, aparentemente, se le conceda mayor importancia porque fue un sinónimo del
poder de Peña, llegado el momento esperan que, poco a poco, florezcan los
pecados del cardenal Rivera, las historias ocultas que debilitan su imagen y
minan su autoridad en el Estado Vaticano. Resalta, en primer lugar, la muerte
de monseñor Jesús Guízar Villanueva en enero de 2010. Ya hay quienes empiezan a
recordar que, antes del deceso —ocurrido en condiciones tan extrañas que
llevaron a sospechar de un homicidio—, el extinto Guízar envió a Roma
documentos confidenciales en los que denunciaba actos de corrupción
—enriquecimiento ilícito— de monseñor Diego Monroy Ponce, rector de la Basílica
de Guadalupe de enero de 2001 al 14 de enero de 2011, cuando fue sustituido por
monseñor Enrique Glennie Graue. Bajo el ala protectora del cardenal Rivera,
Monroy Ponce fue acusado de hacer jugosos negocios con el culto guadalupano o,
lo que es lo mismo, enriquecerse al amparo de la Villa de Guadalupe, el
principal santuario católico de México, que recibe 20 millones de peregrinos
cada año, así como de poner en marcha la construcción de la Plaza Mariana —en
la explanada de la Basílica—, conocido como el más ambicioso complejo
religioso-comercial de México y en el que se invirtieron 44 mil 650 millones de
pesos, producto de donaciones atribuidas, en su mayoría, a las empresas del
magnate Carlos Slim. La libertad de cultos ha permitido que muy pocos —el grupo
de la Iglesia católica que encabeza el cardenal Rivera— conozca cómo se
invirtió el dinero y qué destino se le dará, entre otros ingresos, a los 5 mil
millones de pesos que se obtendrán por la venta de 115 mil nichos. Aparte se
cuentan las limosnas, así como el cobro por bodas, bautizos, comuniones o misas
de aniversario luctuoso o los acuerdos ocultos en las donaciones por 44 mil
millones de pesos para edificar la Plaza Mariana en terrenos donados por el
Gobierno del Distrito Federal en 2003. […] Priistas mexiquenses que formaron
parte del primer círculo del gobernador Peña miran con incredulidad al cardenal
Rivera y recuerdan que hay demandas contra él en una corte radicada en Los
Ángeles, California. Más aún, no han olvidado el desdén del papa Benedicto XVI
a Rivera durante la visita que Su Santidad hizo a México en marzo de 2012.
Aunque es cabeza del mayor arzobispado de México, el cardenal fue relegado a
ocupar un segundo plano, lo que evidenció no sólo tensión, sino un conflicto
serio entre el Vaticano y algunas prominentes figuras de la Iglesia mexicana,
pero en concreto con el cardenal Rivera por acusaciones como las de monseñor
Guízar, sobrino del santo mexicano Rafael Guízar y Valencia, y pariente, por el
lado materno, de Marcial Maciel. La percepción aumenta a niveles insospechados
desde que el 30 de abril de 2010 el papa Benedicto XVI nombró como obispo de la
Diócesis de Atlacomulco a monseñor Juan Odilón Martínez García, un humilde
párroco originario del municipio mexiquense de Tenancingo que conoció a Enrique
Peña Nieto desde que éste tenía diez años de edad. Durante los últimos días de
julio de aquel año, Martínez congregó en su ordenación a Peña, al arzobispo
Christophe Pierre, nuncio apostólico en México; al cardenal Francisco Robles
Ortega, arzobispo de Monterrey; al arzobispo Carlos Aguiar Retes, presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano; a monseñor Ricardo Guízar Díaz,
arzobispo emérito de Tlalnepantla y primer obispo de Atlacomulco; al arzobispo
Alberto Suárez Guindas; Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de
las Casas; Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco; Javier Chavolla Ramos,
obispo de Toluca, y Maximino Martínez Miranda, obispo de Ciudad Altamirano. Fue
una demostración de poder en la que, como relataron algunas crónicas
periodísticas, Peña “recordó que ya existía una amistad entre él y el nuevo
obispo de Atlacomulco, ya que se conocieron cuando el gobernador era un niño y
el religioso iniciaba su misión pastoral como vicario parroquial de la cabecera
municipal atlacomulquense”. Convencido de que en el juicio final Dios será su
abogado de oficio, sólo restaba esperar que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación validara el excelente trabajo realizado por un
supermercado y una cadena televisiva en los comicios del 1 de julio de 2012,
donde él obtuvo 38 por ciento de los votos; y descalificara las pruebas
recabadas por el obradorismo, que forman parte de las denuncias de un fraude
electoral cínico y demagógico. Recibir la constancia de presidente electo vino
a confirmar la certeza que hizo suya desde 2005 —cuando inició su campaña— de
que 2012 era el año en que ocuparía la silla presidencial. Para lograrlo no
escatimó recursos ni tiempo para reclutar a quien mejor respondiera a sus
intereses. Reforzado en alianzas, nada podía estropear su camino, ni siquiera
los gritos y reclamos recibidos aquel viernes negro en la Universidad Iberoamericana,
que lo acusaban de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, reparto de
secretarías a familiares, represión social y gastos innecesarios. Evento que no
pasó de ser más que un pequeño sustito para el político más telenovelero de
México. El escenario estaba puesto, su intento por reconquistar la Presidencia
para el PRI lo protagonizó en un país habitado por un gran número de mexicanos
apáticos a quienes no les importa quién los gobierne y, aunque hay otros tantos
preocupados, no sólo por el quién sino por el cómo, éstos no arruinan la
felicidad que refleja frente a las cámaras. Como representante del Grupo
Atlacomulco, que reúne los apellidos Hank, Montiel, Del Mazo, González,
Barrera, por mencionar algunos, así como las alianzas que tiene con los
Azcárraga y Salinas Pliego, parece que su telenovela presidencial va por buen
camino. Ellos, los políticos de Atlacomulco, han gobernado durante más de 80
años al Estado de México, pequeño espejo en que puede irse reflejando el país.
La entidad, de 15 millones de habitantes, muestra profundos contrastes sociales
y en la última década se ha afianzado como territorio-base para el
narcotráfico. Desde Toluca, una fría ciudad que ni siquiera destaca por su
equipo de futbol profesional, se mueve la mayor parte de los hilos políticos
del país. Aquí es donde se decidió el tamaño de la trampa. Las elecciones para
gobernador del Estado de México, julio de 2011, fueron la prueba piloto, una
pequeña muestra de cómo se cancelaría el respeto al voto de millones de
mexicanos pero, sobre todo, la inutilidad de las instancias electorales. La
entrega del poder a los de Atlacomulco confirma que México es una empresa
privada que se maneja con capital público, poseedora de una democracia simulada
que encubre a una realeza “región cuatro” donde nadie más cabe, salvo por sus
orígenes de linaje.
FUENTE SIN EMBARGO
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