La impunidad
Uno
es político; el otro, empresario (aunque ambos grillan y han sido
beneficiados con negocios en los cuales los gobiernos en turno han sido
no únicamente complacientes, sino incluso omisos para castigar sus
tropelías). Los dos están hoy en el centro de la atención por diversas
razones, pero saben que tienen una larga vida de placeres en tanto la
impunidad sea lo cotidiano en México. Tanto que vamos como cangrejos en
eso de aplicar la ley. Estamos, en el índice mundial de corrupción, en
el lugar 105 de 174 países.
Hablamos de Jorge Emilio González,
mejor conocido como el Niño Verde, y de Germán Larrea, accionista
principal del Grupo México, compañía que maneja salas de cine, mineras y
otras empresas donde hay enormes ganancias y generalmente se viola la
Ley Federal del Trabajo.
El primero, dos veces diputado e igual
número de ocasiones senador, recibió hace tiempo una franquicia de su
padre Jorge González Torres: el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Éste es el único en el mundo que no está afiliado a la
internacional de esas organizaciones por dos razones, entre otras:
levantar como bandera la pena de muerte y oponerse a las corridas de
toros, contradicción flagrante.
Eso no ha importado al PVEM, ya que
lograron, con engaños y con propaganda subliminal, captar los votos
requeridos para obtener curules. Desde luego, en este sinuoso transitar
los han ayudado las autoridades electorales, pues recientemente el
llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les
perdonó un castigo millonario debido a que realizaron propaganda ilegal
con actores de Televisa. Y el duopolio televisivo, por cierto, utiliza a
los Verdes en contra de quienes desean un proyecto en
telecomunicaciones que abra las puertas a la variedad informativa y a la
libertad de expresión.
Recientemente Jorge Emilio, a quien
Froylán López Narváez motejó como el Niño Muerde –ya que se le filmó
pidiendo una cuota millonaria a un edificador, el cual quería construir
en Quintana Roo–, fue detenido en el Distrito Federal por conducir en
estado de ebriedad. Hizo el numerito clásico de los prepotentes:
insultó a la autoridad, se negó a soplar en el alcoholímetro, llamó a
sus guaruras, éstos “cesaron” a los policías que realizaban su trabajo
y, finalmente, al verse perdido, dijo llamarse de otra manera.
Logró un amparo, medida no muy sana,
pero que han podido realizar cientos. Después alegó que hizo ese trámite
porque eran horas de la madrugada y tenía frío, hambre y sed (resaca
mediante). Espetó: “No había agua para tomar agua” (sic líquido).
La mayoría de sus compañeros políticos
lo censuraron, incluidos los priístas, entre ellos Emilio Gamboa quien
le pidió actuar con más cuidado. Casi todos los consultados al respecto
lo zarandearon en serio. El escritor Agustín Sánchez González, quien es
un experto en José Guadalupe Posada y en las historietas de la Familia
Burrón, dijo: Jorge Emilio debe ser petrolero: “cuando no está crudo,
está refinado”.
No debemos olvidar que Jorge Emilio
tiene otras historias aparte de los sobornos, como el de una dama
búlgara que se arrojó en Cancún de un departamento titulado a su nombre.
En aquella ocasión dijo que había rentado el lugar a otra persona. Y un
exdiputado de su club verde, Arturo Escobar, fue detenido en el Sureste
cuando transportaba 1 millón de pesos en efectivo en una maleta.
Dice bien Julio Hubard en un ensayo
acerca de la democracia (Letras Libres, 170): “a la larga, resulta mucho
más lesiva una devaluación de la palabra que de la moneda”.
Germán Larrea no es hombre de
palabras, más bien las elude porque su verbo es el dinero. Por medio de
ese dios de los financieros ha sabido comprar voluntades, tantas que
espanta.
A 7 años (19 de febrero de 2006) de la
tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila, donde 65 mineros perdieron la
vida, no hay investigaciones al respecto y la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, del panismo al actual priísmo, enmudecieron.
Afortunadamente el obispo de Coahuila,
Raúl Vera López, dijo: “fue un crimen oculto”, ya que varios
investigadores y científicos demostraron que luego de la explosión había
rastros de vida. Empero, nada se hizo para sacar los cadáveres (y las
posibles víctimas). Algo que continúa hasta la fecha.
Para el clérigo, “restaurar la
justicia y reparar el daño significa garantizar la no repetición del
hecho”. Y ya sabemos que luego de este grave acontecimiento sucedieron
otras tragedias mineras, sin que en ningún caso, el hoy valentón Javier
Lozano moviera un dedo para rescatar a los trabajadores, consolar
a las familias, indemnizar convenientemente a las víctimas y hacer un
homenaje póstumo a quienes ofrendan su existencia para que unos cuantos
se hinchen las bolsas de lana.
Pero, como son insaciables los
acumuladores de dólares, hoy otra empresa de Larrea, Cinemex, tiene en
la mira la compra de los 31 complejos cinematográficos de Cinemark. De
lograr ese propósito, tendría el manejo de casi el 40 por ciento de las
pantallas. Y sabemos que el cine es un negocio muy rentable por su
elevada tarifa: de 50 a 80 pesos la entrada por persona. Además, en
dicha salas no se promueven, sino ocasionalmente, los filmes mexicanos,
ya que los tradicionales son los estadunidenses.
En este último caso, la venta de
Cinemark a Cinemex, falta que la Comisión Federal de Competencia dé su
aval. Aunque será difícil oponerse a tan poderoso caballero. De llevarse
a cabo la fusión, la compañía de Larrea junto con Cinépolis serán el
duopolio en la exhibición cinematográfica. Algo parecido a lo que ocurre
en televisión con las empresas de Emilio Azcárraga tercero y Ricardo
Salinas Pliego.
El México de la impunidad no acepta la demagogia oficial.
*Periodista
Fuente: Contralínea 324 / marzo 2013
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