Telecomunicaciones: mucho estruendo, pocas leyes y perversas
Vino nuevo en pellejos viejos.
Para justificar la imposición de un nuevo ciclo de las desacreditadas,
antisociales y en bancarrota contrarreformas estructurales neoliberales
como son la educativa, la fiscal, la energética o en las
telecomunicaciones, ahora pintarrajeadas con la pátina del pelambre
priísta, devenido del vistoso tricolor nacionalista-revolucionario al
lustre rata-gris que asume la estafeta para seguir esparciendo el bacilo de la peste del
prehistórico liberalismo económico, Enrique Peña Nieto y sus falanges
no han dudado en desempolvar la anticuada, desgastada e insultante
monserga priísta. Con la alternancia, Tartufo retornó como publicista gubernamental.
En los juegos florales del tartufismo, un cortesano se
ha destacado en la promoción de las impresentables contrarreformas.
Manlio Fabio Beltrones, el tribuno sin pueblo –no fue elegido por los
votantes, sino por el plurinominal dedo divino de Enrique Peña
como pago a la declinación de sus ambiciones presidenciales a su favor,
permitiéndole continuar ejerciendo alegremente sus versátiles
habilidades de saltamontes en ambas cámaras del Congreso de la
Unión, sin necesidad de la reelección–, no ha dudado en recurrir
ardorosamente a su hiperbólica oratoria adolescente-juvenil. Sin
ruborizarse por los saltos de carnero que se ve obligado a dar y con
meliflua entonación, no ha mezquinado en florituras. Con ampulosa
verbosidad, que quizá ni los mismos priístas soportan, manosea las
palabras trilladas para exaltar cada uno los compromisos enumerados en
el catecismo peñista (el Pacto por México), tratar de mostrar sus
virtudes y convencer a sus pares del Congreso para que los aprueben y
conviertan en ley, en los casos que sea necesario. Siempre repite las
mismas fórmulas, indistinta y chocantemente, sin preocuparle cuál sea el
tema en cuestión: “pluralidad”, “consenso”, “prisa”, “las reformas que
requiere México”, “urgencia de crecer en forma sostenida”, “crear
empleos bien remunerados”, “beneficio social”, “fortalecer el mercado
interno”, “eficiencia”, “competencia”, “productividad”…
Más allá del estruendo, nada importa
si esos cambios son los que realmente necesita un país heterogéneo, de
intereses y necesidades disímbolas y a menudo contrastantes. Si se
cumplirán o no los beneficios sociales ambiguamente enunciados y que,
por principio, se contraponen a los económicos: eficiencia, competencia,
productividad, vocablos que delinean el contenido neoliberal,
antisocial y excluyente del programa peñista. Al cabo es el país de sus maravillas.
Controlan los poderes del Estado para imponer su programa sin necesidad
de aparentar el consenso. “El tema es quién es el que maneja las
palabras… Nada más”. “Cuando uso una palabra –dijo Humpty Dumpty, con un tono bastante soberbio– esa palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique… Ni más ni menos”.
A la reforma en telecomunicaciones se
le prodigan toda clase de dudosas virtudes: 1) que recuperará la
rectoría del Estado en el sector al fortalecerse la Comisión Federal de
Competencia, al darse la autonomía de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (¿con desvergonzados Mony de Swaan al frente de ambas
comisiones?), al crearse tribunales especializados en la materia o con
los cambios a la Ley de Amparo que los oligopolios manipulaban
impunemente para eludir las resoluciones de los reguladores; 2) que tres
nuevas cadenas televisivas, dos privadas, en cuya licitación no podrán
participar los dueños de las existentes, y una estatal, restaurarán la
competencia en el ramo, afectarán la concentración de Televisa y Tv
Azteca, estimularán la innovación tecnológica, elevarán la calidad y la
oferta de los servicios; 3) que la apertura en la telefonía fija y móvil
y en los servicios de datos tendrá los mismos efectos esperados en la
televisión y la radio; 4) que Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas
Pliego y Carlos Slim bufarán de rabia e impotencia por el eclipsamiento
de sus oligopolios y fortunas (los ricos también lloran y se
empobrecen) y los usuarios se beneficiarán porque se les garantizará el
derecho al acceso equitativo a las comunicaciones (por ejemplo, a la
banda ancha en sitios públicos bajo el esquema de una red pública del
Estado), no serán discriminados y recibirán mejores servicios con
tarifas primermundistas (los pobres también llorarán de felicidad). La revolución neoliberal les hará justicia.
México será el paraíso del “mercado libre” en las telecomunicaciones.
¿Qué garantiza que las reformas cumplirán con tan nobles propósitos?, nada.
¿La reforma democratizará a dichos servicios? No.
1. Relación política
gobierno-oligarquía industrial-financiera. Algunos analistas han
señalado que la reforma de Enrique Peña Nieto busca restaurar el poder
político del Estado sometido y degradado ante el poder
económico-político-oligárquico, en especial ante Azcárraga y Salinas,
que con los panistas llegó a un grado escandaloso, y distanciarse de
esos grupos de dominación que jugaron un papel relevante en su hediondo
ascenso a la Presidencia de la República, y de otros como el de Carlos
Slim. Esto con el objeto de ampliar su margen de autonomía ante los
intereses de esos y otros grupos de poder, que le garantice un mayor
margen de gobernabilidad para la instrumentación de sus proyectos;
establecer alianzas con otros grupos empresariales (del Estado de
México, del centro y otras regiones) y acuerdos con los otros partidos y
otras organizaciones seleccionados, controlados desde la Presidencia,
que le sirvan de contrapeso frente a aquéllos; labrar la credibilidad
que no pudo obtener legítimamente a través de las urnas; afianzar las
bases que aseguren la permanencia de los priístas en el poder con los
políticos que llegaron con él a Los Pinos.
Esos razonamientos no son desdeñables. Pero existen otros matices nada despreciables y, sin duda, más relevantes.
Los efectos que suscitarán las
reformas no socavarán el poder económico ni el político de esos grupos
oligárquicos ni el de otras fracciones, ni alterarán su relación con el
gobierno. No implicará un viraje estratégico entre el poder político y
el económico que produzca a una ruptura e incite a la reacción pavloviana de los hombres de presa en defensa de sus intereses. No los llevarán a que desempolven
el viejo expediente del enfrentamiento, la conspiración, la
desestabilización, las tentaciones golpistas que emplearon ante los
gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, que llevó a este
último a la nacionalización bancaria y al control del mercado cambiario
como forma de restaurar el poder del Estado, al margen de que se esté o
no de acuerdo con esas medidas. No soltarán a la jauría en contra
de Peña Nieto ni instrumentarán una rabiosa estrategia de linchamiento,
como lo hicieron contra Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López
Obrador.
Enrique Peña, Manlio Fabio Beltrones,
priístas y panistas han guardado silencio ante un hecho relevante que
provocó el descontento del movimiento Yo Soy 132 en contra de Televisa,
Tv Azteca y sus gacetilleros. Que en Venezuela llevó al fallido golpe de
Estado en 2002 contra Hugo Chávez, en el cual participó Gustavo
Cisneros, dueño de Venevisión, el Azcárraga de Televisa de ese
país. Que en Ecuador los medios asedian a Rafael Correa, quien dijo en
abril de 2012: “Si me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al
perro, y si lo pateo, me denuncian”; sus “verdades a medias son doble
mentira y dicen que debemos tolerar la mentira en nombre de la libertad
de expresión”; “la libertad de prensa no es otra cosa que la voluntad
del dueño de la empresa”; que se caracterizan por su “falta de
objetividad y el sesgo en la información”; “si calumnian a un gobierno
es libertad de expresión, y si un presidente osa contestarles es un
atentado a la libertad”; “cualquier regulación es satanizada como un
atentado a la libertad de expresión, cuando lo que proveen es un bien
indispensable y un derecho que nadie te puede quitar y que no puede
estar sujeto a la lógica de mercado”; “muchas veces los negocios de la
comunicación se encuentran vinculados íntimamente con otros intereses
empresariales, distintos a los de la comunicación”; “los medios están en
manos de [unas cuantas] familias”; “los medios de América Latina
estuvieron siempre en contra de los procesos de cambio populares”; “no
somos intolerantes, somos intolerantes con la mentira, la corrupción, la
mediocridad, la mala fe”; “el desafío es liberar a la libertad de
expresión de la dictadura del capitalismo, democratizar la propiedad de
los medios de comunicación e independizarlos del capital, que sean
medios públicos sin fines de lucro y exigir una información plural,
veraz, chequeada y sin censura previa”. Que en Argentina detonó el
enfrentamiento entre el gobierno de Cristina Fernández con el mayor
conglomerado mediático, Grupo Clarín y llevó a la emisión de la ley que,
bajo el principio de que los servicios de comunicación audiovisual son
“de interés público”, que se contrapone a la de “servicio público”,
dividió a la industria en tres tercios, el privado, el público y el
social, y que obligó a desmantelar los oligopolios, su poder económico y
político.
La reforma de Peña Nieto y demás dejó
de lado el elemento fundamental, que los oligopolios de los medios son
autoritarios. Son enemigos de la libertad de expresión, de la
democracia. Usan los bienes públicos para manipular, falsear la
información, chantajear, atacar, difamar, acumular fortunas de dudoso
origen. El gobierno no pretende la democratización de las
telecomunicaciones ni la libertad de expresión ni mejorar la calidad de
los contenidos ni abrir espacios a otros sectores sociales.
La relativa tranquilidad con que Azcárraga, Salinas, Slim y demás depredadores
de las telecomunicaciones han recibido las reformas lleva a afirmar que
los cambios serán intrascendentes y no afectarán su poder
económico-político.
Los intereses involucrados en ambos
lados del bloque hegemónico y los acuerdos palaciegos existentes entre
ellos, poco pulcros legalmente, impiden cambios de mayor trascendencia.
Enrique Peña no es un radical. Su gobierno es débil. Está subordinado a
la oligarquía y no desea desecharla como su interlocutor. Sólo aspira a
replantear algunos acuerdos. Sabe que el compromiso con los partidos es
frágil y temporal. No busca apoyarse en la sociedad por los riesgos que
implica un trato con ésta.
2. La razón de Estado y mercado. Peña
Nieto es un convicto y confeso neoliberal, proyecto que ha beneficiado a
la oligarquía. Sus contrarreformas son, para ellos y otros nuevos,
invitaciones al banquete depredador. Ellos son los garantes de su
mandato y él es su administrador. La compleja extensión del poder de la
oligarquía desborda a las telecomunicaciones y si deseara afectarlos
tendría que modificar otras relaciones con el Estado.
Cualquiera que tenga nociones
elementales de economía sabe que el ingreso de más oligopolios en el
mercado no implica la libre competencia, ni redunda en una mayor calidad
y cobertura ni en la innovación ni en la reducción de precios ni
elimina los acuerdos mafiosos entre ellos. El sistema financiero se
abrió a otros grupos y sigue controlado por tres de ellos. Sus servicios
son infames y el cobro por ellos es voraz, ante la impotencia de los
usuarios y la pasividad estatal. ¿Qué puede decirse de la Comisión
Federal de Electricidad que no se sepa?
Lo más que esperarían Azcárraga, Salinas, Slim y demás es verse obligados a compartir un pedazo de la torta del
mercado. Telmex tendrá que ceder un poco del 80 por ciento del control
que ejerce en la telefonía fija y Telcel, del 70 por ciento, en la
móvil. Televisa, algo del 70 por ciento de la televisión abierta y de la
mitad de la de paga. Televisa y Tv Azteca, algo del 90 por ciento del
mercado en la televisión abierta que dominan. También parte de la
publicidad, de la cual Televisa capta el 71 por ciento y Tv Azteca, el
28 por ciento. Lo mismo ocurrirá con los 13 grupos que controlan el 86
por ciento de las estaciones de radio.
De la televisión estatal no se puede
esperar gran cosa y un nuevo canal en nada alterará la dinámica de la
industria. Además en 2013, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray
castigarán presupuestalmente a los medios públicos.
¿Y la sociedad? Seguirá rumiando su exclusión con los cambios que no cambiarán nada.
¿Quiénes serán los nuevos empresarios
de los medios que serán beneficiados con la oronda reforma neoliberal
festejada por la izquierda rosa oficial? Serán unos ingratos si no
agradecen el regalo del nuevo príncipe.
*Economista
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