La ley del silencio

José Gil Olmos
Artículo del 13 de marzo de 2013 · Por: Proceso

Una camioneta baleada después del enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas.
Foto: Tomada de Twitter

MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace varios años en México se ha presentado un fenómeno que Italia y Colombia han vivido también: se trata del surgimiento de zonas de silencio en las cuales los medios de comunicación decidieron no informar ante las amenazas de muerte, atentados y secuestros que recibieron por parte de bandas de la delincuencia organizadas convertidas en verdaderos gobiernos de terror en comarcas enteras.
Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.
Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.
La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.
En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.