¿Por qué se endeudan los gobiernos estatales y municipales?
Abril 17, 2013
Pago de servicios, de impuestos o hasta de la nómina de sus empleados es el destino que los gobiernos locales dan a los recursos que contratan como deuda, tema que ha activado ya las alertas en el Congreso de la Unión.
El crecimiento exponencial en los pasivos de las administraciones locales supera en muchas ocasiones sus ingresos.
Datos de la Secretaría de Hacienda, consignados por la bancada del PRI en un diagnóstico, revelan que mientras la deuda de estados y municipios con bancos privados aumentó 130%, sus ingresos sólo lo hicieron en un 57%.
La pregunta es ¿por qué se endeudan tanto los gobiernos locales?
"Hay estados que están pagando pensiones que siguen creciendo; hay muchos que están aumentando la burocracia y por ende sus salarios; además van creciendo la población y sus requerimientos de servicios, agua, alumbrado, pavimentación.
"Si a esto sumamos que después del 2008 comenzaron a bajar los ingresos por excedentes petroleros, se quitó la tenencia y los gobiernos locales continúan sin mejorar su recaudación, nos da como resultado que ahora estados y municipios se endeuden para cosas tan básicas como pagar el salario de sus empleados, por ejemplo”, explica Ricardo Corona Real, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en entrevista con ADNPolítico.com.
El más grave problema que enfrentan tanto las entidades como los municipios es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos, plantea Corona Real, pues en casi todos los casos no se sabe en qué se gastan los recursos en los gobiernos locales.
Para el investigador la adquisición de deuda no se justifica cuando no se trata de cubrir emergencias o atender situaciones inesperadas, y menos cuando se utiliza para pagar lo más básico, como los servicios o el gasto corriente. ¿Qué dicen los alcaldes al respecto?
'NO ALCANZA, NO HAY DINERO'
Uno de los casos en los que su deuda rebasa sus ingresos es el municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato. Su alcalde, Jaime Hernández Centeno, acudió a la Cámara de Diputados para pedir que se mejore el reparto de los recursos y su municipio pueda enfrentar los pasivos que ya superan su presupuesto total.
"Mi municipio hereda una deuda de más de 30 millones de pesos cuando nuestro presupuesto es de 24 millones. Sin prender un solo foco, sin mover un vehículo, estamos endeudados por un año y medio. Ya la sociedad no nos lo perdona. Vienen y nos tocan la puerta: ‘Alcalde, mi parque’, ‘Alcalde, mi beca’, todo”, manifesta Hernández Centeno ante legisladores.
Esta localidad, colindante con la ciudad de Celaya, Guanajuato, debe 1 millón 247 mil pesos en servicios de agua potable y alcantarillado; tiene adeudos también con el IMSS por cuotas obrero patronales, multas, recargos y actualizaciones por más de 3 millones 966 mil pesos.
Apaseo el Alto adeuda cerca de 5 millones de pesos en el pago del 2% sobre nóminas a la Secretaría de Hacienda, y tiene deudas con proveedores, acreedores y por pago de demandas de laudos por despidos injustificados por 5 millones 434 mil pesos.
"¿Cómo puede ser que a la Comisión Federal de Electricidad le entregamos todo: infraestructura, postes, transformadores, cables, todo, y llega la Comisión a cobrarle al usuario, al municipio, con nuestro propio dinero? Y no nos perdona nada, ni un día, ni una hora nos perdona y nos cobra la luz, el alumbrado público, o nos lo corta. Pero no alcanza, no hay dinero”, expresa Hernández Centeno.
Otro caso de deuda por el pago de servicios es el del municipio de Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero.
Aunque su deuda alcanza casi los 2 millones de pesos y su presupuesto es de 11 millones, el pago de servicios literalmente “ahorca” al gobierno municipal.
“Se nos complica pagar los servicios, como por ejemplo en el tema de la Comisión (Federal de Electricidad), no tenemos ingresos propios y vivimos principalmente de las aportaciones que nos hacen.
“Ya en el 2005 y en 2011 nos cortaron la luz pública y eso causó muchos problemas a nuestra comunidad; tenemos que pedir dinero prestado para pagar y evitar eso”, explica en entrevista Joel Ángel Romero, alcalde de esa comunidad indígena de la sierra de Guerrero.
En septiembre del 2011, la CFE demandó a ese municipio ante la Procuraduría General de la República por el adeudo de 900 mil pesos, y debido a ese pasivo, la Comisión realizó cortes a la electricidad que, además de suspender el alumbrado público, apagaron también la bomba con la que se abastecía de agua potable al municipio.
El problema se resolvió cuando el alcalde anterior, Ismael Luna Espíndola, llegó a un acuerdo de pago parcial con la CFE.
Un caso particular vive el municipio de Ziracuretiro, Michoacán, localidad que se vio afectada por la colocación de pisos firmes durante el sexenio pasado, pues con la colocación de 18 mil 500 metros cuadrados de pisos de cemento en las viviendas, el ayuntamiento dejó de recibir recursos económicos.
"Con la colocación de los pisos firmes bajamos un índice de marginación y nos descontaron el 30% del fondo 33, de 9 millones 500 mil nos bajaron a 6 millones 500 mil.
"Un piso ni hace más pobre ni te hace más rico ni le quita índices de marginación a la gente; hay que cambiar las formas de distribución de los recursos”, considera Carlos Sandoval Portugal, alcalde de esa localidad michoacana.
En febrero pasado, algunos alcaldes realizaron una protesta para pedir que la Secretaría de Hacienda realice al rescate de sus finanzas.
¿ES VIABLE UN RESCATE?
En repetidas ocasiones la Secretaría de Hacienda ha afirmado que no habrá un rescate para los gobiernos locales por considerar que aun no se encuentran en peligro las finanzas públicas del país.
"De ninguna manera podemos hacer un rescate, pero como lo dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre, tiene que ponerse orden en el tema de la deuda de los estados y los municipios”, declaró en enero pasado Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda.
Para los gobiernos locales esto no es aceptable. Luis Walton, alcalde de Acapulco, Guerrero, considera que tanto la Federación como los estados deben poner atención en el problema de la deuda de los municipios, pues un deterioro en la calidad de vida acarrea problemas sociales.
"En años pasados se rescató a los bancos con el Fobaproa, se rescataron carreteras que eran privadas y además los presidentes municipales actuales no son responsables de la deuda anterior (…) tenemos focos rojos en bastantes estados, no se puede desatender ese problema”, refiere Walton en entrevista.
Sin embargo, para Ricardo Corona, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, el rescate de los gobiernos locales no es una opción, pues daría un mensaje equivocado a los gobiernos.
“Un rescate no es recomendable porque manda una señal de confort. Hay situaciones, como emergencias, donde la ayuda debe ser automática; pero aquí no estamos hablando de esos casos, aquí estamos hablando del manejo discrecional o del mal manejo de los recursos públicos”, cuestiona el académico.
En cambio, para Víctor Manuel Jorrín, diputado por Movimiento Ciudadano, el rescate es necesario para que las administraciones locales comiencen de cero con las nuevas regulaciones de la deuda.
"Si se ha rescatado a la banca, se han rescatado las carreteras, se ha ayudado a Grecia para su rescate financiero, ¿por qué no rescatar a los municipios? Recurso sí hay en la Federación, el esquema con el que está funcionando la Federación de hacer miles de programas que supuestamente deberían de llegar a las comunidades más pobres, no llegan”, recalca el legislador en entrevista.
En una iniciativa presentada por el diputado Javier López Zavala, el PRI reveló que los últimos dos meses del 2012 un total de 124 municipios se declararon en quiebra.
Este martes el Senado aprobó una reforma para limitar las deudas de estados y municipios, a través de medidas como la prohibición de pedir préstamos para cubrir gasto corriente o solicitarlos durante los últimos tres meses de un gobierno.
La modificación constitucional mantiene en los congresos locales la facultad de definir los montos del endeudamiento de cada entidad o sus alcaldías, lo cual fue criticado por algunos senadores del PT y del PAN que consideraron que la Cámara Alta debía imponer mayores controles.
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