Otro enemigo de Cristina Fernández: Poder Judicial
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BUENOS AIRES (AP) -- "Yo en 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué
presidenta?", afirmó Cristina Fernández días atrás al ironizar sobre una
hipotética candidatura para un tercer mandato. "No pagas impuesto a las
ganancias, nadie te conoce, viajas sin explicar nada, las ventajas son
innumerables".
No es común que un mandatario
cuestione públicamente a los jueces, pero el comentario no sorprendió a
nadie en Argentina, donde Fernández se ha enfrascado en una feroz
batalla con el Poder Judicial y, en particular, con la Corte Suprema.
Fernández
achaca a los jueces privilegios injustificados y sostiene que el
sistema judicial necesita ser modernizado. Políticos, académicos y
muchos de los propios miembros del aparato judicial coinciden en la
necesidad de una renovación, pero critican la forma en que la presidenta
libra su campaña en busca de modernizar el Poder Judicial. Y sospechan
de sus intenciones.
Si bien Fernández ha
obtenido buenos réditos electorales en disputas políticas cuerpo a
cuerpo en el pasado, "esta pelea es más complicada y tiene costos más
graves que otras que ha dado; se puso en frente a casi todo el poder
judicial y solo recibe fallos en contra en las últimas semanas", comentó
a la Associated Press el analista Ignacio Fidanza, director del portal
lapoliticaonline. "Tenía bien aceitada la relación con la justicia y eso
se rompió".
Lo más llamativo es que hasta
hace no mucho el máximo tribunal era elogiado por el gobierno. La
mayoría de sus actuales miembros ingresaron al comienzo de la
presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), antecesor y difunto marido
de Fernández, el cual impulsó entonces la salida o renuncia de varios
altos magistrados cuestionados por su supuesta obsecuencia con el ex
mandatario Carlos Menem en los años 90.
"La
estrategia de la presidenta es equivocada; quiere desarmar una corte que
fue uno de los principales puntos fuertes de los Kirchner junto con la
política de derechos humanos", dijo Mariel Fornoni, directora de la
encuestadora Management & Fit.
La ruptura
se gestó a partir de una serie de fallos que no cayeron bien al
gobierno, incluidos uno de enero del 2013 en el que un tribunal
suspendió la expropiación de los predios de la Sociedad Rural en un
barrio exclusivo de Buenos Aires que había dispuesto el gobierno
aduciendo que habían sido vendidos a esa entidad a precio vil en la
gestión de Carlos Menem.
Poco después, en
abril, un tribunal de segunda instancia falló a favor de Clarín en su
disputa con el gobierno, que acusa a ese poderoso grupo de medios de
manipular la realidad y es uno de los principales enemigos del
oficialismo.
En junio la Corte Suprema rechazó
el eje principal de la reforma judicial que planteó el gobierno y quedó
en su mira, sobre todo su titular, Ricardo Lorenzetti, a quien
allegados a la mandataria acusan de utilizar su puesto para "hacer
campaña" con el fin de competir en un futuro por el sillón presidencial.
Las autoridades fiscales han iniciado una investigación de las
declaraciones impositivas de los hijos del magistrado y su secretario
administrativo.
"Todo ello creó un malestar
muy grande del gobierno con el poder judicial y el primer anuncio del
Ejecutivo de reformar la justicia y `democratizarla'", dijo a la AP el
abogado constitucionalista Gregorio Badeni. "Pero la intención no era
modernizar sino impedir medidas cautelares contra el gobierno y
facilitar la incorporación de jueces adictos".
Para
Fornoni y otros analistas la actitud beligerante de Fernández con
sectores que considera extorsionadores y defensores de intereses
espurios casi siempre oculta el intento de la mandataria de "redoblar la
apuesta" y su gusto de hacer una "épica de sus peleas". "Son disputas
de poder con las que agrupa a la tropa atrás y le da una bandera, la
`encolumna'", afirmó por su parte Fidanza.
Otros
analistas creen que Fernández busca controlar la agenda política y
desviar la atención sobre problemas como la creciente inflación.
Sostienen además que el objetivo de la mandataria es restar credibilidad
al poder judicial para que la opinión pública considere inverosímiles
las denuncias de corrupción que han salpicado a allegados del gobierno.
Algunos
afirman que en esta ocasión Fernández eligió un mal adversario. La
Corte, un tribunal que en términos generales es elogiado por la mayoría
de los juristas y abogados, tiene pendiente la definición de varias
causas que el oficialismo mira con lupa, incluida la de Clarín.
El
alto tribunal tiene que pronunciarse sobre la supuesta
inconstitucionalidad de un punto central de una ley que establece un
límite de licencias para el multimedios en el sector audiovisual. Lograr
que Clarín cumpla con lo que estipula la norma, pensada para "combatir
los monopolios", es un reto personal para Fernández y una fuerte apuesta
política.
Además, la corte debe resolver una
causa en la que se pretende hacer extensible a un millón de jubilados
los alcances de un fallo testigo sobre el reajuste de haberes, lo que
según la administración nacional de pensiones es inaceptable porque la
pondría en un aprieto financiero.
Junto con
ello, el tribunal está a la espera de que le llegue un fallo que declaró
inconstitucional la restricción de la compra de dólares impuesta por el
gobierno en 2011 para frenar la fuga de divisas y acopiar más reservas.
Esa sentencia, apelada por el gobierno, fue favorable a un argentino
que se opuso a que se le obstaculice su derecho a adquirir 125.000
dólares para cancelar una deuda preexistente.
Badeni
consideró "grave" el clima de tensión entre el gobierno y gran parte
del poder judicial. "Si gana ella, la descomposición del sistema
judicial será total; si pierde, aparecerán otros grupos que la van a
enfrentar dentro del propio peronismo", dijo. El jurista es muy crítico
con la reforma judicial que impulsa Fernández.
Según
Fornoni, Fernández no está tan fuerte como antaño, ha bajado en las
encuestas por los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a
allegados y todavía tiene que sortear dos años y medio de mandato. La
constitución le prohíbe aspirar a un tercer período consecutivo. "En el
peronismo las peleas por la sucesión son mortales; todos están
olfateando el cadáver".
La disputa con la
Corte tuvo como principal disparador la polémica reforma judicial
oficialista aprobada recientemente en el Parlamento gracias al peso del
oficialismo. El alto tribunal declaró inconstitucional la elección por
voto popular de los miembros del órgano encargado de la selección y
remoción de los jueces, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y
minorías electorales.
Seis magistrados de la
Corte que se pronunciaron en contra del corazón de la reforma afirmaron
que se compromete la independencia judicial "al obligar a los jueces a
intervenir en la lucha partidaria". Solo un magistrado votó de forma
disidente y es el que está considerado más afín al gobierno.
Los
críticos de la reforma judicial opinan que los cambios defendidos por
el gobierno vulneran la independencia de la justicia y que el verdadero
motivo que persigue el Ejecutivo es contar con jueces adictos. Pero
Fernández sostiene que la reforma busca "democratizar" el sistema
judicial, terminar con los privilegios de la "corporación de jueces"
--como el hecho de que no paguen impuestos por sus ingresos como hace el
común de los asalariados del país--, y con la protección que éstos
brindarían a poderosos sectores, como el del campo.
En
su cruzada, la presidenta cuenta con el apoyo de una asociación
integrada por cientos de jueces y abogados liderados por la camarista
María Laura Garrigós de Rébori, que creen que el sistema de justicia
hace aguas. "Se necesita una apertura; la justicia se maneja con una
simbología que la gente no entiende; el trabajador del poder judicial
aprende esa actitud corporativa y en lugar de entender que brinda un
servicio piensa que está trabajando para los de adentro", dijo a la AP
Garrigós de Rébori, titular de la Cámara Nacional Criminal y
Correccional.
La jueza reconoció que los
miembros de la Corte Suprema "son juristas muy buenos" pero puntualizó
que "está desilusionada" con los que fallaron en contra de la reforma
judicial "porque merecían ponerse al frente del proceso de cambios".
Expertos
en derechos de distinta índole coinciden en que son necesarios muchos
cambios, aunque no los más polémicos que ha impulsado el gobierno.
Aquellos son la agilización de la justicia mediante la modernización de
su infraestructura, así como la implementación de la oralidad en todos
los procesos judiciales y la del juicio por jurado para facilitar la
comunicación de la gente con el sistema judicial.
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