Aguirre principal responsable de crisis en Guerrero; debe ser depuesto, investigado y sancionado: Denuncia asociación civil

Aguirre principal responsable de crisis en Guerrero; debe ser depuesto, investigado y sancionado: Denuncia asociación civil

Por: Redacción Revolución / 18 octubre, 2014

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(18 de octubre, 2014).- “Ángel Aguirre Rivero es el principal responsable de la crisis de violencia e inseguridad que hoy padece Guerrero, pues en su calidad de gobernador incumplió gravemente sus obligaciones de prevenir y perseguir delitos del fuero común”. Así de contundente fue la sentencia realizada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A. C., en torno a la responsabilidad del político perredista en el caso Ayotzinapa.             

Las afirmaciones de la organización también ubicada como Seguridad Justicia y Paz, recaen en que, como explican, desde diciembre del año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el “Informe especial sobre los grupos de autodefensa y la seguridad pública en el estado de Guerrero”, donde determinan que “la causa principal de la aparición de dichas formaciones de civiles armados es ‘un fenómeno de inseguridad pública que ha victimizado a todos los niveles de la sociedad, y que se encuentra vinculado con la connivencia de las autoridades, y una impunidad derivada del deficiente funcionamiento de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia’”.

A raíz de ello, la CNDH emitió distintas recomendaciones al mandatario guerrerense entre las que figuran las siguientes:

• Establecer las condiciones para asumir el ejercicio de la función de gobierno y abonar a la plena vigencia del Estado de Derecho en las comunidades y municipios de dicha entidad federativa.
• Implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado de Guerrero [énfasis nuestro], llevando a cabo acciones efectivas de prevención del delito y realizando con debida diligencia las investigaciones y acciones de procuración de justicia necesarias, abatiendo la inacción, colusión e impunidad de los servidores públicos.

Tal como refiere la asociación civil, en caso de que el gobernador hubiese cumplido las recomendaciones los sucesos del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero se hubieran evitado, ya que desde antes existían los elementos suficientes para “presumir la probable colusión del presidente municipal José Luis Abarca Velázquez y la policía municipal con grupos criminales”.

El pasado 30 de mayo del 2013,  siete miembros de la organización Unidad Popular fueron levantados por elementos de la policía municipal mientras bloqueaban la caseta de cobro de la autopista Iguala-Cuernavaca. Además de siete personas desaparecidas, murieron tres, incluido  Arturo Hernández Cardona, líder de la agrupación, ejecutado a balazos por el alcalde José Luis Abarca Velázquez, quien se encontraba con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores Velázquez, mismo que es acusado por entregar a los normalistas secuestrados al grupo criminal Guerreros Unidos, por órdenes del presidente municipal.

A pesar de los testimonios, Ángel Aguirre Rivero rechazó actuar contra Abarca Velázquez, al igual que la Procuraduría de General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero bajo el argumento de que esperaban la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), algo que nunca sucedió.

Con todos los pretextos, para el Consejo Ciudadano “es evidente que Ángel Aguirre Rivero protegió a José Luis Abarca Velázquez, a sabiendas de sus actividades criminales y con ello lo estimuló a escalarlas, como en efecto ocurrió”. Aunque este caso no es aislado.

En agosto de 2013, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, denunciaron públicamente que la Chilpancingo se había transformado en “un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno”. Denuncia que hasta la fecha sigue sin atenderse.

Ante la omisión de las autoridades responsables por investigar la administración de Aguirre, desde hace una semana la organización inició una campaña para recolectar firmas y apoyar una iniciativa que deberá llegar al Senado de la República, con el fin de desaparecer los poderes en Guerrero, convocar a elecciones extraordinarias y nombrar a un gobernador interino.

“La salida del poder de Ángel Aguirre Rivero sería apenas el principio de las acciones para establecer la seguridad, la justicia y la paz en Guerrero”, asegura el Consejo.