La violencia pone en duda el nuevo México
La desaparición de 43 estudiantes desata una crisis política y social
La tragedia frustra el afán de Peña Nieto de acabar con la inseguridad que devoró a su antecesor
Estudiantes protestan en Acapulco por los 43 desaparecidos. / RONALDO SCHEMIDT (AFP)
Ocurrió en la noche del 26 de septiembre y México ya no lo podrá olvidar jamás. Ese viernes, el último del mes, 43 estudiantes de magisterio fueron detenidos por la Policía Municipal de Iguala y entregados a los sicarios del cartel de Guerreros Unidos.
Desde entonces, México contiene la respiración. En estas tres últimas
semanas nada se ha sabido de ellos y la nación, enfrentada a sus peores
demonios, se pregunta con angustia dónde están. Bajo este interrogante,
cuya respuesta puede dar lugar a un estallido aún mayor, ha quedado
atrapado el Gobierno federal. La escena política, hasta hace poco
ocupada por grandes reformas y flamantes proyectos de infraestructuras,
se ha poblado de fosas y cadáveres.
La incapacidad para encontrar a los estudiantes ha desatado la ira de amplios sectores sociales; los principales organismos internacionales han llamado la atención a México, y en el sur, en la tierra de las desapariciones, el horror está sirviendo de combustible para una incipiente revuelta. Los diques de contención han sido sobrepasados y hasta el secretario de Hacienda, el todopoderoso Luis Videgaray, ha alertado de que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar a la atracción de capital. La crisis, según los analistas, es la mayor de la presidencia de Enrique Peña Nieto y, hoy por hoy, eclipsa sus logros.
El detonante ha sido la vorágine de violencia vivida en Iguala de la Independencia. En esta pequeña localidad meridional, de aire provinciano y calles bien trazadas, el narco dio una salvaje demostración de poder. El blanco fueron unos estudiantes de magisterio (normalistas) que se habían atrevido a alzar la voz contra el alcalde y su esposa, dos tenebrosos personajes vinculados a Guerreros Unidos. En una bestial persecución, la policía y los sicarios asesinaron a tiros a dos normalistas, otro fue desollado vivo, y tres personas más cayeron al ser confundidas con alumnos. A la matanza siguió el secuestro y desaparición de 43 estudiantes. Su paradero, 22 días después, es un misterio oscuro, un abismo por el que se pueden precipitar muchas esperanzas. O dicho en palabras de Peña Nieto, “una prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”.
El examen es mayúsculo. En la telaraña de Iguala se entrecruzan todos
los males que México pretendía conjurar: la violencia, la impunidad, la
corrupción, la infiltración del narco en la política... Bajo esta
presión, el mandatario, en cuya cintura política confía el PRI (Partido
Revolucionario Institucional), se ha sacudido el polvo y tomado la
bandera de las víctimas. Lejos del inmovilismo de los primeros días, ha
lanzado múltiples mensajes a la población y dado órdenes contundentes
para resolver el caso. Pero el resultado aún no ha llegado. La imagen
sigue congelada. Y las detonaciones se oyen cada vez más cerca.
“Tuvieron un error grave al derivar en los primeros días el caso al
Estado de Guerrero, como si fuera un problema local. Ahora están
acusando el golpe, se ha perdido la confianza y ha quedado en cuestión
su capacidad de manejo de la crisis”, afirma el analista y antiguo
portavoz de la presidencia con Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela.
“La tragedia de Iguala no ha afectado directamente a Peña Nieto, no sabemos cómo evolucionará el caso, pero él ha actuado bien al situarse junto a los padres y estudiantes. La que ha quedado tocada es la clase política, ningún partido se ha salvado”, explica el experto demoscópico Roy Campos.
El descrédito político es amplio. El peor librado es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza hegemónica de la izquierda, a la que se afiliaron poco antes de las elecciones el fugado alcalde de Iguala y su esposa. “Es un salto cualitativo del narco. Hasta la fecha había fenómenos de complicidad de las autoridades, ahora hemos pasado a que el regidor es el responsable criminal. Y además lo legitima un partido. Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, señala el escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín.
A esta bancarrota política ha contribuido activamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, un camaleón que durante 30 años fue un patricio del PRI, pero que en 2011 se pasó con su red clientelar al PRD. En su mandato, la descomposición del Estado se ha acelerado. Los asesinatos han alcanzado la mayor tasa de México y el PIB per cápita ha encallado en cifras pánicas: 1.500 dólares al año, a la cola del país y casi 20 veces menos que en España. Pese a ello, Aguirre, el político más odiado por los normalistas, se niega a dimitir.
Con estos elementos, la situación se ha vuelto extremadamente inestable en Guerrero. Hay miseria, violencia y abandono. El poder lo ejerce a plena luz el narco, sumido además en una cruenta batalla interna. La sangre mana por doquier. Todo está listo para un estallido. La movilización de los normalistas y de la miríada de grupos radicales que les secundan avanza en esa dirección.
“Nadie sabe si va a haber rebelión en el sur. Hemos entrado en un ciclo de incertidumbre. El Gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos. Hay una debilidad estructural por pobreza, corrupción, falta de Estado… Iguala es una radiografía de las carencias del sueño mexicano”, señala el profesor del Colegio de México Sergio Aguayo.
Este colapso del Estado en determinadas áreas es clave para entender la actual convulsión. A diferencia de los Estados de Tamaulipas y Michoacán, donde Peña Nieto ha intervenido masivamente para restablecer el orden, la presencia federal en Guerrero ha sido mínima. Para muchos, esta cicatería ha permitido al narco campar a sus anchas. El resultado: la agudización del problema de la seguridad, la asignatura que acabó fagocitando al anterior presidente, Felipe Calderón (PAN).
Para evitar tropezar en la misma piedra, Peña Nieto había impuesto a su Administración una narrativa de bajo perfil en temas de narco, liberando información sólo en casos de alto rendimiento político, como la captura del narcotraficante El Chapo. Esta estrategia, que ha permitido hacer brillar con luz propia otros asuntos de la agenda, como las reformas estructurales, ahora se enfrenta a su reverso: un caso cuya bestialidad desborda los amortiguadores clásicos y para el que, según los expertos, el Gobierno no ha generado una explicación oficial coherente.
“Estamos frente a un momento histórico; el Estado va a tener que redefinirse frente al crimen y las protestas sociales”, augura Aguilar Camín. En este parteaguas, los expertos coinciden en que será determinante el desenlace de las desapariciones. Un final trágico supondría un golpe terrible para un país que empezaba a otear el horizonte con optimismo. El futuro tendría que levantarse sobre 43 tumbas.
La incapacidad para encontrar a los estudiantes ha desatado la ira de amplios sectores sociales; los principales organismos internacionales han llamado la atención a México, y en el sur, en la tierra de las desapariciones, el horror está sirviendo de combustible para una incipiente revuelta. Los diques de contención han sido sobrepasados y hasta el secretario de Hacienda, el todopoderoso Luis Videgaray, ha alertado de que cualquier percepción negativa sobre México puede afectar a la atracción de capital. La crisis, según los analistas, es la mayor de la presidencia de Enrique Peña Nieto y, hoy por hoy, eclipsa sus logros.
El detonante ha sido la vorágine de violencia vivida en Iguala de la Independencia. En esta pequeña localidad meridional, de aire provinciano y calles bien trazadas, el narco dio una salvaje demostración de poder. El blanco fueron unos estudiantes de magisterio (normalistas) que se habían atrevido a alzar la voz contra el alcalde y su esposa, dos tenebrosos personajes vinculados a Guerreros Unidos. En una bestial persecución, la policía y los sicarios asesinaron a tiros a dos normalistas, otro fue desollado vivo, y tres personas más cayeron al ser confundidas con alumnos. A la matanza siguió el secuestro y desaparición de 43 estudiantes. Su paradero, 22 días después, es un misterio oscuro, un abismo por el que se pueden precipitar muchas esperanzas. O dicho en palabras de Peña Nieto, “una prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”.
El examen es mayúsculo. En la telaraña de Iguala se entrecruzan todos
los males que México pretendía conjurar: la violencia, la impunidad, la
corrupción, la infiltración del narco en la política... Bajo esta
presión, el mandatario, en cuya cintura política confía el PRI (Partido
Revolucionario Institucional), se ha sacudido el polvo y tomado la
bandera de las víctimas. Lejos del inmovilismo de los primeros días, ha
lanzado múltiples mensajes a la población y dado órdenes contundentes
para resolver el caso. Pero el resultado aún no ha llegado. La imagen
sigue congelada. Y las detonaciones se oyen cada vez más cerca.
“Tuvieron un error grave al derivar en los primeros días el caso al
Estado de Guerrero, como si fuera un problema local. Ahora están
acusando el golpe, se ha perdido la confianza y ha quedado en cuestión
su capacidad de manejo de la crisis”, afirma el analista y antiguo
portavoz de la presidencia con Vicente Fox, Rubén Aguilar Valenzuela.“La tragedia de Iguala no ha afectado directamente a Peña Nieto, no sabemos cómo evolucionará el caso, pero él ha actuado bien al situarse junto a los padres y estudiantes. La que ha quedado tocada es la clase política, ningún partido se ha salvado”, explica el experto demoscópico Roy Campos.
El descrédito político es amplio. El peor librado es el Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza hegemónica de la izquierda, a la que se afiliaron poco antes de las elecciones el fugado alcalde de Iguala y su esposa. “Es un salto cualitativo del narco. Hasta la fecha había fenómenos de complicidad de las autoridades, ahora hemos pasado a que el regidor es el responsable criminal. Y además lo legitima un partido. Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, señala el escritor e intelectual Héctor Aguilar Camín.
A esta bancarrota política ha contribuido activamente el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, un camaleón que durante 30 años fue un patricio del PRI, pero que en 2011 se pasó con su red clientelar al PRD. En su mandato, la descomposición del Estado se ha acelerado. Los asesinatos han alcanzado la mayor tasa de México y el PIB per cápita ha encallado en cifras pánicas: 1.500 dólares al año, a la cola del país y casi 20 veces menos que en España. Pese a ello, Aguirre, el político más odiado por los normalistas, se niega a dimitir.
Con estos elementos, la situación se ha vuelto extremadamente inestable en Guerrero. Hay miseria, violencia y abandono. El poder lo ejerce a plena luz el narco, sumido además en una cruenta batalla interna. La sangre mana por doquier. Todo está listo para un estallido. La movilización de los normalistas y de la miríada de grupos radicales que les secundan avanza en esa dirección.
“Nadie sabe si va a haber rebelión en el sur. Hemos entrado en un ciclo de incertidumbre. El Gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos. Hay una debilidad estructural por pobreza, corrupción, falta de Estado… Iguala es una radiografía de las carencias del sueño mexicano”, señala el profesor del Colegio de México Sergio Aguayo.
Este colapso del Estado en determinadas áreas es clave para entender la actual convulsión. A diferencia de los Estados de Tamaulipas y Michoacán, donde Peña Nieto ha intervenido masivamente para restablecer el orden, la presencia federal en Guerrero ha sido mínima. Para muchos, esta cicatería ha permitido al narco campar a sus anchas. El resultado: la agudización del problema de la seguridad, la asignatura que acabó fagocitando al anterior presidente, Felipe Calderón (PAN).
Para evitar tropezar en la misma piedra, Peña Nieto había impuesto a su Administración una narrativa de bajo perfil en temas de narco, liberando información sólo en casos de alto rendimiento político, como la captura del narcotraficante El Chapo. Esta estrategia, que ha permitido hacer brillar con luz propia otros asuntos de la agenda, como las reformas estructurales, ahora se enfrenta a su reverso: un caso cuya bestialidad desborda los amortiguadores clásicos y para el que, según los expertos, el Gobierno no ha generado una explicación oficial coherente.
“Estamos frente a un momento histórico; el Estado va a tener que redefinirse frente al crimen y las protestas sociales”, augura Aguilar Camín. En este parteaguas, los expertos coinciden en que será determinante el desenlace de las desapariciones. Un final trágico supondría un golpe terrible para un país que empezaba a otear el horizonte con optimismo. El futuro tendría que levantarse sobre 43 tumbas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario