México, en la mira de la CIDH
Debatirá en noviembre estrategia del País sobre derechos humanos
AP
WASHINGTON (AP)._ La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos debatirá a fondo el mes próximo cómo responderá en
2015 a la situación de derechos humanos en México, y otros países del
Continente, ante casos recientes de gran magnitud como los registrados
en las poblaciones de Tlatlaya e Iguala.
El secretario general de la Comisión, Emilio Álvarez, dijo ayer que tras recabar información por medio de cinco audiencias sobre México previstas a fines de octubre, los siete integrantes de la CIDH analizarán cómo responder al caso mexicano cuando se reúnan a puertas cerradas la primera semana de noviembre en la capital estadounidense.
Tras escuchar un informe elaborado por la relatora sobre los Derechos de la Niñez, la paraguaya Rosa María Ortiz, tras su visita de este mes a México, el panel decidirá si solicitará información adicional al Estado mexicano, emitirá nuevas medidas cautelares, gestionará una visita de la comisión en pleno o incluirá a México en el capítulo cuatro de su informe anual, dedicado a los países que ameritan un seguimiento especial.
Los casos de Tlatlaya e Iguala "abren una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la eficacia de la política pública mexicana", dijo Álvarez en conferencia de prensa.
Señaló que fue positiva la reunión que tuvo esta semana en la capital mexicana con el secretario de gobernación y el procurador general para dar seguimiento a las medidas cautelares que la Comisión emitió a comienzos de octubre a favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y por cuya responsabilidad ha sido arrestada una veintena de policías municipales.
Pero advirtió que "el hecho es de tal gravedad que estamos ante un escenario de desaparición forzada. Hubo agentes estatales involucrados en la desaparición. Eso le da una específica responsabilidad al Estado".
El funcionario agregó que aún espera información proveniente de las autoridades mexicanas sobre una medida cautelar emitida por la CIDH a favor de una testigo que denunció los asesinatos de 23 personas a manos presuntamente de efectivos militares en la población de Tlatlaya.
La comisión tiene la facultad de otorgar medidas cautelares para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Según Álvarez, la Comisión también analizara la situación de los derechos humanos en los otros países latinoamericanos.
El secretario general de la Comisión, Emilio Álvarez, dijo ayer que tras recabar información por medio de cinco audiencias sobre México previstas a fines de octubre, los siete integrantes de la CIDH analizarán cómo responder al caso mexicano cuando se reúnan a puertas cerradas la primera semana de noviembre en la capital estadounidense.
Tras escuchar un informe elaborado por la relatora sobre los Derechos de la Niñez, la paraguaya Rosa María Ortiz, tras su visita de este mes a México, el panel decidirá si solicitará información adicional al Estado mexicano, emitirá nuevas medidas cautelares, gestionará una visita de la comisión en pleno o incluirá a México en el capítulo cuatro de su informe anual, dedicado a los países que ameritan un seguimiento especial.
Los casos de Tlatlaya e Iguala "abren una discusión muy severa, un corchete de veracidad sobre la eficacia de la política pública mexicana", dijo Álvarez en conferencia de prensa.
Señaló que fue positiva la reunión que tuvo esta semana en la capital mexicana con el secretario de gobernación y el procurador general para dar seguimiento a las medidas cautelares que la Comisión emitió a comienzos de octubre a favor de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, y por cuya responsabilidad ha sido arrestada una veintena de policías municipales.
Pero advirtió que "el hecho es de tal gravedad que estamos ante un escenario de desaparición forzada. Hubo agentes estatales involucrados en la desaparición. Eso le da una específica responsabilidad al Estado".
El funcionario agregó que aún espera información proveniente de las autoridades mexicanas sobre una medida cautelar emitida por la CIDH a favor de una testigo que denunció los asesinatos de 23 personas a manos presuntamente de efectivos militares en la población de Tlatlaya.
La comisión tiene la facultad de otorgar medidas cautelares para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo.
Según Álvarez, la Comisión también analizara la situación de los derechos humanos en los otros países latinoamericanos.
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