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Pasaportes electrónicos fue compra encubierta “de gobierno a gobierno”, por Herbert Mujica Rojas

 

 

 

Herbert Mujica Rojas,Red Voltaire

El ex ministro de Relaciones Exteriores, del gobierno pasado, Rafael Roncagliolo, ha dicho en forma pública lo que siempre fue premisa y presunción de todo el mundo: que las compras de gobierno a gobierno, eran impuestas, direccionadas, orientadas o alentadas por el presidente, en este caso, Ollanta Humala Tasso.

El caso de los pasaportes electrónicos oficialmente fue una compra en la que la modalidad “gobierno a gobierno” fue descartada luego de 5 costosos estudios de mercado que determinaron que dicho mecanismo NO aportaba ninguna ventaja. En buena cuenta que era un adefesio mayúsculo.
No obstante, la administración Humala, vía la Superintendencia Nacional de Migraciones, entonces a cargo del abogado Boris Potozén quien brilló por su postura anuente, colaboracionista, acrítica, en favor de las directrices del más alto nivel, privilegió todo lo que pudo a OACI-ICAO para que se “encargara” de la licitación internacional, absolviera “consultas” no en Perú sino en Montreal, Canadá y se terminó dando la buena pro al consorcio francés Imprimerie Nationale-Gemalto que a la postre resultó un monopolio que también pescó los pasaportes electrónicos de Cancillería en proceso que anunció menos de un mes atrás el Contralor como caso penal a denunciarse a la brevedad posible.
Resulta imprescindible recordar que en diciembre del 2015, mientras que en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebraba la exención de la Visa Shengen para su país, el jefe del Estado, Ollanta Humala, allí mismo, daba disculpas poco convincentes por la ineficiencia de Migraciones en lograr igual cometido con el pasaporte electrónico que no teníamos aún en Perú.
Lo acontecido en Cancillería con prisas extrañas, presiones indebidas “al más alto nivel”, comunicaciones enviadas a los proveedores en viernes o sábado, en feriados o días inadecuados, se dio la buena pro al monopolio Imprimerie Nationale-Gemalto. Es decir la misma historia que en Migraciones. Pero aquí hubo, y así lo denunciamos tempranamente, un sobreprecio de US$ 16 millones de dólares.
Lo resumido líneas antes y lo que significan las declaciones de un ex canciller de la administración de Ollanta Humala, debiera constituir elemento de juicio para la Contraloría y Fiscalía Anticorrupción que sigue el caso de los precios exorbitantes del pasaporte en Cancillería, tal como anticipara en marzo el Contralor Edgar Alarcón y sobre la que anunció acción procesal.
La lucha contra la corrupción no sólo debe remitirse a los operadores o empleados en las dependencias estatales, en este caso de Migraciones y Cancillería, más bien debiera ampliarse a las acciones sospechosas en que incurren gobernantes que alientan preferencias que disfrazan de “gobierno a gobierno” o disimulan vía intermediarios, OACI-ICAO por ejemplo, que exhiben deficiencias gigantescas y hay mucha literatura sobre el particular que acompañamos a este artículo.
No debe omitirse que si hay preferencias es porque existen razones inconfesadas u ocultas de birlar recursos que debieran destinarse al justo precio del bien a adquirirse. El beneficio propio desde las alturas de un puesto en el gobierno, se llama robo y estafa. Y el perjudicado es el que paga estos sobrecostos: el pueblo con sus impuestos.
Por tanto, la identificación de un trabajo contra la corrupción tiene, forzosamente, que implicar a quienes operativizan el hurto, pero también, y con acción decidida, a quienes desde las alturas o al “más alto nivel”, empujan, con nombre y apellido, contratos o licitaciones muy cuestionables.