Las cosas van de mal en peor para la administración del presidente
Enrique Peña Nieto. El pasado 19 de junio, el periódico estadounidense The New York Times
presentó un reportaje en el cual denunciaba el presunto espionaje que
el gobierno mexicano realizó en contra de defensores de derechos humanos
y periodistas. De acuerdo con la investigación, el Gobierno Federal
trató de vigilar las comunicaciones de personas que ayudaron a redactar
la ley anticorrupción, periodistas destacados e influyentes como Carmen
Aristegui y Carlos Loret de Mola, así como a abogados defensores del
caso Ayotzinapa. La cosa no quedó ahí. Conforme han avanzado los días,
han aparecido nuevas pistas sobre la opaca trama #GobiernoEspía. La
semana pasada se confirmó que el famoso malware Pegasus fue
adquirido mientras Jesús Murillo Karam —aquel del “ya me cansé”— era
procurador de la República, pero que fue operado por Arely Gómez, su
sucesora en la PGR.
Diez días después de la publicación del Times, Citizen Lab, una de las organizaciones que auxiliaron en la elaboración del estudio, indicó que además de los personajes incluidos en el reportaje del diario estadounidense, miembros del Partido Acción Nacional como Ricardo Anaya y Roberto Gil Zuarth también habrían sido objetivos de Pegasus y el presunto espionaje por parte del gobierno del presidente Peña Nieto. El 22 de junio, EPN se posicionó respecto al tema: dijo que todos los mexicanos se sienten espiados —hasta él mismo—, que hay que cuidar lo que uno dice en sus conversaciones telefónicas. Rechazó que el gobierno espiara a periodistas o activistas, dijo que su administración es respetuosa de la libertad de expresión, pero también amenazó con castigar a quienes han levantado “falsos señalamientos” contra su gobierno.
En este contexto se enmarca la nueva revelación que ha hecho el New York Times:
investigadores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) señalaron que fueron espiados por el Gobierno Federal para
entorpecer la investigación del caso Ayotzinapa. Según el más reciente informe
de Citizen Lab, un teléfono perteneciente al secretario ejecutivo del
GIEI fue blanco de intentos de infección con el famoso Pegasus. TNYT
indica que ese dispositivo celular fue utilizado por casi todos los
integrantes del GIEI, ya que servía como el enlace de comunicación entre
el grupo de expertos y sus fuentes, los investigadores, la Comisión
Interamericano de Derechos Humanos y el gobierno mexicano. De acuerdo
con el reporte, los intentos de infección se documentaron a inicios de
marzo de 2016, justo cuando el equipo estaba por presentar su informe final sobre Ayotzinapa.
El grupo de expertos, que originalmente fueron invitados por el mismo gobierno del presidente Peña Nieto, denunció que algunos de sus miembros también recibieron mensajes SMS en sus teléfonos personales. Estos mensajes buscaban que los encargados de la averiguación le dieran clic a un enlace para que tener acceso a todos los contactos, agendas, correos, mensajes y hasta la cámara y el micrófono del teléfono. El GIEI también acusó que durante su investigación se encontraron con muchos obstáculos como que no se les compartieran algunos documentos, no se les permitiera entrevistar a personajes clave e, incluso, que hubiera una indagatoria penal en represalia a su trabajo.
Citizen Lab indicó que no se le pueden atribuir definitivamente los intentos de espionaje a una agencia o individuo del Gobierno Federal aunque este software haya sido adquirido por la PGR, el Cisen y la Sedena. Un reportaje del portal Aristegui Noticias, publicado este lunes 10 de julio, revela que entre 2015 y 2016 estas tres dependencias gastaron casi 500 millones de pesos en operar y actualizar el programa Pegasus.
Diez días después de la publicación del Times, Citizen Lab, una de las organizaciones que auxiliaron en la elaboración del estudio, indicó que además de los personajes incluidos en el reportaje del diario estadounidense, miembros del Partido Acción Nacional como Ricardo Anaya y Roberto Gil Zuarth también habrían sido objetivos de Pegasus y el presunto espionaje por parte del gobierno del presidente Peña Nieto. El 22 de junio, EPN se posicionó respecto al tema: dijo que todos los mexicanos se sienten espiados —hasta él mismo—, que hay que cuidar lo que uno dice en sus conversaciones telefónicas. Rechazó que el gobierno espiara a periodistas o activistas, dijo que su administración es respetuosa de la libertad de expresión, pero también amenazó con castigar a quienes han levantado “falsos señalamientos” contra su gobierno.
Foto: Notimex/ Francisco García
El grupo de expertos, que originalmente fueron invitados por el mismo gobierno del presidente Peña Nieto, denunció que algunos de sus miembros también recibieron mensajes SMS en sus teléfonos personales. Estos mensajes buscaban que los encargados de la averiguación le dieran clic a un enlace para que tener acceso a todos los contactos, agendas, correos, mensajes y hasta la cámara y el micrófono del teléfono. El GIEI también acusó que durante su investigación se encontraron con muchos obstáculos como que no se les compartieran algunos documentos, no se les permitiera entrevistar a personajes clave e, incluso, que hubiera una indagatoria penal en represalia a su trabajo.
Citizen Lab indicó que no se le pueden atribuir definitivamente los intentos de espionaje a una agencia o individuo del Gobierno Federal aunque este software haya sido adquirido por la PGR, el Cisen y la Sedena. Un reportaje del portal Aristegui Noticias, publicado este lunes 10 de julio, revela que entre 2015 y 2016 estas tres dependencias gastaron casi 500 millones de pesos en operar y actualizar el programa Pegasus.
Foto: Notimex/ Bernd von Jutrczenka/ DPA
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