Según el juez, se pagaba más de lo debido por considerar kilometrajes superiores a los reales, en una maniobra sistemática que ocasionó un perjuicio a las arcas del Estado de aproximadamente 610 millones de pesos.
"Este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes. La maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014", destaca el magistrado en su resolución.
En el caso de la línea 129, una de las tantas beneficiadas, declaró que en un año solía recorrer 171.837.344,50 kilómetros y se le otorgaron subsidios en base a ese cálculo; son más de 20 mil viajes de Buenos Aires a Nueva York (hay 8500 kilómetros de distancia). Sin embargo, el GPS que se utilizó para chequear los datos marcó que en el lapso entre julio 2014 y junio 2015 cubrió 131.003.839,99, es decir: unos 40 millones de kilómetros menos de los que la empresa decía que transitaba anualmente.
La línea 129 cuenta con ocho ramales que van desde Retiro hasta la ciudad de La Plata, pasando por Congreso, Plaza Once, Constitución y la localidad de Florencio Varela, en la zona sur del conurbano bonaerense.
Otra de las líneas de ómnibus que refleja un desfalco similar es la 86. Según la declaración jurada, recibió fondos para realizar 114.936.825,46 kilómetros. En este caso, si tomamos la distancia entre la Capital y el Vaticano, se podría haber recorrido 10.309 veces el camino a la Santa Sede.
La línea 86 también cuenta con ocho ramales que recorren La Boca, Congreso, Primera Junta, Flores, pasando por el Mercado Central hasta la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.
Las entregas ilegales de subsidios eran dispuestas por la Secretaría de Transporte de la Nación, que entre los años 2003 y 2012 dependían del Ministerio de Planificación.
Asimismo, los kilometrajes eran convalidados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, organismo descentralizado que también actuaba en la órbita del mismo ministerio.
Según el auto de procesamiento, hasta el momento se pudo determinar que recibieron subsidios en exceso, al menos, las siguientes empresas de transporte de pasajeros: "Línea 17" ($ 9.836.967,65); "Línea 22", ($ 16.533.551,68); "Empresa de Transportes Pedro de Mendoza S.A.", ($ 14.898.385,87); "Transportes Santa Fe S.A.C.I.", ($ 11.732.935,77); "Azul S.A. de Transporte Automotor", ($ 45.708.300,99); "Transportes Colegiales S.A.C.I.", ($ .727.274,84); "Línea de Microómnibus 47 S.A.", ($ 4.747.848,78); "Microómnibus Ciudad de Bs. As. S.A.T.C.I", ($ 12.718.370,52); "Transporte Automotor Plaza S.A.C.I.", ($ 129.955.969); "Vuelta de Rocha S.A.T.C.I.", ($ 12.380.427,59); "Transportes del Tejar S.A.", ($ 10.881.800,57); "San Vicente S.A. de Transportes", ($ 59.836.976,67); "D.U.V.I. S.A.", ($ 23.071.837,62); "Empresa de Transporte Microómnibus Saenz Peña S.R.L.", ($ 15.064.452,08); "Empresa Antártica Argentina S.A.T.", ($12.137.831,89); "Transportes Automotores Riachuelo S.A.", ($ 37.407.943,69); "Línea 102 – Sargento Cabral S.A.", ($ 3.458.210,78).
También figura "Empresa de Transportes 104 S.A., ($ 7.081.364,50); "Empresa de Transportes América S.A.C.I.", ($ 5.493.120,16); "Transportes Nueve de Julio S.A.C.", ($ 13.748.916,47); "General Pueyrredon S.A.T.C.I.", ($ 9.061.858,09); "Expreso Lomas S.A.", ($ 39.640.111,67); "Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A.", ($ 17.102.861,01); "Mayo S.A.T.A.", ($ 24.730.350,27); "NUDO S.A.", ($ 10.886.301,57); "Micro Ómnibus Sur S.A.C.", ($ 28.465.669,85) y "Consultores Asociados Ecotrans S.A.", ($ 25.260.397,21).
Un caso más llamativo aun es el de la empresa "Transporte Interprovincial Rosarina S.A.", que según se comprobó, durante el período comprendido entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 se le otorgaron cupos de gasoil a precio diferencial sin que prestara servicio alguno.
También fueron procesados, sin prisión preventiva, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, quien es diputado nacional por el Frente para la Victoria. El juez les fijó embargos a todos los procesados en virtud del monto de la defraudación.
Entre la lista de procesados y embargados también se encuentran Eduardo Sícaro, Guillermo Lapadula y Pedro Ochoa Romero, quienes estuvieron al frente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).