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La Audiencia Nacional investiga a Caixabank y Fainé por la compra del BPI
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RTVE.es/AGENCIAS
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella presentada por dos accionistas contra el expresidente de La Caixa, Isidro Fainé, así como contra CriteriaCaixa y CaixaBank por operaciones presuntamente irregulares para la adquisición del banco portugués BPI.
En el auto, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deben reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).
CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.
La querella admitida también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y los directivos de esta entidad Alejandro García-Bragado Dalmau, Oscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García.
De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.
"A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria", añade el instructor.
De la Mata solicita además la relación de personas que emitieron el informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones de euros a BFA.
Según el juez, "no puede ser excluido el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada", por lo que tratará de averiguar si "existen indicios de que los querellados albergaban el decidido propósito de no cumplir con las obligaciones y responsabilidades asumidas al omitir las anotaciones contables".
De la Mata deja claro en su auto que la admisión a trámite de la querella de los dos accionistas no constituye todavía un acto de imputación, sino que supone la apertura de una vía para la investigación judicial de los hechos relatados.
En el auto, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos objeto de investigación son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deben reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la junta de accionistas).
CaixaBank, que mantenía una participación minoritaria en el BPI desde 1995, cerró con éxito en 2017 su opa sobre el banco portugués y pasó a controlar el 84,5% de su capital, gracias a un desembolso de 644,5 millones de euros.
La querella admitida también se dirige contra el presidente del consejo de administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y los directivos de esta entidad Alejandro García-Bragado Dalmau, Oscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla y Juan Antonio Álvarez García.
Un crédito de 400 millones al BFA
La querella relata una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de CaixaBank con su accionista Criteria -hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015- y cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición.De la Mata explica que este caso es competencia de la Audiencia Nacional por el importe de la cantidad en que se cifra el perjuicio, de cientos de millones de euros, así como por el quebranto a la entidad bancaria de manera personal y directa y, por ende, apunta el magistrado, a todos los accionistas de la misma, que pueden haber sido perjudicados por la actuación de la entidad en los hechos querellados.
"A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria", añade el instructor.
El juez pide documentación
Con las primeras diligencias, el juez pide diversa documentación a Caixabank, como la relación de miembros del consejo de administración entre 2015 y 2017 y de la comisión de auditoría y control, así como los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para analizar la operación de permuta y la documentación que manejaron.De la Mata solicita además la relación de personas que emitieron el informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones de euros a BFA.
Según el juez, "no puede ser excluido el carácter delictivo de las conductas imputadas a los querellados y, en segundo lugar, existen indicios de que tal conducta efectivamente ha sido ejecutada", por lo que tratará de averiguar si "existen indicios de que los querellados albergaban el decidido propósito de no cumplir con las obligaciones y responsabilidades asumidas al omitir las anotaciones contables".
De la Mata deja claro en su auto que la admisión a trámite de la querella de los dos accionistas no constituye todavía un acto de imputación, sino que supone la apertura de una vía para la investigación judicial de los hechos relatados.
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