Gobierno federal ve necesario el capital privado en energía
La Estrategia Nacional de Energía 2013–2027 del Gobierno de la República, aprobada ya por el Senado de la República, establece la necesidad de que la inversión privada participe en el sector energético del país.
El documento en el que la administración del presidente Enrique Peña Nieto marca los lineamientos que la política energética seguirá en los próximos años, señala que ante la creciente complejidad para obtener, distribuir y almacenar los energéticos es necesario recurrir a proveedores externos.
“Para alcanzar los objetivos planteados en este documento, tanto en materia de hidrocarburos, como en electricidad, es fundamental la participación del sector privado en aquellas actividades en donde por Ley puede hacerlo”, indica el texto.
Al tener una capacidad limitada de explotación, las empresas paraestatales del sector energético, Pemex y CFE, buscarán en los próximos años aumentar sus alianzas con empresas estratégicas, pero dentro del marco de la ley vigente.
A partir de 1992, el sector energético del país comenzó a abrirse a la inversión privada en ciertas áreas como el transporte, almacenamiento y distribución de energéticos, con el objetivo de facilitar a las empresas paraestatales enfrentar la demanda.
La Estrategia no menciona la intención de hacer cambios a la Constitución Política o las leyes reglamentarias, como parte de una reforma energética para aumentar la participación de la inversión privada.
La Estrategia Nacional de Energía es el documento donde el gobierno federal establece las pautas de política del sector energético. El plan debe tener una visión de largo plazo y considerar un "horizonte" de 15 años, para fijar las líneas generales para el crecimiento y mantenimiento del abasto y explotación de los recursos del sector.
El documento presentado este año cobra especial relevancia por la coyuntura. Se espera que en las próximas semanas sea presentada la reforma energética, que podría plantear cambios legales para permitir una mayor participación del sector privado en las actividades relacionadas con la energía.
La Estrategia contó con el apoyo de las bancadas del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza en el Senado. Tanto en la Cámara Alta como en la de Diputados, las bancadas de izquierda (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) se han opuesto a la aprobación del plan de Peña Nieto.
El 14 de marzo, el Senado aprobó la Estrategia Nacional de Energía, y la envió a la Cámara de Diputados para su discusión y votación.
SEGUIRÁN LOS GASOLINAZOS
La Estrategia contempla la posibilidad de que el precio de los energéticos continúe aumentando en los próximos años, proyección contraria a la promesa de campaña de Enrique Peña Nieto de bajar el precio de la energía eléctrica.
Sin embargo, el documento también señala la necesidad de que haya un esquema de subsidios para la población menos favorecida.
El texto apunta que el sistema tarifario actual favorece la desigualdad social y, por la falta de una mejor política de aprovechamiento de los recursos, existen pérdidas económicas multimillonarias que son absorbidas por las propias empresas del sector: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Es necesario que el sistema tarifario dé las señales adecuadas respecto al costo real de los energéticos, lo que conllevará a un uso más eficiente de la energía. Es inevitable que el costo final de la energía pueda incrementarse para el consumidor, pero el reto consiste en hacer llegar la energía a toda la población a precios competitivos.
“También es muy posible que los usuarios adquieran equipos y sistemas más energéticamente eficientes que lleven a que sus facturas energéticas no se eleven o inclusive disminuyan. Asimismo, de manera particular a la población menos favorecida se compensará a través de subsidios focalizados o neutrales”, establece la Estrategia.
El documento destaca que existe una disparidad en el costo de la obtención de los energéticos y el precio al que se ofrecen al público, hecho que pone en peligro tanto el abasto como la estabilidad económica del país, pues en gran medida México depende de los ingresos por la venta de petróleo.
“De mantenerse las condiciones actuales, en el abasto y en el consumo, el sector enfrentará serias complicaciones para cubrir las necesidades energéticas que el país requiere para su desarrollo esperado; dado que encontrar y extraer los recursos para satisfacer la creciente demanda resulta cada vez más complejo y costoso, es previsible un impacto en el precio de los mismos.
“Asimismo, la alta correlación entre la disponibilidad de recursos y sus precios incrementa el riesgo de sufrir desabasto, con serias consecuencias para el desarrollo de la economía, las finanzas públicas y el bienestar de la población”, abunda.
La producción de petróleo alcanzó en 2004 su máximo nivel, y a partir de ese año comenzó a declinar hasta en 2.5 millones de barriles diarios en 2012, pese a que la inversión en el sector se triplicó. De igual forma, la Estrategia advierte que las reservas de crudo disminuyeron en 27%.
Además de la complejidad para obtener el combustible, la Estrategia considera los costos que debe enfrentar el Estado por la afectación a la salud de los ciudadanos y al medio ambiente, ocasionados por la generación de la energía y el cambio climático.
A estos gastos se suma la inversión que el gobierno federal debe hacer en subsidios. Para 2012, la inversión en ese rubro fue de 222,757 millones de pesos.
LA DELINCUENCIA PEGA AL SECTOR
A los factores de complejidad debe sumarse el impacto de las actividades de la delincuencia, que han afectado directa o indirectamente al sector energético.
La Estrategia explica que el robo de energéticos es un problema que ocasiona pérdidas importantes. Según sus propios datos, el 7.6% de las pérdidas se debían a los robos y el 6.4% a fallas técnicas.
“Uno de los mayores impactos en las finanzas de las empresas del sector se encuentra relacionado con las pérdidas no técnicas de energía y el mercado ilícito de combustibles”, acusa el texto.
Sin embargo, no es la única forma en que las paraestatales tienen pérdidas, pues también invierten recursos en tratar de capturar a quienes cometen los ilícitos.
“Los principales factores que agravan esta clase de pérdidas son la presencia de una creciente actividad de robo y evasión del pago de energía, la falta de planificación en la construcción de vivienda, así como asentamientos humanos irregulares, el crecimiento del sector comercial informal y la insuficiencia de recursos humanos y materiales dedicados a la persecución de actos ilícitos”, explica el documento.
De acuerdo con Petróleos Mexicanos, tan sólo durante 2012 el robo de combustibles le dejó pérdidas por 7,200 millones de pesos.
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