La clave en la reforma
La iniciativa para reformar diversos artículos constitucionales y, con ello, modificar un puñado de leyes en materia de telecomunicaciones y de competencia económica, ha sido una decisión de gobierno largamente esperada por consumidores, inversionistas y observadores internacionales.
Pero además, de aprobarse en los términos que ayer se dio a conocer, sentará un precedente positivo para la discusión de las otras tres reformas económicas que vienen -hacendaria, energética y de seguridad social- y que -sin ninguna exageración- podrían transformar el futuro económico del país.
La reforma presentada ayer -que rompe las prácticas monopólicas, apuntala la competencia, obliga al gobierno a sacar las manos del otorgamiento de concesiones, rediseña a los órganos reguladores dotándolos de mejores condiciones de operación, ensancha los derechos ciudadanos a las tecnologías de la información y fortalece la productividad de la economía- ha superado las expectativas y entusiasmado incluso a los críticos.
Ya habíamos advertido aquí, en varias ocasiones, sobre la posibilidad real de ocurrencia de una decisión así, a pesar del escepticismo más o menos generalizado.
Ahora el paso está dado y es altamente probable que el Congreso apruebe tal cual esta iniciativa de cambios constitucionales, no sólo por el aval de los líderes de las principales fuerzas políticas, sino también porque el costo político de “rajarse” en las deliberaciones legislativas que vienen, es muy alto.
Pero aún la aprobación de los cambios constitucionales no es garantía suficiente como para ver en el mediano plazo una competencia plena y sin barreras en estos mercados. La batalla definitiva se dará en la redacción de las leyes secundarias que la propia iniciativa prevé. En las adecuaciones al marco jurídico en los próximos seis meses después de promulgadas las reformas; en los criterios para que el naciente Instituto Federal de las Telecomunicaciones, Ifetel, otorgue autorizaciones para el acceso a la multiprogramación; en la creación del Consejo Consultivo del Ifetel como órgano asesor; en la determinación de los tipos penales para castigar las prácticas monopólicas y la concentración; o en las modalidades que se seguirán para la licitación de las frecuencias que conformarán las dos cadenas nacionales de televisión digital terrestre.
Es decir, el anuncio de ayer es una decisión de gobierno esperada por muchos y que efectivamente cambiará las reglas del juego para los capitales, no sólo en las telecomunicaciones, sino en toda la economía. Pero una vez aprobadas estas reformas por el Congreso, comienza un periodo de implementación de los detalles legales que serán tan importantes como el propio anuncio.
En todo esto hay un asunto que es particularmente importante y sobre el que habrá que poner atención, en materia de legislación secundaria, si efectivamente queremos ver al futuro. Se trata de la carretera de la banda ancha por la que -además de los datos- transitará la televisión y la radio del futuro. Esa carretera debe estar libre de jugadores dominantes o de prácticas anticompetitivas. Habrá que asegurarse que así sea.
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