Empresarios en Chihuahua pagan observatorio anticrimen
Buscan que la organización incida en la formulación de políticas públicas; algunos se quejan por gastar en trabajo que es del gobierno
Carlos Coria Rivas / corresponsal
01/04/2013 07:08
Con esta aportación, alrededor de 75 millones de pesos anuales son utilizados por el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia de Chihuahua para recopilar información de estadística criminal en el estado, analizarla, darla a conocer al público y tratar de influir en la formulación de políticas públicas con base en el resultado de este estudio.
José Antonio Enríquez Tamez, director del observatorio, explicó que el organismo nació en 2008, cuando la violencia en el estado de Chihuahua tuvo un alza que provocó no solamente la muerte de miles de personas bajo una guerra entre delincuentes y contra el Estado, sino también un éxodo de miles de habitantes y cientos de empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros.
El presidente del organismo, Luis Lara, explicó que muchos empresarios antes que huir decidieron ayudar al gobierno y a la sociedad, de la cual son parte, para enfrentar y buscar una solución al problema mediante el análisis de la situación.
Enríquez Tamez recordó que, en medio de esta violencia inusitada, varios funcionarios públicos, senadores y diputados viajaron a Colombia, con el entonces gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, a fin de conocer lo que los colombianos hicieron para salir del bache de la criminalidad y la violencia generada por la delincuencia organizada.
Comentó que en aquella ocasión (2009) viajó también César Duarte Jáquez, actual gobernador de Chihuahua, pero en ese entonces lo hizo como presidente de la Cámara de Diputados.
Entre ellos había varios empresarios, como Luis Lara, y a partir de entonces, y tras contactar con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Policía Nacional de Colombia, entre otros, surgió la idea de formar el observatorio ciudadano.
En 2010, el Observatorio Ciudadano firmó con los entonces candidatos a gobernador, Carlos Borruel (PAN) y César Duarte (PRI), el pacto de seguridad para la competitividad, que entre otras cosas estableció la creación el Consejo Estatal de Seguridad Pública, con participación equitativa entre ciudadanos y funcionarios, la creación de una policía unificada, la carrera civil en corporaciones de seguridad y el fomento de la denuncia y participación ciudadana, entre otros.
Algunos rechazan hacer “chamba” del gobierno
El director del Observatorio reconoce que no todos los 31 mil empresarios a los que se les carga la sobretasa de 5% en el impuesto sobre nómina están de acuerdo en el gravamen, ya que el principal argumento es que en realidad “están haciendo la chamba del gobierno”.
El argumento de los empresarios que no están de acuerdo en pagar la sobretasa radica en que básicamente el analizar índices delictivos es tarea propia de la Fiscalía del estado, y que además ya han invertido dinero suficiente en mecanismos que garanticen la seguridad de sus familias y de sus empresas o negocios.
Afirman que los empresarios más encumbrados de Chihuahua han tenido que invertir sumas de dinero en su seguridad personal. Son nóminas elevadas ya que hay que pagar vehículos y cuando menos a cinco policías con adiestramiento especial o agentes privados del Grupo 13, creado básicamente por la misma cúpula empresarial que ahora encabeza el Observatorio Ciudadano.
En las empresas y hogares han invertido grandes cantidades de dinero para pagar seguridad privada, circuitos cerrados de televisión y localizadores GPS en los vehículos y en las mismas personas.
Además de estas inversiones en seguridad, estos 31 mil empresarios chihuahuenses deben pagar 5% del impuesto sobre nómina de sus empresas para sostener el Observatorio Ciudadano, lo que a muchos les parece oneroso y una carga injustificable.
La principal crítica que se hace al interior del empresariado es que esa organización hace sus análisis y programas con base en datos y estadísticas que le proporciona el gobierno del estado y la Federación, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Pagar una sobretasa para conocer lo que está haciendo el gobierno del estado es para ellos una mala forma de invertir.
Enríquez Tamez defendió al observatorio tras precisar que, como ciudadanos, los empresarios deben involucrarse más en las labores del gobierno.
“Somos empresarios, somos igualmente funcionarios públicos sin recibir salario y todo eso sin dejar de ser ciudadanos”, comentó, y agregó que recientemente presentaron los primeros resultados al gobernador de Chihuahua, lo que resultó una buena experiencia.
Más recientemente, con el subsecretario de Seguridad Pública federal, Roberto Campa, durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública y la instalación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención de la Delincuencia, el observatorio hizo la misma presentación para demostrar que en Chihuahua los homicidios han disminuido 35% y el índice delincuencial va igualmente a la baja.
Chihuahua es el primer estado que firma un convenio de adhesión al programa de seguridad anunciado por el Presidente Enrique Peña Nieto, lo que le valió a la entidad obtener una inversión conjunta con el Sistema Nacional de Seguridad Pública por 354.5 millones de pesos, de los cuales 266 millones son aportación federal.
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