Alertan sobre explotación reproductiva
Leticia López Landero, diputada panista,
aseguró que hay un crecimiento en los grupos del crimen organizado que
comercializan a mujeres y bebés con ganancias millonarias.
Rolando Ramos / El Economista
Dic 26, 2014 |
0:45
Foto Archivo: Cuartoscuro
En México está creciendo una nueva modalidad de trata de
personas, que consiste en la explotación de mujeres con fines
reproductivos o renta de vientres, que perjudica, sobre todo, a las
mujeres pobres, de baja escolaridad o en situación de vulnerabilidad,
alertó Leticia López Landero.
La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados explicó que por ello la nueva ley general en materia de trata de personas establece que la explotación de mujeres con fines reproductivos se sancionará con penas de 15 a 30 años de prisión y multas de 5,000 a 50,000 días de salario mínimo.
La revisión integral de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, realizada por la Cámara de Senadores, incluyó desde el cambio de nombre de la norma, pero como los diputados federales aprobaron algunas modificaciones de forma, la minuta se devolvió al Senado de la República para su eventual ratificación.
La sanción para quien explote a una mujer con el fin de gestar a una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a un tercero -explicó la panista- aplicará para toda la cadena de personas que participen y obtengan ganancias por el delito, como promotores, médicos, abogados, laboratorios y particulares.
De ahí que los cambios legales para convertir en delito federal la trata de personas con fines reproductivos, detalló, generaron el consenso de todos los partidos políticos representados en San Lázaro, lo que permitió una aprobación unánime.
La trata de personas, enfatizó, es uno de los delitos más lacerantes que reducen a las personas a mercancía, productos de consumo u objetos, dejando de lado que todos los seres humanos son igualmente valiosos.
Sinaloa y Tabasco, donde dicha práctica es legal, amplió, son la mejor prueba de que la explotación de mujeres con fines reproductivos o renta de vientres no se hace con fines altruistas.
“Hay un crecimiento en la afluencia de mujeres que rentan su vientre, pero también de grupos del crimen organizado que comercializan a mujeres y bebés con ganancias millonarias”, concluyó.
rolando.ramos@eleconomista.mx
La presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados explicó que por ello la nueva ley general en materia de trata de personas establece que la explotación de mujeres con fines reproductivos se sancionará con penas de 15 a 30 años de prisión y multas de 5,000 a 50,000 días de salario mínimo.
La revisión integral de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, realizada por la Cámara de Senadores, incluyó desde el cambio de nombre de la norma, pero como los diputados federales aprobaron algunas modificaciones de forma, la minuta se devolvió al Senado de la República para su eventual ratificación.
La sanción para quien explote a una mujer con el fin de gestar a una niña o un niño para que, después de nacido, sea separado de su madre o se entregue a un tercero -explicó la panista- aplicará para toda la cadena de personas que participen y obtengan ganancias por el delito, como promotores, médicos, abogados, laboratorios y particulares.
De ahí que los cambios legales para convertir en delito federal la trata de personas con fines reproductivos, detalló, generaron el consenso de todos los partidos políticos representados en San Lázaro, lo que permitió una aprobación unánime.
La trata de personas, enfatizó, es uno de los delitos más lacerantes que reducen a las personas a mercancía, productos de consumo u objetos, dejando de lado que todos los seres humanos son igualmente valiosos.
Sinaloa y Tabasco, donde dicha práctica es legal, amplió, son la mejor prueba de que la explotación de mujeres con fines reproductivos o renta de vientres no se hace con fines altruistas.
“Hay un crecimiento en la afluencia de mujeres que rentan su vientre, pero también de grupos del crimen organizado que comercializan a mujeres y bebés con ganancias millonarias”, concluyó.
rolando.ramos@eleconomista.mx
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