“El problema es el Sistema; la solución es la Revolución”

“El problema es el Sistema; la solución es la Revolución”

Consigna del 15 M

 

Es esta una de las cuestiones claves que muchos nos venimos planteando cuando examinamos la evolución de la deuda pública española y su continuo e imparable incremento, hasta el punto de concluir, que el pago de dicha deuda es imposible y de que va siendo ya hora de abordar su reestructuración, una más que evidente declaración parcial de ilegitimidad y hasta una posible quita.

La deuda pública española (es decir, lo que el Estado debe a sus acreedores) alcanzó en septiembre de 2014 la astronómica cifra de un billón 236 mil millones de euros (59.000 millones más que en 2013, lo que representaba el  96,80% del  PIB o riqueza anual de un país), record histórico desde hace más de cien años que significa que cada ciudadano español debe por este concepto algo más de 20.000 euros, insostenible situación que ha llevado ya al país a situaciones de pobreza generalizadas y a un callejón sin salida cuyas consecuencias, de no abordarse seriamente este problema, son imprevisibles, empezando porque en 2015 el estado español tendrá que hacer frente al mayor pago de deuda de toda su Historia (155.000 millones de euros).

Pretender pagar una deuda de semejante envergadura cuando la precariedad y el empobrecimiento generalizados de la población impiden que el Estado pueda obtener los recursos suficientes para poder afrontarla, es una broma de mal gusto que sólo se explica si tenemos en cuenta que muchos de sus posibles acreedores son los mismos que la han provocado y que están haciendo grandes negocios especulativos con ella hasta reducir a los estados deudores a meras marionetas.

Lo primero que deberíamos conocer es quiénes son esos acreedores, un dato “oculto” que no hay manera de saber con certeza  (aunque sabemos que la Seguridad Social ha invertido en torno a 60.000 millones de euros en pasivo público, que otros 16.000 millones serían de empresas particulares no financieras y unos 5.000 de personas individuales), opacidad ésta que sólo se entiende si tenemos en cuenta la connivencia natural de intereses entre la maquinaria estatalista y el capital financiero, por lo tanto, ¿por qué estar obligados a pagar una deuda a cuyos acreedores “fantasma” ni siquiera conocemos?.

¿Es legítima la deuda generada por los especuladores financieros prestamistas de capital (y no tanto de la generada por los suministradores de bienes tangibles), para incrementar sus beneficios a costa incluso de la aniquilación de la sanidad y  educación públicas, “obligando” a los gobiernos títeres, por ellos moldeados, a privatizaciones en masa de bienes y servicios públicos y a rescates bancarios que constituyen una de las afrentas más gigantescas que hayamos tenido que soportar?.

¿Estamos obligados, los ciudadanos, a pagar la deuda contraída con numerosos acreedores, a título individual y muchas veces de mala fe amparándose en las instituciones, en contra de nuestros intereses generales, por el solo hecho de revestir una supuesta formalidad legal que, pese a ello, no puede impedir encubrir una inmoralidad que avala el que no debiera ser pagada?

¿Por qué ningún gobierno europeo y muy pocos en el mundo, abordan estas cuestiones con seriedad? Ah, se me olvidaba que esa pandilla de adláteres especialistas en “puertas giratorias” y psicópatas contumaces, sólo responden ante sus verdaderos amos, amedrentando, eso sí a las poblaciones, con grandes cataclismos sociales y económicos si el país dejase de pagar la  deuda declarada como ilegítima, como si las clases populares no estuvieran padeciendo ya semejantes tsunamis y soportando las consecuencias de sus irreverentes y criminales políticas, ¿qué se puede perder cuándo ya se está pagando mucho más de lo que se recibe o incluso cuando todo o caso todo se ha perdido ya?

¿No será que sus temores radican en que dejarían de cobrar fabulosas cantidades de dinero generadas sobre el sufrimiento de no pocas gentes, cuando es sabido que ese “cierre del grifo” crediticio con el que intentan atemorizarnos, nunca tendría lugar, sencillamente, porque ellos serían los principales perjudicados? ¿por qué no explicarle a las poblaciones que esas supuestas restricciones podrían generar probables complicaciones e incomodidades que, en todo caso, encontrarían seguras soluciones en otros mercados o en el intercambio de bienes y de servicios, así como en la concienciación de las clases populares de que aquellas constituirían el tributo para salvaguardar su independencia y su dignidad?

Propugno, en consecuencia, ingenuo de mí, que el próximo gobierno que salga del simulacro electoral de esta pantomima de democracia, aborde esta cuestión anteponiendo, el bienestar de su pueblo, sobre la usura especuladora, un bienestar hipotecado, eternamente, a pagar una deuda a quiénes especularon para enriquecerse a costa del empobrecimiento de las naciones y del buen nombre del maldito y criminal neoliberalismo capitalista.