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Demanda contra Monsanto y unos estudios científicos hechos a medida de la Industria Química
noticiasdeabajo
Por Paul D. Thacker,
(Imagen: Mike Mozart/Flickr)
En la reciente demanda contra Monsanto se
observan con claridad las estrategias de la Industria para manipular la
investigación científica en su propio beneficio. En la demanda
presentada por la posible carcinogenicidad del herbicida Roundup, los
abogados de los demandantes acusan a Monsanto de redactar un estudio
científico que señalaba que el ingrediente activo de Roundup, el
glifosato, no supone ningún daño para la salud. El glifosato es el
herbicida más utilizado en todo el mundo y resulta fundamental para los
cultivos modificados genéticamente, tales como el maíz y la soja, que
son resistentes a este herbicida.
Los escritores fantasma siguen siendo algo
presente en algunas áreas de la investigación académica. En el año 2010,
participé en la redacción de un informe para el Senado sobre este
asunto: los estudios redactados por las Corporaciones y luego publicados
en revistas científicas firmados por investigadores del mundo académico
ha sido algo muy utilizado para influir en las decisiones de los
Gobiernos, en las demandas judiciales, e incluso en las prácticas
médicas. Muchas Universidades se han visto envueltas en escándalos
relacionados con los escritores fantasma, como la Universidad de
Harvard, la Universidad de Brown, la Universidad de Stanford y la
Universidad de Emory.
El estudio que actualmente se encuentra bajo verificación apareció en el año 2000 en la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology,
la revista de la Sociedad Internacional de Regulación Toxicológica y
Farmacológica. Las acusaciones podrían parecer sin fundamento, como señala la revista Science, que dice que los responsables de una Universidad han investigado el caso y rechazado esas acusaciones.
Monsanto también niega enérgicamente las acusaciones de escritura fantasma y defiende la honestidad del estudio en su blog: “El estudio fue sometido a un riguroso proceso de revisión por pares por parte de la revista antes de su publicación”.
Pero aquí el término “riguroso” no parece muy
acertado. De hecho, si echamos un vistazo a la historia de la revista se
nos ofrece un panorama en el que la Industria presenta unos estudios aparentemente científicos pero que carecen de rigor académico.
“Regulatory Toxicology and Pharmacology es
una revista que publica Ciencia mercenaria, producida por los
contaminadores y productores de productos químicos tóxicos para crear
incertidumbre y dudas sobre la Ciencia que subyace en las decisiones
relacionadas con la salud pública y la protección ambiental”, dice
David Michaels, profesor de salud ambiental y ocupacional en la Escuela
Universitaria de Salud Pública George Washington. (Michael regresó a su
antiguo puesto después de desempeñar un cargo en la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos).
“Regulatory Toxicology and Pharmacology
es una revista que publica Ciencia mercenaria,
producida por los contaminadores
y productores de productos químicos tóxicos
para crear incertidumbre y dudas
sobre la Ciencia que subyace en las decisiones relacionadas
con la salud pública y la protección ambiental”.
Es una historia que viene de muy atrás. En el año 2002, varios científicos y activistas enviaron una carta a Elsevier denunciando
que la revista carecía de transparencia en su política de conflictos de
interés y que no presentaba una independencia editorial al margen de
las Corporaciones patrocinadoras. Un par de años más tarde, comencé a
estudiar y repasar los registros de la Sociedad Internacional de Regulación Toxicológica y Farmacológica (ISRTP).
El año anterior al que la revista publicara el estudio del herbicida Roundup, la sociedad celebró una reunión en junio de 1999 en la sede la firma de abogados Keller and Heckman,
en Washington DC, la firma de abogados más destacada en la defensa de
la Industria Química. En un reciente litigio, por ejemplo, Keller and Heckman
representaron a la Industria del Vinilo, una demanda para intentar
revertir las regulaciones establecidas en el año 2012 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que limitan los vertidos tóxicos durante la producción del PVC. Keller and Heckman
también aparece como la firma de abogados más destacada en la defensa
de la Industria del Tabaco y el cigarrillo electrónico. En el acta de la
reunión se recoge que un miembro de Keller and Heckman
re reunió con representantes de varias asociaciones comerciales de la
Industria Química. Las actas de febrero de 2002 también registran la
reunión que tiene lugar en la oficina de Keller and Heckman en Washington DC, y se señala que las futuras reuniones también se llevarán a cabo en la sede de la firma de abogados.
“Es algo inusual ver a representantes de la
revista Regulatory Toxicology reunirse en una oficina donde se trata de
hacer valer la ley”, dice el Dr. Lynn Goldman, del
Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública George Washington, uno
de los firmantes de la carta de 2002
“Realizar las reuniones en un bufete de
abogados que defiende a las Corporaciones es algo inapropiado, a menos
que no se trate de una sociedad científica sino de un apoyo para la
publicación de estudios pseudocientíficos en favor de sus clientes, las
Corporaciones, y los donantes de la revista”, dice Jennfier Sass, especializada en política de productos químicos en el Consejo de Defensa de Recursos Naturales y firmante también de la carta del año 2002.
Después de revisar el estudio sobre el herbicida Roundup publicado en 2000, Sass dice que no parece
ser lo que generalmente se conoce como “escritura fantasma”. La sección
de reconocimiento del Estudio, que se recoge en la página de pagos de
la revista, se señala claramente la participación de Monsanto en la
elaboración del estudio*.
“Esta gente no sería capaz de presentar sus
estudios y ampliar la literatura científica, enturbiando las aguas y
creando una falsa sensación de controversia, si no hubiera revistas como
Regulatory Toxicology and Pharmacology”.
Examinando el Consejo de Redacción de la revista, Sheldon
Krimsky, profesor de la Universidad de Tufts, especializado en el
estudio de los conflictos de interés y la influencia de las
Corporaciones en la Ciencia, observa que los asesores de la Industria
desacreditan la cabecera de la revista. De hecho, el editor de la
revista es Gio Gori, ex consultor para la Industria del Tabaco. En 1998,
Gori conjuntamente con Steven J. Milloy, de JunkScience.com, firmaron una carta que apareció en Science, y en la que se criticaba las alusiones a los consultores de la Industria del Tabaco. Más tarde descubrí a Milloy en New Republic por estar en la nómina de la Industria del Tabaco mientras que escribía artículos para FoxNews.com, donde menospreciaba la estudios científicos sobre el tabaco como de segunda mano. Y en 2007, Gori publicó un editorial en el Washington Post, afirmando la falsedad de los estudios científicos sobre el tabaco.
El trabajo de Gori para la Industria del Tabaco, dice Krimsky, “sitúa su credibilidad muy abajo”.
Otros polémicos miembros del consejo editorial
de la revista son Michael L. Dourson y Dennis J. Paustenbach. Dourson es
el Presidente de TERA, una firma de consultoría científica que fue
objeto de investigación el 2014 por Inside Climate News y el Centro de Integridad Pública,
destacando sus lazos con la Industria. Los documentos que se hicieron
públicos durante el juicio destacan el trabajo de Dourson para la
Industria.
Cuando se le preguntó sobre su relación con la Industria del Tabaco, Doruson dijo:
“Jesús salió acompañado de prostitutas y
recaudadores de impuestos. Comió con ellos. Somos un grupo independiente
que trata de hacer las cosas lo mejor que puede en el ámbito
científico. ¿Por qué deberíamos rechazar a aquellas personas que
necesitan ayuda”.
“Jesús salió acompañado de prostitutas
y recaudadores de impuestos. Comió con ellos.
Somos un grupo independiente que trata de hacer
las cosas lo mejor que puede en el ámbito científico.
¿Por qué deberíamos rechazar a aquellas
personas que necesitan ayuda”.
En el año 2005, The Wall Street Journal publicó en la primera página unas informaciones que cuestionaban el papel de Paustenbach y su empresa ChemRisk en un caso que se convirtió en la base de la película Erin Brockovich. Según la revista, ChemRisk
fue contratada para volver a analizar los datos de un estudio
relacionado con aguas contaminadas por cromo y su relación con daños en
la salud pública. El nuevo análisis de ChemRisk se publicó en un nuevo estudio firmado por dos investigadores chinos, sin mencionar la participación de ChemRisk,
y fue aceptado posteriormente para su consideración el litigios y la
aprobación de normas de regulación. Después de la publicación en la
revista, se produjo la retractación del mismo, y los grupos ecologistas
intentaron una reprobación por parte de la Sociedad de Toxicología.
Siete años más tarde, el Chicago Tribune publicó un artículo
en el que revisaba la trayectoria de investigación de Paustenbach sobre
los retardantes de llama para la Industria Química, y el Centro de
Integridad Pública publicó una investigación el año pasado sobre el trabajo de Paustenbach para Ford Motor Company, para minimizar los peligros del amianto en las pastillas de frenos de sus coches.
“Se trata de una revista deshonesta que quiere parecer una revista”, dice Krimsky.
El problema no afecta solamente a Monsanto, y
no sólo a esta revista. Las Corporaciones compran con asiduidad a
investigadores del mundo académico, para rehacer los temas que preocupan
a la Industria y recomponer un canon científico hecho a su medida. Las
Universidades hacen poco para detener estas prácticas, mientras que las
revistas científicas, incluso las de mayor prestigio, se convierte a
menudo en cómplices. La exposición de todo esto a la luz pública sigue
siendo la medicina, y única, más eficaz.
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