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68 millones de habitantes sin seguridad social

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El combate a la pobreza y la desigualdad en México no ha tenido éxito porque las políticas públicas creadas para ello no tienen como eje el cumplimiento de derechos humanos básicos como el derecho al trabajo, educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, indica el informe Derechos Humanos y Pobreza.
Elaborado por el equipo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con apoyo de la Fundación para la Paz en Guerrero y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estudio afirma que la ausencia de este eje ha impedido que los destinatarios de los programas sociales ejerzan sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y ha colocado a la falta de acceso a la seguridad social como la carencia más prevalente: 68 millones de mexicanos hoy no tienen acceso a la seguridad social o requieren pagar para recibir atención médica.
Los grupos más afectados por esta carencia son los adultos mayores y las personas con discapacidad. A nivel nacional, el 69 % de los habitantes de más de 60 años no tienen un ingreso básico garantizado, pues al no haber estado afiliados a alguna institución pública de seguridad social como IMSS o ISSSTE no cuentan con pensión. En tanto, el 65 % de las y los mexicanos con alguna discapacidad no reciben alguna transferencia de los programas sociales a los cuales tienen derecho.
El problema es de tal magnitud, que solo 2 de cada 10 programas sociales a nivel federal resuelven los conflictos que les dio origen. De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2017 (Indep), realizado por la organización Gestión Social y Cooperación AC (GESOC) -citado por el estudio- de los 136 programas federales, solo 14 tienen un desempeño óptimo mientras que el resto no están en condiciones para atender los problemas para los que fueron creados o sus registros son tan irregulares que ni siquiera han podido ser evaluados.
Cifras del GESOC señalan que estos 14 programas que son la excepción ejercen 137 mil millones de pesos, esto es el 16 % del presupuesto asignado. En contraste, hay otros 61 programas que consumen más de la cuarta parte del presupuesto asignado, en total 228 mil millones de pesos, recursos cuyo uso se pierde en la opacidad y la dispersión. En el caso de los 2,528 programas de los gobiernos estatales, el 95% no cumple con la institucionalidad mínima.
Pero más allá de la correcta aplicación de los programas sociales, el problema de fondo tiene que ver con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, de acuerdo con el estudio de Acción Ciudadana Frente a Pobreza. Este dicta la obligación de todas las autoridades, estatales y federales, de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y los tratados internacionales ratificados por México.
Al incumplir este precepto, los programas sociales para combatir la pobreza y la desigualdad presentan las siguientes “debilidades”: identifican la desigualdad solo a partir de ingresos; no incluyen como pobres a todas las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar; no incluyen como pobres extremos a quienes tienen un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo; aceptan como acceso a seguridad social a quienes reciben programas sociales de adultos mayores, y no garantizan un ejercicio real de los DESCA, entre ellos el derecho a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la educación, la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación.

La pobreza como punto de partida

De acuerdo con el estudio, la pobreza es el punto de partida para el incumplimiento de los DESCA por tratarse de “una condición socio-histórica de carencia de ingreso suficiente y de falta de acceso a satisfactores y servicios esenciales para vivir”, que inhibe el ejercicio de derechos, especialmente los derechos económicos y sociales.
De acuerdo a los datos más actualizados del CONEVAL, del 2016, esta situación alcanza a 62 millones de personas en todo el país que carecen del ingreso suficiente para adquirir la canasta básica.
Este dato es equiparable al de hace 25 años, es decir, la precariedad económica se ha mantenido e incluso aumentado desde 1992, resalta el estudio.

Jóvenes y mujeres, sin acceso al trabajo

Respecto al acceso al trabajo, se encontró que el 36 % de las y los mexicanos se encuentran sin trabajo o subocupados, en tanto que el 61 % de aquellos que sí cuentan con un empleo tienen una remuneración insuficiente para subsistir.
Del total de las personas empleadas en el país, más de la mitad (54 %) no tienen prestaciones. Igualmente se confirma que los jóvenes y las mujeres son los dos sectores que tienen menos acceso al derecho del trabajo.

Educación para quién

Con base en datos del INEGI, citados en el documento, en México hay 30 millones 870 mil personas analfabetas, y en el sector de los mayores de 30 años y menores de 60 sin algún grado de educación terciaria suman 33 millones 159 mil habitantes.
En el tema de la primera infancia, el 36 % de los niños en el país no asisten a la escuela, y la situación se agrava en la adolescencia, donde al menos la mitad del alumnado deja inconcluso la secundaria.

Sin prestaciones ni pensión

Como ya se mencionó, la carencia de seguridad social es el rubro más alarmante, pues más de 68 millones de habitantes no están afiliados a ningún sistema público.
El 69 % de adultos mayores años no gozan de pensión y el 65 % de las personas con discapacidad no reciben la ayuda económica a la que tienen derecho por parte de alguno de los programas sociales destinados a ellos.
Salud para unos cuantos
En el tema de la salud  se encontró que los indicadores en mortalidad infantil, problemas en el desarrollo físico, mortalidad materna, falta de diagnóstico oportuno y la falta de atención en los servicios públicos no han disminuido a consecuencia de la mala aplicación de políticas públicas que distan de la realidad.

Inseguridad alimentaria y vivienda

Si bien estos dos rubros son los menos preocupantes, no dejan de mantener cifras negativas.
En el caso de la alimentación se detectó que el 21 % de las y los niños mexicanos padecen desnutrición, mientras que el 28 % de la población en general atraviesa por inseguridad alimentaria, es decir la falta de acceso a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y una vida sana.
Finalmente, la carencia por espacios y condiciones de la vivienda afecta al 15 % de la población.

¿Y qué sigue?

El principal objetivo de este estudio es proponer formas de aplicación del enfoque de derechos previsto en el artículo 1 para crear verdaderas políticas públicas frente a la pobreza.
La CNDH y Frente a la Pobreza definen a estas políticas como “el conjunto de normas, instituciones, programas y acciones destinadas a población en pobreza o vulnerabilidad social y relacionadas con el ejercicio de derechos económicos y sociales”.
Aclaran que antes de aplicar el enfoque de derechos, políticas públicas frente a la pobreza requieren cumplir con los siguientes cuatro criterios de consistencia básica para políticas públicas:

• Contar con documento normativo, presupuesto, reportes en cuenta pública e información pública básica.
• Diseño. Definición adecuada del problema y del objetivo. Resultado a lograr, así como la identificación de la población que se atenderá.
• Cobertura sustancial la población elegida y/o plan gradual para incluirla en un periodo razonable de tiempo.
• Implementación. Documentación de resultados que permitan suponer impacto positivo en el problema público consistente con el objetivo a lograr.

Estos puntos, sumados a criterios internacionales para la creación de políticas públicas como los recomendados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), establecen: la identificación de las personas en pobreza; el reconocimiento del marco nacional e internacional de derechos humanos; la rendición de cuentas; la igualdad y no discriminación; la participación; asistencia, y cooperación internacional.
Después de tomar estas consideraciones el estudio plantea los primeros pasos que el gobierno federal debería dar para lograr políticas públicas frente a la pobreza bajo el enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales:
Generar medidas de igualdad y superar la diferencia de trato de las políticas sociales a grupos discriminados; garantizar el derecho al trabajo y las prestaciones que entreguen en éste; en la educación, implementar competencias para el desarrollo pleno de las personas; en la salud garantizar el acceso a servicios gratuitos; la seguridad social deberá trabajar de la mano en el tema de salud; un derecho a la vivienda digna, y garantizar la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y calidad.
Para que la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos sea posible el estudio propone las siguientes recomendaciones generales:
Adoptar el enfoque de derechos en las políticas públicas frente a la pobreza; crear una política fiscal que posibilite la asignación de recursos disponibles para promoverlas; mejorar la calidad, efectividad y equidad en la provisión de servicios públicos, así como adoptar un “indicadores” con enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Además de otras cuatro recomendaciones específicas:
Generar políticas económicas incluyentes y erradicar políticas económicas excluyentes; formular una macropolítica de protección social universal; mejorar la calidad y la equidad educativa en todos los niveles, y mejorar la calidad y la equidad de los servicios de salud.
Los académicos y organizaciones sociales que elaboraron este documento esperan que la próxima administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, contemple el estudio por recomendación de la CNDH para la creación de nuevas políticas públicas que combatan eficazmente la pobreza y desigualdad.
Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.