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Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España
La corrupción está instalada como eje de la información que definen los principales medios de comunicación. Es una estrategia funcional a la concentración económica y del poder, ya que el acento está en la corrupción anterior mientras se vela la del presente, en clara manipulación informativa. Los objetivos son políticos y económicos de cara al presente mediato.
Desde el punto de vista político impedir que se retome cualquier gobierno con intento de disputa de derechos en 2019 y desde lo económico confirmar un rumbo favorable a una lógica de privilegio de las ganancias concentradas en la cúpula del poder global. En este aspecto económico, los empresarios involucrados pueden terminar enajenando sus empresas ante las restricciones que pudieran sobrevenir, incluso fuera de la Argentina.
¿Existen capitales locales para esas operaciones, o el solo hecho de pensarlo resulta en mayores niveles de concentración y extranjerización de capitales en la Argentina?
Por eso el operativo es a dos puntas, a consolidar el intento de una nueva hegemonía política modificando la tradición histórica del país con gobiernos radicales y peronistas, salvo dictaduras, hasta 2015 y con ello, convalidar un rumbo económico de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial, lo que supone mayor concentración y extranjerización económica.
Lo dicho no excluye el rechazo a toda forma de corrupción, la que debe ser combatida con todo rigor, en una mirada hacia atrás de largo aliento, pero también del presente. Entendiendo a la corrupción tanto el que la percibe como quien la otorga. La corrupción es un acuerdo de partes, no interviene uno solo.
Al mismo tiempo, pensar en el desafío de época para superar las identidades partidarias tradicionales como problema, no solo del poder, sino también del amplio abanico del arco social definido en lo popular.
La política asumida por millones de participantes en luchas por la ampliación de los derechos humanos (especialmente del movimiento de mujeres), individuales y colectivos, mayoritariamente protagonizado por jóvenes, nos remite a la imprescindible creación de nuevas identidades populares para disputar la representación social de los de abajo.
Conflicto creciente demanda políticas alternativas
Sin embargo, pese a la manipulación mediática, la realidad social se impone con variadas manifestaciones.
Una remite a la lucha universitaria, iniciada el 6/8 pasado como no inicio de clases, decisión convalidada por una mayoría interesante de docentes y a la que se suma de manera importante el conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, graduados y autoridades.
Vale mencionar que no existe acuerdo total de cómo avanzar en el tema entre las organizaciones sindicales representativas.
Lo determinante en este tiempo y no solo para este caso, no parece pasar por los dirigentes, sino por la voluntad de los trabajadores y trabajadoras junto a la capacidad para instalar socialmente el asunto.
Es algo que se está logrando con la Universidad itinerante, con clases públicas y manifestaciones masivas fuera de las propias sedes universitarias.
Masivas movilizaciones en solidaridad con el reclamo universitario se dieron en estos días, especialmente en principales ciudades con tradición universitaria y de lucha, casos de Rosario o Córdoba y varias otras ciudades.
Son iniciativas asumidas como procesos de construcción de una movilización programada para el 30/8 en la ciudad de Buenos Aires, condensando el reclamo federal no solo por recomposición salarial docente.
En rigor, el conflicto incluye la crítica a la disminución del presupuesto universitario para este año, de más de 3.000 millones de pesos, y además, la sub ejecución de ese presupuesto asignado a la baja.
La protesta es por los salarios, la baja del presupuesto y la sub ejecución de lo asignado, en una clara confrontación contra la política oficial.
Una política que tiene complicidad de todos los poderes del Estado y que es parte de un objetivo de largo aliento por cambiar la tradición del derecho a la educación por la educación como servicio o mercancía que se compra y se vende en el mercado.
En efecto, desde los 60 del siglo pasado cuando se inició el estímulo a las Universidades privadas, no ha cesado la promoción de una política privatizadora, estimulado en los tiempos de ampliación de una deliberada privatización a escala global, entre otras cuestiones, de la educación.
Se valida la orientación en los 90 y ahora con el argumento de que los pobres no acceden a los estudios universitarios y por ende, aquellos que si “llegan a la pública” deben pagarla.
La demanda es contra la política gubernamental y en defensa del derecho a la educación, que se hermana con otros conflictos, caso de la lucha contra la privatización de la empresa provincial de energía en Córdoba.
En efecto, la multitudinaria movilización cordobesa en defensa de la EPEC estatal y los reclamos universitarios unificaron la reivindicación y extendió el horizonte de la disputa del consenso por otra política asentada en el derecho a la educación o en el derecho a la energía.
La energía y la sociedad estuvieron en el centro de la atención del Congreso realizado en Mar del Plata este 24 y 25/8, por la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización de base de la CTA Autónoma.
En el cónclave marplatense se analizó la necesidad de avanzar en la generalización de las demandas sociales para modificar el cuadro de situación económica que se descarga vía inflación y recesión sobre la mayoría de la población.
La declaración relativa a la situación nacional promueve el impulso a un paro nacional de 36 horas a convocar por todas las centrales sindicales y a instalar la lucha por la demanda de la soberanía energética.
Tanto la educación o la energía como derecho, es parte de una lógica contenida en los 21 puntos programáticos difundidos luego del multitudinario acto de Frente Nacional Multisectorial 21F, convocado el pasado 16/8 en el mini estadio de Atlanta.
Allí convergieron 825 organizaciones reunidas en 28 multisectoriales en todo el territorio nacional que confluyeron en un Congreso Federal para ofrecer un programa con propuestas alternativas para abordar la defensa de los ingresos populares; una concepción extendida de derechos; al rechazo al acuerdo con el FMI; y una inserción mundial privilegiando la Patria Grande.
La conciencia social está en disputa
Nuestro relato apunta a discutir la eficacia de la estrategia comunicacional del poder.
El debate social no transita solamente por la agenda instalada por los principales multimedios, sino por la capacidad de intervenir de las trabajadoras, los trabajadores, en actividad o pasivos, y por el conjunto de la sociedad.
Sostenemos el argumento más allá de lo que pueda pensarse de algunas/os o muchas/os de los dirigentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que procesan este debate crítico sobre la realidad y el que hacer para modificarlo. La dinámica social en el conflicto es la clave para interpretar el devenir, claro que de manera dialéctica con los proyectos políticos en pugna.
En los próximos días se debatirá el Presupuesto 2019, convalidando el ajuste suscripto en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto solo se aprueba si logra conformidad parlamentaria, por lo que confirmamos que la crítica no es solo al poder ejecutivo, sino extensivo al legislativo y en asociación a lo relatado con respecto a la corrupción, también involucra al poder judicial y al de los medios de comunicación.
La realidad económica nos la devuelve la data oficial, con caída de la producción agraria e industrial, más el comercio, con lo que se define el dato de junio del 2018 de una baja del -6,7% respecto al mismo mes del año anterior y del -1,3% respecto al mes de mayo del 2018.
Ese dato que confirma la recesión económica se suma a la cruda realidad de incrementos de precios que define la estanflación, estancamiento más inflación, con costos sobre la mayoría social de menores ingresos.
La discusión como siempre es quien vence a quien y como vemos es lucha política, económica y de ideas sobre el presente y el futuro.
De un lado el poder instituido desde sus diversos destacamentos, y desde el otro, una fragmentación de proyectos políticos que intenta ser superado por una amalgama de esfuerzos unitarios de contenido federal, caso de la Multisectorial 21F, para habilitar condiciones de una disputa con horizonte de ampliación de derechos. Fue la enseñanza que dejaron otras luchas vigentes, como mencionamos, por ampliación de los derechos de las mujeres en un marco de generalización de derechos humanos en sentido integral.
Solo el consenso social para un modelo alternativo hará posible el éxito de cualquier reivindicación concreta, de lo contrario, el mapa del conflicto será contenido en luchas corporativas que fragmentan la protesta social sin rumbo compartido.
La propuesta de Paro Nacional de 36 horas con movilización convocado por las centrales sindicales en septiembre suena en ese sentido, habilitando una profunda discusión sobre el programa necesario a sustentar masivamente.
Confirmamos así nuestra tesis relativa al necesario debate económico, político, cultural, de ideas. No alcanza con consignas o etiquetas. No está resuelto el enigma de como mejor disputar el destino, salvo la unidad de acción que en el marco de un debate programático encuentre los consensos necesarios para la confrontación con la hegemonía actuante avalada por el FMI.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2018
https://juliogambina.blogspot.com/
Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la FCEJYS de la Universidad Nacional de San Luis, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Integra la Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA desde 2016. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma. Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina.
ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.
La corrupción, los medios y el conflicto social
Julio C. Gambina – Consejo Científico de ATTAC España
La corrupción está instalada como eje de la información que definen los principales medios de comunicación. Es una estrategia funcional a la concentración económica y del poder, ya que el acento está en la corrupción anterior mientras se vela la del presente, en clara manipulación informativa. Los objetivos son políticos y económicos de cara al presente mediato.
Desde el punto de vista político impedir que se retome cualquier gobierno con intento de disputa de derechos en 2019 y desde lo económico confirmar un rumbo favorable a una lógica de privilegio de las ganancias concentradas en la cúpula del poder global. En este aspecto económico, los empresarios involucrados pueden terminar enajenando sus empresas ante las restricciones que pudieran sobrevenir, incluso fuera de la Argentina.
¿Existen capitales locales para esas operaciones, o el solo hecho de pensarlo resulta en mayores niveles de concentración y extranjerización de capitales en la Argentina?
Por eso el operativo es a dos puntas, a consolidar el intento de una nueva hegemonía política modificando la tradición histórica del país con gobiernos radicales y peronistas, salvo dictaduras, hasta 2015 y con ello, convalidar un rumbo económico de inserción subordinada en el sistema capitalista mundial, lo que supone mayor concentración y extranjerización económica.
Lo dicho no excluye el rechazo a toda forma de corrupción, la que debe ser combatida con todo rigor, en una mirada hacia atrás de largo aliento, pero también del presente. Entendiendo a la corrupción tanto el que la percibe como quien la otorga. La corrupción es un acuerdo de partes, no interviene uno solo.
Al mismo tiempo, pensar en el desafío de época para superar las identidades partidarias tradicionales como problema, no solo del poder, sino también del amplio abanico del arco social definido en lo popular.
La política asumida por millones de participantes en luchas por la ampliación de los derechos humanos (especialmente del movimiento de mujeres), individuales y colectivos, mayoritariamente protagonizado por jóvenes, nos remite a la imprescindible creación de nuevas identidades populares para disputar la representación social de los de abajo.
Conflicto creciente demanda políticas alternativas
Sin embargo, pese a la manipulación mediática, la realidad social se impone con variadas manifestaciones.
Una remite a la lucha universitaria, iniciada el 6/8 pasado como no inicio de clases, decisión convalidada por una mayoría interesante de docentes y a la que se suma de manera importante el conjunto de la comunidad universitaria: estudiantes, graduados y autoridades.
Vale mencionar que no existe acuerdo total de cómo avanzar en el tema entre las organizaciones sindicales representativas.
Lo determinante en este tiempo y no solo para este caso, no parece pasar por los dirigentes, sino por la voluntad de los trabajadores y trabajadoras junto a la capacidad para instalar socialmente el asunto.
Es algo que se está logrando con la Universidad itinerante, con clases públicas y manifestaciones masivas fuera de las propias sedes universitarias.
Masivas movilizaciones en solidaridad con el reclamo universitario se dieron en estos días, especialmente en principales ciudades con tradición universitaria y de lucha, casos de Rosario o Córdoba y varias otras ciudades.
Son iniciativas asumidas como procesos de construcción de una movilización programada para el 30/8 en la ciudad de Buenos Aires, condensando el reclamo federal no solo por recomposición salarial docente.
En rigor, el conflicto incluye la crítica a la disminución del presupuesto universitario para este año, de más de 3.000 millones de pesos, y además, la sub ejecución de ese presupuesto asignado a la baja.
La protesta es por los salarios, la baja del presupuesto y la sub ejecución de lo asignado, en una clara confrontación contra la política oficial.
Una política que tiene complicidad de todos los poderes del Estado y que es parte de un objetivo de largo aliento por cambiar la tradición del derecho a la educación por la educación como servicio o mercancía que se compra y se vende en el mercado.
En efecto, desde los 60 del siglo pasado cuando se inició el estímulo a las Universidades privadas, no ha cesado la promoción de una política privatizadora, estimulado en los tiempos de ampliación de una deliberada privatización a escala global, entre otras cuestiones, de la educación.
Se valida la orientación en los 90 y ahora con el argumento de que los pobres no acceden a los estudios universitarios y por ende, aquellos que si “llegan a la pública” deben pagarla.
La demanda es contra la política gubernamental y en defensa del derecho a la educación, que se hermana con otros conflictos, caso de la lucha contra la privatización de la empresa provincial de energía en Córdoba.
En efecto, la multitudinaria movilización cordobesa en defensa de la EPEC estatal y los reclamos universitarios unificaron la reivindicación y extendió el horizonte de la disputa del consenso por otra política asentada en el derecho a la educación o en el derecho a la energía.
La energía y la sociedad estuvieron en el centro de la atención del Congreso realizado en Mar del Plata este 24 y 25/8, por la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA, organización de base de la CTA Autónoma.
En el cónclave marplatense se analizó la necesidad de avanzar en la generalización de las demandas sociales para modificar el cuadro de situación económica que se descarga vía inflación y recesión sobre la mayoría de la población.
La declaración relativa a la situación nacional promueve el impulso a un paro nacional de 36 horas a convocar por todas las centrales sindicales y a instalar la lucha por la demanda de la soberanía energética.
Tanto la educación o la energía como derecho, es parte de una lógica contenida en los 21 puntos programáticos difundidos luego del multitudinario acto de Frente Nacional Multisectorial 21F, convocado el pasado 16/8 en el mini estadio de Atlanta.
Allí convergieron 825 organizaciones reunidas en 28 multisectoriales en todo el territorio nacional que confluyeron en un Congreso Federal para ofrecer un programa con propuestas alternativas para abordar la defensa de los ingresos populares; una concepción extendida de derechos; al rechazo al acuerdo con el FMI; y una inserción mundial privilegiando la Patria Grande.
La conciencia social está en disputa
Nuestro relato apunta a discutir la eficacia de la estrategia comunicacional del poder.
El debate social no transita solamente por la agenda instalada por los principales multimedios, sino por la capacidad de intervenir de las trabajadoras, los trabajadores, en actividad o pasivos, y por el conjunto de la sociedad.
Sostenemos el argumento más allá de lo que pueda pensarse de algunas/os o muchas/os de los dirigentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que procesan este debate crítico sobre la realidad y el que hacer para modificarlo. La dinámica social en el conflicto es la clave para interpretar el devenir, claro que de manera dialéctica con los proyectos políticos en pugna.
En los próximos días se debatirá el Presupuesto 2019, convalidando el ajuste suscripto en el acuerdo con el FMI. Ese proyecto solo se aprueba si logra conformidad parlamentaria, por lo que confirmamos que la crítica no es solo al poder ejecutivo, sino extensivo al legislativo y en asociación a lo relatado con respecto a la corrupción, también involucra al poder judicial y al de los medios de comunicación.
La realidad económica nos la devuelve la data oficial, con caída de la producción agraria e industrial, más el comercio, con lo que se define el dato de junio del 2018 de una baja del -6,7% respecto al mismo mes del año anterior y del -1,3% respecto al mes de mayo del 2018.
Ese dato que confirma la recesión económica se suma a la cruda realidad de incrementos de precios que define la estanflación, estancamiento más inflación, con costos sobre la mayoría social de menores ingresos.
La discusión como siempre es quien vence a quien y como vemos es lucha política, económica y de ideas sobre el presente y el futuro.
De un lado el poder instituido desde sus diversos destacamentos, y desde el otro, una fragmentación de proyectos políticos que intenta ser superado por una amalgama de esfuerzos unitarios de contenido federal, caso de la Multisectorial 21F, para habilitar condiciones de una disputa con horizonte de ampliación de derechos. Fue la enseñanza que dejaron otras luchas vigentes, como mencionamos, por ampliación de los derechos de las mujeres en un marco de generalización de derechos humanos en sentido integral.
Solo el consenso social para un modelo alternativo hará posible el éxito de cualquier reivindicación concreta, de lo contrario, el mapa del conflicto será contenido en luchas corporativas que fragmentan la protesta social sin rumbo compartido.
La propuesta de Paro Nacional de 36 horas con movilización convocado por las centrales sindicales en septiembre suena en ese sentido, habilitando una profunda discusión sobre el programa necesario a sustentar masivamente.
Confirmamos así nuestra tesis relativa al necesario debate económico, político, cultural, de ideas. No alcanza con consignas o etiquetas. No está resuelto el enigma de como mejor disputar el destino, salvo la unidad de acción que en el marco de un debate programático encuentre los consensos necesarios para la confrontación con la hegemonía actuante avalada por el FMI.
Buenos Aires, 25 de agosto de 2018
https://juliogambina.blogspot.com/
Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la FCEJYS de la Universidad Nacional de San Luis, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Integra la Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA desde 2016. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma. Miembro del Consejo Académico de ATTAC-Argentina y dirige el Centro de Estudios Formación de la Federación Judicial Argentina.
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