LIMA, Perú (apro).- La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko
Sofía Fujimori Higuchi, recibió 36 meses de prisión preventiva por el
delito de lavado de activos agravado.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la petición del fiscal especializado en lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, quien sostiene que Fujimori Higuchi encabeza una organización criminal en su partido que lavó un millón de dólares entregados por la empresa brasileña Odebrecht para su campaña a la Presidencia de la República, en el año 2011.
Para el juez, la imputada tiene arraigo domiciliario y arraigo ocupacional, pero éstos no garantizan que pueda evadir la acción de la justicia y huir.
Otro criterio que utilizó para dar la prisión preventiva es que Keiko Fujimori e integrantes de su partido han obstaculizado las investigaciones del caso.
Asimismo consideró que existe un alto grado de posibilidad de que haya cometido el delito de lavado de activos.
“Este despacho considera que sí existe sospecha grave de que esta persona sería líder de una organización creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht”, dijo el juzgador en la audiencia transmitida en el canal del Poder Judicial.
Consideró además que el Ministerio Público ha iniciado la investigación por el delito de lavado de activos agravado dentro de una red criminal, por lo que es un hecho complejo suficiente para establecer el plazo máximo de la prisión preventiva: 36 meses.
Keiko Fujimori, quien permanecería recluida hasta el 31 de octubre de 2021, es acusada junto con otras diez personas.
El juez precisó que, en su calidad de presunta autora, con la asesoría de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, ordenó que los representantes de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular), Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama Tanaka, solicitaran activos de manera ilícita de Odebrecht. En conjunto recibieron un millón de dólares.
Keiko Fujimori presuntamente ordenó transferencias de dinero a través de personas conocidas, mediante actividades como rifas y cocteles.
El juzgador tomó en cuenta la acusación del fiscal sobre los primeros 500 mil dólares entregados por Odebrecht que fueron ingresados a la campaña en el 2010 como ingresos por actividades proselitistas, y otros 500 mil dólares en 2011 por aportaciones individuales.
Además sustentó su decisión con las declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces como Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri, del caso Lava Jato, entre otros.
También mencionó, para reforzar su fallo, los documentos encontrados en la casa del asesor del partido, Vicente Silva Checa, las actas de diligencia fiscal y chats del grupo La Botica, conformado por algunos integrantes de Fuerza Popular, otorgados por un colaborador eficaz que decidió declarar para obtener beneficios en su proceso. Esas pruebas demostrarían el poder de la organización criminal.
Otros declarantes, como aportantes del dinero a la campaña, han dicho que no entregaron el dinero, mientras que otros testigos reconocieron que prestaron sus nombres para justificar los fondos ilícitos entregados a la campaña.
El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó la petición del fiscal especializado en lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, quien sostiene que Fujimori Higuchi encabeza una organización criminal en su partido que lavó un millón de dólares entregados por la empresa brasileña Odebrecht para su campaña a la Presidencia de la República, en el año 2011.
Para el juez, la imputada tiene arraigo domiciliario y arraigo ocupacional, pero éstos no garantizan que pueda evadir la acción de la justicia y huir.
Otro criterio que utilizó para dar la prisión preventiva es que Keiko Fujimori e integrantes de su partido han obstaculizado las investigaciones del caso.
Asimismo consideró que existe un alto grado de posibilidad de que haya cometido el delito de lavado de activos.
“Este despacho considera que sí existe sospecha grave de que esta persona sería líder de una organización creada de facto al interior de Fuerza Popular para lavar activos provenientes de la empresa Odebrecht”, dijo el juzgador en la audiencia transmitida en el canal del Poder Judicial.
Consideró además que el Ministerio Público ha iniciado la investigación por el delito de lavado de activos agravado dentro de una red criminal, por lo que es un hecho complejo suficiente para establecer el plazo máximo de la prisión preventiva: 36 meses.
Keiko Fujimori, quien permanecería recluida hasta el 31 de octubre de 2021, es acusada junto con otras diez personas.
El juez precisó que, en su calidad de presunta autora, con la asesoría de Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa y Carmela Paucará, ordenó que los representantes de Fuerza 2011 (actualmente Fuerza Popular), Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama Tanaka, solicitaran activos de manera ilícita de Odebrecht. En conjunto recibieron un millón de dólares.
Keiko Fujimori presuntamente ordenó transferencias de dinero a través de personas conocidas, mediante actividades como rifas y cocteles.
El juzgador tomó en cuenta la acusación del fiscal sobre los primeros 500 mil dólares entregados por Odebrecht que fueron ingresados a la campaña en el 2010 como ingresos por actividades proselitistas, y otros 500 mil dólares en 2011 por aportaciones individuales.
Además sustentó su decisión con las declaraciones de testigos protegidos y colaboradores eficaces como Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri, del caso Lava Jato, entre otros.
También mencionó, para reforzar su fallo, los documentos encontrados en la casa del asesor del partido, Vicente Silva Checa, las actas de diligencia fiscal y chats del grupo La Botica, conformado por algunos integrantes de Fuerza Popular, otorgados por un colaborador eficaz que decidió declarar para obtener beneficios en su proceso. Esas pruebas demostrarían el poder de la organización criminal.
Otros declarantes, como aportantes del dinero a la campaña, han dicho que no entregaron el dinero, mientras que otros testigos reconocieron que prestaron sus nombres para justificar los fondos ilícitos entregados a la campaña.
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