El llamado tráiler de la muerte que peregrinaba por las calles
de Jalisco con 273 cuerpos a bordo desde el 2016 ya fue destruido, pero
la polémica está más viva que nunca.
El aniquilamiento de uno de los dos tráileres refrigerados que resguardaban en total alrededor de 322 cuerpos que pertenecían al Servicio Médico Forense, los cuales fueron llevados a los contenedores por la falta de espacios, causó la indignación de colectivos que buscan a personas desaparecidas.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Por Amor a Ellxs, argumentaron que se destruía una parte relevante de las investigaciones que desde finales de septiembre anunció la entonces fiscal central, Marisela Gómez Cobos.
Y la controversia sigue. De las ingadaciones por parte de la fiscalía estatal poco se sabe, pero la Contraloría del Estado de Jalisco ya presentó una denuncia penal para poder dar con los responsables de este caso que indignó a la población y tuvo resonancia a nivel nacional e internacional.
María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría estatal, explicó que la denuncia se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de quien resulte responsable por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, pues presuntamente la contratación de los dos contenedores se hizo de forma irregular.
Hasta el momento han declarado alrededor de 18 funcionarios y ex funcionarios locales. De esta lista se destacan Raúl Sánchez Jiménez, exfiscal general; y Luis Octavio Cotero Bernal, extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ambos despedidos tras este escándalo.
No se detalló si Marisela Gómez Cobos, quien fue ascendida de fiscal central a titular de la Fiscalía General estatal, también participó en las declaraciones, a pesar de que firmó el convenio donde su dependencia y el IJCF estipularon la contratación de la caja refrigerada, como señaló Reporte Indigo el pasado 18 de octubre.
De acuerdo con el convenio firmado en enero de 2017 para darle seguimiento a la contratación de la primer caja refrigerada, el titular del IJCF y el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, fueron los encargados de firmar. Como testigos del convenio se agregaron las firmas de Daniel Castañeda Grey, director jurídico del Ciencias Forenses; José Salvador López Jiménez, director general de Coordinación Jurídica y de Control Interno en la fiscalía; y la de Marisela Gómez Cobos, entonces fiscal central.
El núcelo de la investigación en la Contraloría está en la irregularidad a la hora de contratar los dos contenedores. Sin embargo esta dependencia no ha tenido acceso a los documentos en donde se detallarían los presupuestos ejercidos para la contratación y el mantenimiento, así como las firmas que establecieron la relación de servicios con las dependencias.
El funcionario explicó que la destrucción de la caja fue por razones de salud y ante las medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a pesar de que organizaciones expresaron su descontento con el argumento de que significaba un indicio para las investigaciones. También dijo que es más importante el tema de la sanidad y salubridad que lo que pueda decir una organización.
444 cadáveres estaban bajo resguardo del Servicio Médico Forense
Hasta la fecha sólo restan por inhumar cerca de 65 cuerpos en la entidad, según detalló López Lara. De los 444 cadáveres que estaban bajo resguardo del Servicio Médico Forense, 323 ya fueron inhumados en el Panteón Guadalajara, y 56 ya fueron entregados a sus familiares luego de su identificación.
323 ya fueron inhumados en el Panteón Guadalajara
El funcionario señaló que será hasta la próxima semana cuando posiblemente ya se tenga la total inhumación de los cuerpos. Esto luego de que se fijara el 15 de octubre como fecha límite para tal tarea.
56 ya fueron entregados a sus familiares luego de su identificación
Los espacios disponibles para inhumar los cuerpos aún están disponibles. El secretario explicó que hay algunos espacios en el Panteón Guadalajara y 500 gavetas que adquirió el gobierno estatal en el Panteón Tres de El Salto, a pesar de que siguen las manifestaciones de rechazo por parte de vecinos que argumentan la falta de condiciones para tener los cuerpos de forma salubre.
65 cuerpos restan por sepultar
Este tema es crucial, pues el terreno en donde se instalaría un nuevo panteón forense, en Tonalá, no cuenta todavía con el aval de vecinos que habían expresado su descontento por la instalación en su zona, además de que aún falta una caja frigorífica que anunció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
Por otro lado, la aparición de fosas en el mes de octubre reavivó el tema de la violencia y los cuerpos. El primer hallazgo fue a mediados de dicho mes, donde se encontraron dos fosas clandestinas en un predio de la colonia Agua Escondida, en el municipio de Tonalá, que concluyó con el registro de 16 cuerpos localizados.
De la misma forma se localizaron 19 cuerpos en Lagos de Moreno. Esto el pasado 25 de octubre, donde las autoridades pudieron identificar los cuerpos y cráneos de 16 varones y tres mujeres.
El aniquilamiento de uno de los dos tráileres refrigerados que resguardaban en total alrededor de 322 cuerpos que pertenecían al Servicio Médico Forense, los cuales fueron llevados a los contenedores por la falta de espacios, causó la indignación de colectivos que buscan a personas desaparecidas.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Por Amor a Ellxs, argumentaron que se destruía una parte relevante de las investigaciones que desde finales de septiembre anunció la entonces fiscal central, Marisela Gómez Cobos.
Y la controversia sigue. De las ingadaciones por parte de la fiscalía estatal poco se sabe, pero la Contraloría del Estado de Jalisco ya presentó una denuncia penal para poder dar con los responsables de este caso que indignó a la población y tuvo resonancia a nivel nacional e internacional.
María Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría estatal, explicó que la denuncia se interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción en contra de quien resulte responsable por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones, pues presuntamente la contratación de los dos contenedores se hizo de forma irregular.
Hasta el momento han declarado alrededor de 18 funcionarios y ex funcionarios locales. De esta lista se destacan Raúl Sánchez Jiménez, exfiscal general; y Luis Octavio Cotero Bernal, extitular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), ambos despedidos tras este escándalo.
No se detalló si Marisela Gómez Cobos, quien fue ascendida de fiscal central a titular de la Fiscalía General estatal, también participó en las declaraciones, a pesar de que firmó el convenio donde su dependencia y el IJCF estipularon la contratación de la caja refrigerada, como señaló Reporte Indigo el pasado 18 de octubre.
De acuerdo con el convenio firmado en enero de 2017 para darle seguimiento a la contratación de la primer caja refrigerada, el titular del IJCF y el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, fueron los encargados de firmar. Como testigos del convenio se agregaron las firmas de Daniel Castañeda Grey, director jurídico del Ciencias Forenses; José Salvador López Jiménez, director general de Coordinación Jurídica y de Control Interno en la fiscalía; y la de Marisela Gómez Cobos, entonces fiscal central.
El núcelo de la investigación en la Contraloría está en la irregularidad a la hora de contratar los dos contenedores. Sin embargo esta dependencia no ha tenido acceso a los documentos en donde se detallarían los presupuestos ejercidos para la contratación y el mantenimiento, así como las firmas que establecieron la relación de servicios con las dependencias.
“Nosotros estamos haciendo una denuncia en torno al manejo que se le dio a la contratación y al seguimiento del tema de los tráileres. Estamos presentándole los elementos al Fiscal Anticorrupción, que con otros tantos indicios él habrá de constituir una carpeta de investigación si ese es el caso”
- María Teresa Brito Serrano
Titular de la Contraloría estatal
Los pendientes
Por ahora las inhumaciones continúan y el uso de las cajas refrigeradas está por concluir. Desde el pasado 26 de octubre se destruyó una y la segunda ‘está por salir’, como declaró a medios el titular de la Secretaría General de Gobierno, Roberto López Lara.El funcionario explicó que la destrucción de la caja fue por razones de salud y ante las medidas cautelares que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, a pesar de que organizaciones expresaron su descontento con el argumento de que significaba un indicio para las investigaciones. También dijo que es más importante el tema de la sanidad y salubridad que lo que pueda decir una organización.
444 cadáveres estaban bajo resguardo del Servicio Médico Forense
Hasta la fecha sólo restan por inhumar cerca de 65 cuerpos en la entidad, según detalló López Lara. De los 444 cadáveres que estaban bajo resguardo del Servicio Médico Forense, 323 ya fueron inhumados en el Panteón Guadalajara, y 56 ya fueron entregados a sus familiares luego de su identificación.
323 ya fueron inhumados en el Panteón Guadalajara
El funcionario señaló que será hasta la próxima semana cuando posiblemente ya se tenga la total inhumación de los cuerpos. Esto luego de que se fijara el 15 de octubre como fecha límite para tal tarea.
56 ya fueron entregados a sus familiares luego de su identificación
Los espacios disponibles para inhumar los cuerpos aún están disponibles. El secretario explicó que hay algunos espacios en el Panteón Guadalajara y 500 gavetas que adquirió el gobierno estatal en el Panteón Tres de El Salto, a pesar de que siguen las manifestaciones de rechazo por parte de vecinos que argumentan la falta de condiciones para tener los cuerpos de forma salubre.
65 cuerpos restan por sepultar
Este tema es crucial, pues el terreno en donde se instalaría un nuevo panteón forense, en Tonalá, no cuenta todavía con el aval de vecinos que habían expresado su descontento por la instalación en su zona, además de que aún falta una caja frigorífica que anunció el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.
Polémica para rato
La violencia en Jalisco sigue en aumento y la llegada de nuevos cuerpos es una constante en el IJCF. Tan sólo en el mes de septiembre sumaron 185 homicidios que registró la Fiscalía General del estado, de acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Por otro lado, la aparición de fosas en el mes de octubre reavivó el tema de la violencia y los cuerpos. El primer hallazgo fue a mediados de dicho mes, donde se encontraron dos fosas clandestinas en un predio de la colonia Agua Escondida, en el municipio de Tonalá, que concluyó con el registro de 16 cuerpos localizados.
De la misma forma se localizaron 19 cuerpos en Lagos de Moreno. Esto el pasado 25 de octubre, donde las autoridades pudieron identificar los cuerpos y cráneos de 16 varones y tres mujeres.
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