¿Hacemos una consulta para ver si se investiga a Peña y equipo por actos de corrupción? Foto: Cuartoscuro.
Seis años después, de manera evidente, el Ministro Medina Mora está regresando el favor a quien lo nombró en su momento Embajador de México en el Reino Unido, al admitir y ordenar la suspensión de cualquier acción legal del gobierno de Chihuahua contra el actual presidente de la República y los funcionarios que le acompañan en el gabinete federal.
En su calidad de titular de la segunda sala de la Suprema Corte, Medina Mora dio trámite a la controversia constitucional que el jurídico de la Presidencia de la República, Misha Granados, presentó para que ni el presidente de la República ni los miembros del gabinete del gobierno federal, fueran detenidos, arraigados, citados, investigados, o mencionados en averiguaciones de la Fiscalía Estatal de Chihuahua donde se sigue el proceso a Alejandro Gutiérrez, un ex colaborador del PRI de Manlio Fabio Beltrones, por el desvío de 250 millones de pesos durante la administración del prófugo César Duarte.
La corrupción que ha rodeado a Enrique Peña Nieto desde el inicio de su sexenio (quizá antes, pues la compañía brasileña Odebrecht inició conversaciones con Emilio Lozoya Austin, cuando este era miembro del equipo de campaña del hoy presidente), únicamente ha causado ámpula en el titular del gobierno federal, en el caso de la investigación en Chihuahua. No buscó el amparo de la justicia ni por la Casa Blanca, ni por Odebrecht, ni por el caso Ayotzinapa, mucho menos por el socavón del paso exprés, tampoco por los desvíos documentados en la Estafa Maestra, ni por los excesos denunciados de manera sistemática desde organismos de la sociedad civil o periodistas de investigación.
Vaya, ni por la cantada corrupción que dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, que existe en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Hace algunas semanas, cuando el jurídico de presidencia presentó la controversia constitucional ante la Corte para proteger a Peña y a sus colaboradores, Ricardo Raphael escribió en Proceso una espléndida columna, explicando desde el punto de vista jurídico, porqué la controversia presentada por Peña no debía avanzar en la Corte. Lo cito textual:
“Para ser admitidas, las controversias constitucionales deben presentarse en contra de una ley o un acto de autoridad. En este caso Peña Nieto señaló como acto de autoridad reclamado la intervención “directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente (del gobernador Javier Corral) en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración… respecto a actuales o anteriores funcionarios públicos federales” vinculados a los procesos que se siguen en Chihuahua a Duarte Jáquez y a Gutiérrez.
“En otras palabras, Peña pide que la Contraloría del estado, encabezada por Stefany Olmos, deje de investigar a los funcionarios federales presuntamente involucrados en actos delictivos relacionados con el erario de Chihuahua.
“Olvida el Ejecutivo que el sistema federal tiene como principal ventaja el juego de pesos y contrapesos dispuestos para limitar el abuso de poder. Si la SCJN le otorgara razón, Peña Nieto terminaría dañando principios fundantes de la Carta Magna.
“Por otra parte, de acuerdo con la Constitución, la Corte puede admitir una controversia constitucional siempre y cuando se hayan ejercido antes todos los medios de defensa establecidos en la ley; es decir, que se trata de un recurso de última instancia”.
En esas condiciones, la acción del Ministro Eduardo Medina Mora, quien suspendió de manera indefinida cualquier investigación o imputación por parte de la Fiscalía de Chihuahua, contra el presidente y los miembros de su gabinete, resultaría una irregularidad en la aplicación de la justicia en la Corte Suprema, un evidente beneficio hacia quien todavía es el Presidente de la República. Parte de los beneficios que recibe aun el priísta, a escasos días de concluir su sexenio.
Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, nada declaró al respecto del amparo de la Corte a Peña y los suyos, enfrascado en las olas que levantó por la hechiza consulta para confirmar con el voto de sus seguidores lo que ya había decidido, la construcción de un nuevo aeropuerto en los terrenos de la base aérea militar de Santa Lucía, y la cancelación –desde su punto de vista y no en la práctica del gobierno que aún está vigente- del Nuevo Aeropuerto de México en Texcoco, no ha tenido tiempo para referir otros ámbitos de la corrupción del todavía presidente.
Sí dijo durante su campaña y lo ha refrendado ahora, aun sin evidencias, de la corrupción alrededor de la construcción del aeropuerto, de contratos amañados, de excesos, de sobre precios, de daños al erario, incluso de malévolos planes para apropiarse de los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, para venderlos provechosamente en favor de intereses de funcionarios y manos privadas.
Sin embargo no ha habido un compromiso del presidente electo para combatir esa corrupción, el nivel de indiferencia que ha concedido al amparo buscado por el presidente en funciones, es equiparable al desinterés que ha mostrado López Obrador por castigar la corrupción en el gobierno de Peña, especialmente en la construcción del nuevo aeropuerto.
AMLO cancela una obra para dar paso a otra, con una consulta a modo, donde no promete castigar la corrupción por la que se opuso en primera instancia y como candidato presidencial, a la edificación de Texcoco. Lo del lago vendría después.
Pero ahora el tema para López Obrador no es la promesa de combatir la corrupción en una mega obra, sino de cancelarla. Con todos los riesgos económicos que ello implique, logísticos, de medio ambiente, e iniciar –y le ofrece los contratos a los mismos para compensarlos- la construcción de otro aeropuerto en otro lugar.
¿Y la corrupción? Nada, ahí queda para la historia.
Si lo que el presidente electo ha hecho con su consulta a modo, es sentar un precedente para consultar las “grandes” decisiones del país con sus seguidores, bien haría en preguntarles en su respectiva consulta a los mexicanos, si: A) Quieren que se investiguen los actos de corrupción en la administración de Enrique Peña Nieto, que se recupere lo desviado y se procese a quien resulte culpable, o, B) Que no se investigue al presidente Enrique Peña Nieto, a ninguno de sus colaboradores, que prevalezca la impunidad e inicien un borrón y cuenta nueva.
Quizá así, y solo así, el presidente electo voltearía en esta etapa de transición, a ver la corrupción que como candidato avistó, y decidirse a combatirla.
El amparo de la ley que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, le ha concedido al presidente Peña y a sus colaboradores para no ser investigados, detenidos, arraigados, integrados en averiguación alguna por parte de la Fiscalía de Chihuahua y en el proceso que se le sigue a Alejandro Gutiérrez por el desvío de 250 millones de pesos, es un tema de relevancia nacional e internacional –es la primera ocasión que un presidente en funciones en México “pide amparo” y que además la Corte lo protege-, al cual el presidente electo no le está dedicando la debida atención. Ante la petición de la protección de la justicia, es evidente que Enrique Peña Nieto vio lo que Andrés Manuel López Obrador no quiere reconocer: que podría convertirse en el primer presidente del México contemporáneo en ser no solo juzgado, sino encarcelado.
¿Hacemos una consulta para ver si se investiga a Peña y equipo por actos de corrupción?
Total, debemos esperar 31 días más para la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, para empezar a ser testigos de su forma de gobernar, si lo hará a partir de consultas, castigando proyectos en lugar de castigar actos de corrupción, o si se verá a un presidente decidido a sentar un precedente de buen gobierno, iniciando por el combate a la corrupción en el sexenio que está a punto de fenecer.
Siguiendo su modo de operación, el presidente electo debería hacer una consulta para que los mexicanos determinen si quieren que se juzguen los actos de corrupción en el sexenio de Peña.
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