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- Fuente: Gabriela Coutiño / Corresponsal
Acusan por enriquecimiento ilícito a exgobernador Juan Sabines de Chiapas ante la PGR
El recurso legal compuesto por 129 hojas y
900 anexos probatorios fue interpuesto el pasado miércoles en las
oficinas de la Fiscalía de Servidores Públicos de la PGR en la ciudad de
México, informó el quejoso Horacio Culebro Borrayas.
La Procuraduría General de la República (PGR) dio
entrada a la querella contra el ex gobernador Juan Sabines Guerrero, y
50 de sus ex colaboradores entre los que se encuentran diputados locales
actuales, por el desfalco de más de 40 mil millones de pesos al erario
público, enriquecimiento ilícito, delitos cometidos por servidores
públicos, tortura e incomunicación, coalición de servidores públicos,
delitos contra la dignidad de las personas, fraude procesal, entre
otros.
El recurso legal compuesto por 129 hojas y 900 anexos
probatorios fue interpuesto el pasado miércoles en las oficinas de la
Fiscalía de Servidores Públicos de la PGR en la ciudad de México,
informó el quejoso Horacio Culebro Borrayas.
El activista y abogado señaló que solicitó a la PGR como
medida cautelar y garantía para la reparación inicial de daños, que la
PGR ordene congelar las cuentas bancarias que se encuentran a nombre de
Sabines, su esposa, e hijos y demás familiares cercanos, además que le
embarguen bienes inmuebles suficientes que garanticen el desfalco
millonario.
En la querella figuran además de Sabines, el actual
secretario general de Gobierno, Noé Castañón León, el procurador de
Justicia, Raciel López Salazar, el ex jefe de la oficina del Ejecutivo,
Mauricio Perkins Cardoso, el ex coordinador del gabinete estatal de
asesores, Nemesio Ponce Sánchez, el ex coordinador de comunicación
social estatal, Jaime Culebro Guillén, el ex presidente municipal de
Tuxtla Gutiérrez Yassir Vázquez.
Además de algunos ex diputados locales, Horacio Domínguez
Castellanos, Leyver Martínez, Rafael Ceballos Cancino, Corazón Gómez
Consuegra, Sonia Catalina Álvarez, entre otros.
Culebro Borrayas estuvo preso más de un año en el gobierno
de Juan Sabines, luego que promoviera un juicio de garantías contra una
reforma constitucional donde el gobierno sabinista pretendía la
reelección automática de legisladores locales y presidentes municipales.
El abogado obtuvo una notaría, la que dijo se dio por una
queja que interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el
gobierno de Sabines determinó autorizarle una notaría por los daños
causados al encarcelarlo injustamente.
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