Denuncian red de corrupción en la Sedena
La semana pasada publicamos en esta columna una carta enviada por proveedores de bienes y servicios para la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), en donde se quejaban de supuestas irregularidades en el área
administrativa de esa dependencia a cargo del general brigadier Fernando
Joaquín Ávila Lizárraga.
Según
la misiva, varios militares habían integrado una red de corrupción para
obtener comisiones a cambio de la asignación de contratos millonarios
para adquirir bienes y servicios. Los empresarios inconformes dicen que,
para pedirles comisiones económicas, los funcionarios militares
aseguraban que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, tenía
conocimiento del cobro del diezmo.
En la carta decían: “Somos un grupo de
proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, preocupados porque
venimos prestando nuestros servicios y la nueva administración del área
de compras, donde se encuentran el teniente coronel DEM [diplomado de
Estado Mayor] José Alfredo Carrillo Ríos, y el coronel intendente DEM
José Luis Lua Tatuado, desde que llegaron a sus posiciones han pedido
cantidades importantes de dinero por anticipado, al comentar que ellos
tienen el poder de decidir qué proveedores se quedan, quiénes entran y
cuáles se van.
“Nos han dicho que tenemos que
alinearnos. Como si fuera poco, nos han dicho que los diferentes
procedimientos licitatorios serán transparentes, al invitar a un
sinnúmero de empresas por evento; y en las diferentes invitaciones hay
irregularidades e inconsistencias, además de pedir requisitos como
cartas de exclusividad, cuando conforme a ley si es carta de
exclusividad tendría que ser compra directa, pues nadie más
participaría.
“Estos dos militares, responsables
ahora de la contratación de bienes y servicios para la Defensa,
ofrecieron a las diversas empresas participantes información para ganar
los contratos por 1 millón de pesos. Esta situación es más grave porque
nos dicen que son órdenes del secretario de la Defensa, general Salvador
Cienfuegos.”
El mismo lunes que publicamos esta
denuncia sobre presunta corrupción en el área administrativa de la
Secretaría de la Defensa, uno de los militares señalados en la misiva,
el coronel intendente DEM José Luis Lua Tatuado, fue separado de su
cargo y comisionado a la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, además de que
se abrió una investigación para determinar su presunta responsabilidad
en esa red de chantajes y sobornos en que se ha convertido la asignación
de contratos en la Sedena.
El último caso que aseguran los
proveedores está lleno de irregularidades y ocurrió apenas hace unos
días, se dio cuando las direcciones generales de Sanidad y de
Administración de la Defensa declararon desierta la licitación
006/1/2013 para la compra de equipo médico, que tendría un costo
aproximado de 108 millones de pesos, sólo para los estados de la
República y por año y medio de servicio.
De acuerdo con documentos de la
Sedena, de los que esta columna tiene copias, la licitación incluía la
contratación plurianual (2013 y 2014) de abastecimiento e insumos de
ortopedia para las especialidades de cirugía de ortopedia de rodilla,
cadera, maxilofacial, columna de ortopedia y cirugía maxilofacial para
hospitales militares, regionales y enfermerías que cuentan con la
especialidad.
En dicho proceso licitatorio
participaron 15 empresas, algunas de las cuales son investigadas para
determinar si durante el sexenio pasado, cuando ganaron varios
contratos, otorgaron sobornos a militares de alto rango: Servicios
Empresariales Begam, Zaken Internacional, Comerlat, Medical Smart
Projects, Comédica, Aplicaciones Médicas Integrales, Pentamed,
Farmacéutica Cruz Real, Grupo Autrey, Grupo Farmacéutico Santo Tomás,
Grupo Madero, Suministros e Instrumental Médico, Nadro, Savi
Distribuciones y Grupo Ruvel.
Entre los militares involucrados en
esta licitación declarada desierta está el teniente coronel José Alfredo
Carrillo Ríos, jefe de la Sección de Adquisiciones de Suministros
Médicos, designado por la Subdirección de Adquisición de la Dirección
General de Administración como responsable del concurso.
El 20 de marzo se llevó a cabo, en las
oficinas de la Sedena, la recepción y apertura de las propuestas
técnica y económica, con la participación de representantes de la
Asesoría Jurídica de la Dirección General de Administración, del Órgano
Interno de Control y de cinco empresas licitantes. Dos días después se
presentó el dictamen técnico en donde se indica que ninguna empresa
cotizó el ciento por ciento de los requerimientos establecidos en la
convocatoria.
En los documentos se explica que la
empresa Servicios Empresariales Begam cumplió con el 78.4 por ciento de
las partidas, mientras que Aplicaciones Médicas Integrales apenas cubrió
el 34.1 por ciento, por lo que se determinó que las cinco empresas
concursantes incumplieron con los requerimientos establecidos en la
licitación. Por tal motivo, “esta área contratante procede a declarar
desierto por primera ocasión el presente procedimiento de contratación,
de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones”.
El acuerdo fue firmado por los
representantes de las cinco empresas participantes, así como por la
Dirección General de Sanidad –representada por el subdirector
administrativo, general brigadier Fernando Rafael Martínez Pérez, y el
teniente coronel Isaac Enrique Hernández Téllez– y el asesor jurídico de
la Dirección General de Administración, mayor Alberto Cortés Ríos.
El teniente coronel Jesús Rogelio
Gámez Tamayo, jefe de la Sección Administradora de Contratos, habría
sido el responsable directo de armar esta licitación que, según algunas
empresas participantes, está repleta de irregularidades. El antecedente
de este coronel, según fuentes de la Defensa, es que durante la
administración anterior había sido relegado por diversas acusaciones que
motivaron el inicio de investigaciones en su contra.
Focos rojos en Sedena
Preocupado por la corrupción en la
asignación de contratos en la Secretaría de la Defensa, el general
Salvador Cienfuegos ha ordenado a los órganos de inteligencia y de
control revisar las prácticas de licitación e investigar a las empresas
privadas que desde hace varios años se mantienen como las principales
ganadoras de los concursos, pues hay preocupación de que diversas
compañías emplean prestanombres porque en realidad pertenecen a
servidores públicos, militares y exfuncionarios que han encontrado en
los contratos de gobierno una forma de enriquecerse mediante la entrega
de sobornos para los responsables de asignarlos.
Un caso grave que aún se investiga en
Sedena ocurrió en los últimos 3 años del gobierno de Felipe Calderón,
entre 2010 y 2012, cuando la Defensa entregó 18 contratos a proveedores
privados extranjeros por varios miles de millones de pesos para la
adquisición de equipos y servicios para las áreas de inteligencia de las
Fuerzas Armadas.
El propósito de esas compras era que
el Ejército contara con equipo tecnológico y de comunicación necesario
para investigar a grupos armados (guerrilla) y a la delincuencia
organizada (narcotráfico), por lo cual, dichas adquisiciones se
clasificaron como de seguridad nacional y por ello los contratos se
asignaron directamente, es decir, sin licitación de por medio, y bajo
autorización de un Comité de Compras del Ejército, en donde participó el
entonces secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván.
Sin embargo, mediante una denuncia que
salió de la misma Secretaría de la Defensa y fue presentada por
militares de alto rango ante la Presidencia de la República, la
Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la
Federación, se inició la revisión de ocho contratos por un monto total
de 5 mil 628 millones de pesos, para la compra de equipo de
intervenciones telefónicas y espionaje para el área de inteligencia de
la Sección Segunda del Ejército.
Ahora se ha retomado esa indagatoria
porque algunos de los equipos resultaron obsoletos e inservibles, y el
gasto público fue muy alto.
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