Caen casos anticorrupción de alto perfil en México
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MEXICO (AP) -- En apenas una semana, dos de los casos de más
alto perfil contra la corrupción en México se vinieron abajo debido a
pruebas débiles o inventadas, lo que reforzó la mala imagen que tiene
desde hace mucho tiempo la Procuraduría General de la República: de un
organismo más enfocado en vendettas o favores políticos que en la
justicia.
Dos de los casos en contra de
servidores públicos -un ex procurador antidrogas y un ex subsecretario
de la Defensa, acusados de vínculos con los cárteles del narcotráfico-
fueron desechados en cuestión de días la semana pasada.
En
uno de los casos, el juez determinó que los testimonios de los testigos
eran falsos, y el otro caso se disolvió porque los fiscales no pudieron
encontrar pruebas que apoyaran las acusaciones.
Muchos
culparon de los procesos fallidos a funcionarios del gobierno anterior,
del presidente Felipe Calderón, que prepararon los casos.
Los
expertos dicen que los procesos fallidos son producto de un sistema de
justicia dominado por intereses políticos y están obstaculizados por un
trabajo policial cuestionable y deficiencias de organización. Algunos
casos pierden credibilidad porque se considera que constituyen una forma
de favores políticos, mientras que otros se ven socavados por
investigaciones de mala calidad realizadas bajo el calor del momento.
Javier
Oliva, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México
que estudia asuntos de defensa y seguridad, opinó que la presentación de
las investigaciones padece de deficiencias en la organización y fallas
técnicas "graves". Dijo que estos casos fallan porque no tienen sustento
legal.
El nuevo gobierno de México, emanado
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también desechó más
calladamente otro caso que surgió durante el gobierno de Calderón: esta
vez en lo que pareció aprovechar para lavarse las manos de un caso
grande de corrupción que podría ser vergonzoso para el PRI.
Los
fiscales federales turnaron el caso -relacionado con el ex gobernador
del estado de Coahuila, Humberto Moreira, un político del PRI, durante
cuyo mandato hubo un faltante de 3.000 millones de dólares en fondos
públicos- a los fiscales locales de su estado natal, donde su hermano es
el gobernador actual.
El caso estaba enfocado
a dos personas cercanas a Moreira y a las que se les descubrió riqueza
inexplicable, entre ellos el que fuera el tesorero del estado y que
ahora está siendo buscado en Estados Unidos por cargos de lavado de
dinero.
Un funcionario de la Procuraduría
General, que no estaba autorizado a hablar públicamente, dijo que él no
sabía por qué los fiscales federales decidieron que no tenían
jurisdicción.
En cuanto al retiro de cargos la
semana pasada a los dos ex funcionarios de alto rango que participaron
en la guerra contra el narcotráfico, el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto ha subrayado que las pruebas en contra de ellos estaban
viciadas.
Los hombres, ahora en libertad,
afirmaron públicamente que fueron sujetos de una venganza política por
parte del anterior gobierno de Calderón y que los rescató el PRI, que el
año pasado volvió al poder después de un paréntesis de 12 años.
Los
dos casos fueron usados alguna vez como una demostración de que México
está dispuesto a luchar contra la corrupción interna. Su fin llegó cinco
años después de una reforma al sistema de justicia que supuestamente
iba a traer equidad y transparencia.
El
primero en ser puesto en libertad fue el ex fiscal antidrogas Noé
Ramírez Mandujano, quien fue detenido en 2008 durante una redada interna
conocida como "Operación Limpieza" entre acusaciones de que él recibió
450.000 dólares mensuales en efectivo del Cártel de los hermanos Beltrán
Leyva.
Samuel González, quien una década
antes de Ramírez Mandujano se desempeñó en el mismo puesto antidrogas,
dijo que el caso contra Ramírez comenzó tras la detención en 2008 de
Gerardo Garay, entonces jefe interino de la Policía federal del país,
por robar dinero de una mansión en la Ciudad de México durante una
redada de drogas.
Según González, el jefe y
aliado de Garay, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro
García Luna, presuntamente se indignó por la detención y supuestamente
exigió en represalia que Calderón enjuiciara a alguien del mismo nivel
en la Procuraduría General de la República.
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