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• Fuente: Francisco Rubio

Materia pendiente sanciones a servidores públicos que incurran en compra de votos: IFE

En entrevista luego de presentar su ponencia en el Seminario Internacional Balance de derechos políticos de grupos en situación de vulnerabilidad que organizó el IFE y organismos en la materia, el consejero presidente, reconoció que la “tentación que está presente” en la compra y coacción del voto, es por la falta en el Código Penal, de sanciones claras.

Al celebrar que las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno de Enrique Peña Nieto se hayan dado un impasse para no poner en riesgo el “Pacto por México”, donde el tema de la reforma electoral está en juego, el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, dijo que “sigue siendo un tema pendiente”, el establecer en la ley en la materia sanciones a servidores públicos que incurran en la compra y coacción del voto.
Sin manifestar si se encontraba preocupado o no, ante el riesgo de que se quedara sin efecto el “Pacto por México”, luego de las grabaciones que han ventilado PAN y PRI en el proceso electoral del estado de Veracruz, Valdés Zurita, dijo que PRI, PAN y PRD junto con el gobierno federal, reflexionaron sobre la posibilidad de “blindar” dicho acuerdo “para evitar que justamente la pasión” electoral evitara los “consensos”.
“Yo celebro que los partidos políticos y el poder ejecutivo hayan decidido darse un espacio para analizar la situación que se está desarrollando con los procesos electorales que están en marcha. Desde el principio los firmantes del pacto habían reflexionado y habían planteado que este pacto tendría que estar blindado respecto de los procesos electorales para evitar que justamente la pasión que se genera de manera natural cuando hay elecciones afecte la construcción de los consensos. Yo tengo la certeza de que los dirigentes de los partidos políticos nacionales, los coordinadores de los grupos parlamentarios que están también participando activamente en el pacto y lo representantes de poder ejecutivo tendrán la capacidad y la madurez política para avanzar en la construcción de los consensos”.
En entrevista luego de presentar su ponencia en el Seminario Internacional Balance de derechos políticos de grupos en situación de vulnerabilidad que organizó el IFE y organismos en la materia, el consejero presidente, reconoció que la “tentación que está presente” en la compra y coacción del voto, es por la falta en el Código Penal, de sanciones claras.
 “Bueno esta es una tentación que está presente en todas las democracias del mundo, no es una cuestión privativa de México, no es una cuestión privativa de pasado y, sin duda alguna seguirá siendo un tema pendiente en nuestra realidad. Yo lo he dicho y lo he dicho en varias ocasiones, necesitamos una reforma al Código Penal, porque nuestro país ya es un delito electoral la compra y la coacción del voto. Necesitamos que se defina con toda presión, que se establezcan los procedimientos para que esto pueda ser denunciado y sobre todo, para que quienes pretenden llevar a cabo estas actividades sean castigados severamente para esas sanciones se conviertan en un correctivo que además inhiba la realización de estas prácticas”.
Otro de los factores que permite incurrir en esta práctica ilegal de la compra y coacción del voto, agregó, Valdés Zurita, es que aún hace falta una cultura cívica, es decir, que los ciudadanos conozcan el valor de su voto.
“Tenemos que avanzar en la cultura cívica, si nuestros ciudadanos, sobre todo, los que más carencias tienen tuvieran plena conciencia del enorme valor que tiene su voto, porque es el instrumento con el que el eligen a sus gobernantes, estoy seguro que nuestros ciudadanos no estarían dispuestos a que nadie pretenda comprarle su voto, sino todo lo contrario, denunciarían inmediatamente esas prácticas.
De tal suerte, que tenemos ahí un déficit de cultura cívica, tenemos que seguir trabajando en la educación cívica para que los ciudadanos se empoderen, para que los ciudadanos conozcan el valor de su voto y por supuesto cuando alguien intente comprárselo denuncie”.
Insistió en el compromiso del IFE, en el sentido de coadyuvar con la Procuraduría General de la República, luego de que el PAN presentó su denuncia.
“Estamos a disposición de la Procuraduría General de la República para coadyuvar en las investigaciones que ellos realicen, porque la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional la presentó en la PGR no en el IFE, de tal suerte, que quien en este momento tiene la obligación principal e inmediata de realizar investigaciones es la Procuraduría General de la República”.
Por lo que comprende a lo que realiza el IFE, toda vez, que en las grabaciones que presentó el PAN se habla de que funcionarios del Registro Federal Electoral, presuntamente otorgan facilidades para el cambio de domicilio de último momento, Leonardo Valdés Zurita,  dijo que se realiza verificaciones de campo, para determinar si hay o no irregularidades atípicas.
“Lo que si debo decir es que en este momento en el estado de Veracruz se está haciendo trabajo de campo para verificar más de mil 100 cambios de domicilio, estos cambios de domicilio no se concentran en ningún municipio, se dan a todo lo largo y ancho del estado y, debo decir que en el municipio de Boca del Río y en el municipio de Veracruz no tenemos en este momento ninguna alerta para presumir que se ha realizado alguna actividad de cambio de domicilio que sea parte a las medidas estadísticas por las que se lleva a cabo este tipo de actividades. De tal suerte que estamos analizando y en el momento procesal correspondiente vamos a iniciar procedimientos si es el caso”.
Advirtió que si se encuentra alguna anomalía, el IFE procederá en contra de sus funcionarios, sin la necesidad de que intervenga la Contraloría del Instituto.
“Y por supuesto que si encontramos hay una falta de algún empleado o de algún funcionario del IFE en los términos del estatuto del Servicio Profesional Electoral y del personal administrativo iniciamos los procedimientos internos sancionadores que pueden llegar hasta la destitución del funcionario.
En esos procedimientos, de acuerdo con el estatuto no participa la Contraloría, es un procedimiento interno del Servicio Profesional Electoral y, evidentemente si encontramos más allá de la falta administrativa laboral hay un delito por supuesto que inmediatamente presentamos la denuncia”.