La Justicia brasileña informó ayer que bloqueó cuatro cuentas bancarias pertenecientes al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por presunta corrupción.
El bloqueo ya fue acatado por el Banco Central y afecta a cuatro cuentas en las que, en total, estaban depositados 606.727 reales (unos 192.002 dólares), según indicó la propia entidad. La decisión que impide a Lula hacer uso de esos fondos fue tomada por el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras, en las que fue incluido el ex presidente, condenado por corrupción y lavado de dinero a nueve años y seis meses de cárcel.
Según el tribunal, la intención de ese bloqueo es garantizar recursos para eventuales sanciones pecuniarias (pago de una multa al Estado como castigo por haber cometido un delito) que serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior. La medida fue ordenada el pasado 14. Según el portal Globo, también quedaron embargadas como medida cautelar varias propiedades de Lula, entre ellas dos autos, tres apartamentos y un terreno. El ex presidente, sin embargo, puede seguir usando esos bienes, sin venderlos, hasta que se ordene su confiscación, en caso de que se confirme su sentencia judicial.
Una de las cinco causas abiertas contra Lula en la justicia penal es por la supuesta entrega al ex mandatario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos favores políticos. Lula, quien negó todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una persecución política y judicial que tendría como objetivo impedir que postule nuevamente a la presidencia (que ejerció entre el 2003 y 2011) en las elecciones del año próximo. Sus aspiraciones, sin embargo, dependerán del fallo en segunda instancia, pues si la sentencia dictada por Moro fuera ratificada las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
La defensa de Lula ya presentó una primera apelación a la condena proferida por Moro, quien la negó esta misma semana. En esa acción, sus abogados alegaron que existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales estaban declaraciones de testigos y certificados que probarían probar que la verdadera propietaria del apartamento sigue siendo la empresa constructora. Aunque Moro sostuvo: “No existen ni omisiones, ni oscuridades ni contradicciones en la sentencia”. La sentencia será analizada por un tribunal federal con sede en la ciudad de Porto Alegre, al que deberán ser dirigidas las próximas apelaciones.
En el marco de escándalos de corrupción que sacude a Brasil, también el actual presidente, el conservador Michel Temer, fue denunciado hace poco por haberse beneficiado presuntamente de sobornos. En relación a eso, la Justicia brasileña levantó ayer el bloqueo de 800 millones de reales (unos 250 millones de dólares) de cuentas bancarias pertenecientes al empresario Joesley Batista, uno de los dueños del frigorífico JBS, que justamente involucró a Temer en un caso de corrupción al firmarlo en secreto en un encuentro que mantuvieron en la residencia del mandatario.
El juez federal Tiago Bitencourt decidió “extinguir” el efecto de la cautelar dictada por él mismo semanas atrás y que respondía a una acción popular presentada por dos ciudadanos brasileños contra el empresario. La acusación se fundamentaba en los supuestos movimientos bursátiles realizados por el grupo JBS apenas un día antes de que se conociera la confesión ante las autoridades de Batista y otros ejecutivos de la compañía, que acusaron a Temer de recibir sobornos desde el 2010, entre otras graves maniobras irregulares.
Los recursos de Joesley fueron bloqueados entonces como garantía para resarcir a la administración en caso de demostrarse que el empresario usó informaciones privilegiadas para lucrar con el terremoto que provocó en el mercado de divisas la divulgación de su testimonio. Sin embargo, el magistrado suspendió la medida porque después de decretar el embargo, el holding J&F Investimentos, que controla JBS, firmó un acuerdo por el que se comprometió a pagar una multa de 10.300 millones de reales (unos 3250 millones de dólares) por las prácticas ilícitas cometidas. En este sentido, el juez alegó que la firma del acuerdo firmado con la Fiscalía vació de contenido la acción en su mayor parte dando por resuelto el asunto.
Sobre las supuestas maniobras de Batista al comprar mil millones de dólares un día antes de destaparse el escándalo y vender una gran número de acciones de la empresa, consciente de la fuerte caída que sufrirían, el magistrado dijo que la vía adecuada para investigar esos hechos sería por medio de una acción civil pública. Además, reseñó que ese asunto ya está siendo investigado por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) debido a las sospechas de manejo de información privilegiada (insider trading) en los mercados cambiarios y bursátil.
Joesley Batista y otros ejecutivos de JBS, entre ellos su hermano Wesley, revelaron a la Justicia una amplia red de corrupción que supuestamente sobornó a políticos de todo el arco partidario, incluido Temer, a quien la Fiscalía denunció en junio pasado por un supuesto delito de corrupción pasiva. La denuncia integra una amplia investigación autorizada por la Corte Suprema contra el mandatario por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, aunque la Fiscalía aún no se pronunció sobre los dos últimos.